Los herederos de Oswaldo Cisneros, el que fue uno de los hombres más ricos de Venezuela, recibieron una noticia extraña el pasado mes de abril: había gente recorriendo sus campos petroleros en la Faja del Orinoco. Ellos seguían siendo, sobre el papel, los explotadores legítimos, pero pronto se dieron cuenta de que, mientras aquellas visitas ocurrían sin mucho disimulo, se estaba gestando la fórmula para arrebatárselos.
Los visitantes eran representantes de Pacific Coast Energy Company (PCEC), una empresa californiana casi desconocida del multimillonario belga de origen pakistaní Alshair Fiyaz y su socio Klaus Hasbo, el consejero delegado de la compañía. Los herederos de Cisneros no tardaron en entender qué buscaban: su negocio, el 40% de Petrodelta, la empresa mixta que explota esos campos junto a PDVSA, la petrolera estatal que ostenta el 60%. En un intento desesperado de frenar lo inevitable, escribieron a Pacific Coast advirtiéndole de que esos yacimientos ya tenían dueño, pero no sirvió de mucho.
ADVERTISEMENT
Lo que ocurrió después, plasmado en expedientes de miles de páginas, documentos y comunicados, es una de las operaciones de reasignación de activos petroleros más opacas de la Venezuela sin Nicolás Maduro. Una en la que lobistas oficiales y extraoficiales de Washington han hecho de intermediarios para que inversores multimillonarios se hiciesen con yacimientos de petróleo, aunque ya tuviesen quien los explotara. Este caso, además, tiene un beneficiario, Pacific Coast Energy, que llegó de la mano de Alejandro Betancourt, según reportó Bloomberg, el hombre del momento, la llave maestra que facilitó un acuerdo por el que Washington tendrá acceso a reservas de crudo valoradas en 65.000 millones de dólares.
“Simplemente nos quitaron los activos y desaparecieron. Nadie contesta el teléfono”, lamenta Silvestre Tovar Leopardi, director de DP Delta Finance, la compañía de origen holandés con la que los Cisneros participaban en Petrodelta. “Ya sucedía con el chavismo de la forma que sabemos que sucedía, y está sucediendo igual o peor en esta nueva etapa”.
Quien está detrás de Pacific Coast es Alshair Fiyaz, un multimillonario propietario de grandes almacenes y clubes privados en Saint-Tropez, que invierte hace años en petróleo a través de una red de sociedades de inversión. Antes en Nigeria, ahora en Venezuela. Fiyaz, dueño de un yate valorado en unos 75 millones de dólares con dos helipuertos, llevaba al menos desde febrero, apenas un mes después de la captura de Nicolás Maduro, con el ojo puesto en las oportunidades que se abrían en el país sudamericano.
El 21 de mayo, semanas después de aquellas visitas, una carta de una dirección general del Ministerio de Hidrocarburos hizo sudar frío a los directivos de la petrolera venezolana. Con la misiva, se abría un proceso administrativo sancionatorio por no cumplir los compromisos de inversión y actividad de su plan de negocio. Les amenazaban con revocar su participación en los campos.
Solo cinco días después de abrirse ese expediente, Pacific Coast firmaba ese y otros cinco contratos más para explorar 12 campos en total, según documentación oficial.
Petrodelta tenía derechos de explotación en esos yacimientos hasta 2042, pero 40 días después de aquella carta se enteraban de que el caso ya estaba resuelto. Sin que el procedimiento hubiera concluido, PDVSA notificó a Hasbo que a partir del 1 de julio entraba en vigor un nuevo contrato para explorar esos seis yacimientos, según la documentación a la que tuvo acceso EL PAÍS. Mientras los Cisneros batallaban administrativamente, su empresa tenía nuevo dueño. “Tienes un procedimiento donde te dicen que te quitan los yacimientos y a los pocos días hay una reversión de todos los activos: pasan al ministerio y el ministerio se lo da a esta gente”, denuncia Silvestre.
Ni PDVSA ni Pacific Coast Energy han respondido a las cuestiones enviadas por EL PAÍS.
Oswaldo Cisneros Fajardo, dueño de fortunas en telefonía celular y bebidas gaseosas, compró Petrodelta en 2016 apostando a que el chavismo le garantizaría lo que a otros petroleros en Venezuela se les había negado: que le pagaran. No fue así. Según Silvestre, PDVSA dejó de pagar dividendos desde 2010 y, según el comunicado que Delta Finance emitió el 15 de agosto, la empresa produjo desde entonces más de 136 millones de barriles sin que recibieran un solo pago. La empresa calcula el daño patrimonial sufrido en más de 2.000 millones de dólares.
“No hay accionista B, minoritario, que no haya incumplido su contrato, porque el accionista A, PDVSA, lo incumplió diez veces más”, sostiene Francisco Monaldi, director del Latin America Energy Program del Instituto Baker y uno de los grandes expertos del sector petrolero venezolano. “Que se lo quiten a unos y no a otros te indica que hay una clara discriminación”. Tovar asegura que el suyo podría ser “el caso más emblemático”, desde el punto de vista del daño a la seguridad jurídica. “Es que nuestra operación estaba funcionando”, dice.
¿Por qué exigirle a un socio que cumpla cuando el propio Estado nunca cumplió con pagarle? Es uno de los argumentos que DP Delta Finance presentó ante el Ministerio el 4 de junio: aplicar el incumplimiento de manera selectiva contra uno solo de los socios —mientras se premia a otro con el mismo activo— apunta a una decisión política. La empresa sostiene que no se le exige el mismo estándar a otras mixtas, pese a que la caída de la producción petrolera venezolana es “un hecho público notorio”.
Petrodelta no es un caso aislado. Suelopetrol, otra empresa privada con participación en la mixta Petrocabimas, denunció públicamente no haber sido notificada de una reasignación similar sobre su parte del proyecto. En 2014 se le habían cedido cuatro campos petroleros en Zulia explotables por 25 años, por lo que aún tendrían derechos hasta 2039. El 1% que tenían en Petroindependencia pasó a Chevron con los nuevos acuerdos y por estas acciones también mantienen un reclamo. China, con participación en varios bloques, también ha reclamado que sus derechos sean respetados en medio de la nueva repartición del mapa petrolero. Pero el secretario de Energía estadounidense, Chris Wright, ya avisó tras su última visita al país: China no podrá reclamar ingresos de la nueva producción petrolera para saldar deudas pasadas.
Pacific Coast Energy Company no es, para quienes conocen el sector, un actor obvio para operar campos con reservas de 1.000 millones de barriles. Está especializada en campos maduros, pero hay dudas sobre su capacidad. “Es una empresa casi fantasma”, describe una fuente del sector. “No tiene ninguna capacidad, produce prácticamente nada. Todo indica que hay alguien mucho más poderoso detrás”. Explota cerca de 13.700 barriles al día en 208 pozos, según MineralAnswers.com —algo más del doble de lo que venía produciendo Petrodelta.
Pero Pacific Coast contó con un padrino de excepción: Alejandro Betancourt, investigado en España y Suiza por blanqueo de dinero, que ha estado “trabajando para facilitar” la estrategia estadounidense de identificar activos energéticos venezolanos para inversionistas. Entre ellos figura Pacific Coast Energy, según Bloomberg. Fuentes del sector aseguran que la empresa también contó con el apoyo de Mauricio Claver-Carone, hasta hace poco emisario informal de Estados Unidos en Venezuela —el mismo que reveló que el papel de Betancourt había sido de una ayuda “inestimable” para Washington.
Nuevo mapa petrolero
La reasignación de los campos de Petrodelta es una pieza más de la reconfiguración petrolera marcada por los intereses de Washington, que ha convertido a Betancourt en el interlocutor central de una nueva generación de contratos fuera del esquema clásico de empresa mixta: los Contratos de Participación Productiva de Hidrocarburos (CPPH). Betancourt se impuso en el nuevo tablero ofreciendo a Washington condiciones que el propio Estado venezolano no puede legalmente garantizar: cien años de concesión —frente al límite legal de 25 que regía para las mixtas—, mayoría accionaria propia y crudo vendido a Estados Unidos a precio de costo.
La opacidad no es exclusiva de este caso, sino una marca de la casa que ahora vuelve a ser más evidente. Fuentes que han participado en negociaciones de nuevos contratos en Caracas describen procesos “totalmente opacos”, sin licitación pública, en los que un inversionista propone un campo y el Ministerio le ofrece otro sin que quede claro quién más está negociando ni con qué información. Es, señalan, lo opuesto al procedimiento seguido en cualquier otro país productor de la región. “Aquí no hay seguridad jurídica”, resume Tovar. “Esto es un abuso evidente”.
La propia reforma de la Ley de Hidrocarburos, aprobada a toda prisa tras la intervención militar del 3 de enero contra Maduro, prometía acabar con esa discrecionalidad del Estado que ha espantado a las grandes petroleras en los últimos años. Pero la pregunta de estos días sobre esta nueva era de inversión en Venezuela es si el criterio para decidir quién gana y quién pierde en esta reconfiguración del sector es la ley o es el acceso.
Si quieres recibir en tu celular esta y otras informaciones descarga Telegram, ingresa al link https://t.me/albertorodnews y dale click a +Unirme.
Deja una respuesta