El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) solicitó este miércoles la derogación total de la Ley Constitucional contra el Odio, tras advertir ante la Asamblea Nacional que el proyecto de reforma parcial mantiene mecanismos de control administrativo y sanciones económicas que amenazan el ejercicio del periodismo y la libertad de expresión en el país.
Durante la consulta pública realizada en el Palacio Federal Legislativo, en la que participó junto a organizaciones de la Alianza por la Libertad de Expresión, el gremio señaló que aunque la reforma elimina las penas de prisión, conserva categorías sancionables ambiguas y amplias facultades para el Poder Ejecutivo.
El sindicato recordó que, hasta enero de 2026, contabilizó 40 trabajadores de la prensa detenidos o judicializados, de los cuales el 70 % (28 casos) enfrentaron cargos vinculados a esta normativa. Más allá de los procesos penales, la organización alertó que el temor a represalias fomenta la autocensura, frena investigaciones sobre corrupción y silencia a las fuentes informativas.
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El gremio criticó en específico el artículo 4, el cual establece conceptos subjetivos como «temor», «angustia» o «zozobra», lo que abre la puerta para castigar denuncias contra autoridades públicas sin que las excepciones periodísticas cubran todas las conductas sancionables.
También alertó sobre el artículo 21 que impone sanciones económicas de entre 500 y 10.000 veces el tipo de cambio oficial, además de hasta 600 horas de trabajo comunitario, medidas capaces de comprometer el patrimonio de reporteros independientes y la operatividad de los medios.
El artículo 24 otorga al ministerio con competencia en justicia la facultad de investigar y sancionar expresiones públicas, incluso críticas al propio Gobierno. Asimismo, los artículos 13, 15 y 23 obligan a difundir contenidos oficiales durante 30 minutos semanales y a retirar mensajes en plataformas digitales de forma inmediata, afectando la autonomía editorial.
La reforma de la Ley contra el Odio conserva amplias facultades del Ejecutivo para sancionar expresiones y controlar medios de comunicación.
Este #11Nov, en la consulta pública de la Asamblea Nacional, el SNTP exigió su derogación total.
https://t.co/GlbmIon7PJ— SNTP (@sntpvenezuela) November 12, 2026
La organización gremial sostuvo que esta ley es innecesaria porque el ordenamiento jurídico venezolano ya castiga la discriminación y la instigación al odio mediante el artículo 285 del Código Penal y normativas especiales contra la violencia de género y la discriminación racial. En su lugar, propuso aplicar políticas educativas y apegarse a estándares internacionales como el Plan de Acción de Rabat de la ONU.
Finalmente, el SNTP criticó que el texto legislativo no incluye mecanismos para revisar las causas judiciales, eliminar antecedentes ni reparar a las víctimas tras nueve años de vigencia de la ley. El sindicato concluyó que una verdadera convivencia democrática exige anular por completo este instrumento legal para garantizar el derecho a informar y el debate público sin persecuciones.
Con información de SNTP
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