El secretario general de la ONU, António Guterres, condenó este viernes las sanciones impuestas por Estados Unidos contra la Corte Penal Internacional (CPI) y alertó de su impacto en la capacidad del tribunal para cumplir sus funciones, en particular en los casos remitidos por el Consejo de Seguridad y los países firmantes del Estatuto de Roma.
Guterres está «profundamente alarmado» por las consecuencias que las medidas estadounidenses pueden tener para el conjunto de la Corte, según un comunicado de su portavoz, Stéphane Dujarric.
«La decisión supone un duro golpe a nuestra búsqueda colectiva de justicia penal internacional», de la que la CPI es «un pilar fundamental», señaló el secretario general.
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Agregó que la rendición de cuentas por crímenes internacionales y la justicia para las víctimas son «esenciales para la paz, la seguridad y los derechos humanos».
El máximo responsable de Naciones Unidas reiteró su «inquebrantable apoyo» a la independencia de la Corte y sus funcionarios, e instó a todos los Estados a «cumplir sus obligaciones bajo el derecho internacional y respaldar los esfuerzos para garantizar que los responsables de los crímenes más graves rindan cuentas».
«La ONU mantiene su compromiso de cooperar con la CPI conforme al acuerdo de relación entre ambas instituciones, aprobado por la Asamblea General en septiembre de 2004», dijo.
La propia CPI rechazó hoy «firmemente» las sanciones y las calificó de ataque al Estado de derecho y a los fundamentos del orden jurídico internacional.
El tribunal, con 125 Estados miembros, advirtió de que la medida busca obstaculizar su funcionamiento.
Las sanciones contemplan restricciones sobre bienes e intereses de la Corte sujetos a la jurisdicción de Estados Unidos y sobre las transacciones con la institución, y se suman a las medidas adoptadas por la Administración del presidente estadounidense, Donald Trump, contra jueces y fiscales de la Corte.
Washington ha cuestionado especialmente las órdenes de arresto emitidas en noviembre de 2024 contra el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, y su entonces ministro de Defensa, Yoav Gallant, por presuntos crímenes de guerra y de lesa humanidad en Gaza.
Estados Unidos e Israel no son miembros de la CPI, pero el tribunal sostiene que tiene jurisdicción sobre determinados crímenes cometidos en territorios de Estados, entre ellos Palestina.
EFE
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