Un informe de la firma financiera Barclays publicado el 9 de noviembre advierte que el margen de tiempo para renegociar la deuda externa de Venezuela se está reduciendo debido a los tiempos políticos y a la falta de presentación del análisis de sostenibilidad de la deuda (DSA), que sigue pendiente casi seis meses después de haber sido anunciado como una prioridad urgente por el gobierno encargado.
De acuerdo con el documento, el proceso financiero está sujeto a una hoja de ruta respaldada por el Departamento de Estado de Estados Unidos, la cual contempla renovar el Tribunal Supremo de Justicia antes de finalizar 2026 y el Consejo Nacional Electoral en el primer trimestre de 2027, paso previo para declarar la falta absoluta presidencial y convocar a elecciones generales en el segundo semestre de ese año.
Ante este escenario, el Ejecutivo encargado pasaría a tener un rol meramente de transición, con menor margen político para asumir compromisos financieros a largo plazo. Por ello, Barclays proyecta que será la próxima administración elegida en las urnas la que finalmente cierre las negociaciones con los acreedores.
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A este panorama se suma el nuevo escenario en Washington, donde el control demócrata en ambas cámaras del Congreso ha incrementado la vigilancia sobre la transparencia electoral en Venezuela —respaldando la reciente visita de María Corina Machado al país— y sobre los convenios petroleros bilaterales, como la concesión a largo plazo otorgada a Nabep.
Los analistas de Barclays señalan que forzar un acuerdo rápido antes de los comicios podría resultar contraproducente, ya que llevaría al Estado a aceptar condiciones desfavorables que comprometerían su capacidad de pago futura y elevarían el riesgo de caer nuevamente en cesación de pagos. Esta incertidumbre ya golpea a los mercados: los bonos de la República y de Pdvsa acumulan caídas de entre 6 y 7 puntos porcentuales durante el último mes.
En el plano interno, la publicación del marco técnico del DSA continúa demorada tras los sismos registrados a inicios de año, lo que, sumado a la escasez de cifras oficiales, obliga a actuar con cautela. Aunque la entidad prevé una expansión económica de alrededor del 6 % en 2026 y cercana al 10 % en 2027, advierte que la recuperación petrolera empieza a desacelerarse, proyectando un incremento de 250.000 barriles diarios en los próximos doce meses para rondar la meta de 1,4 millones de barriles.
El informe concluye que la crisis del sistema eléctrico sigue siendo el principal cuello de botella para la economía. Aunque el Estado arrendó dos barcazas de generación flotante a la empresa turca Karpowership para sumar 200 megavatios temporales en el estado Zulia, los expertos consideran que se trata solo de una medida paliativa. En consecuencia, una porción importante de los nuevos ingresos petroleros deberá destinarse primero a recuperar la infraestructura eléctrica antes de poder utilizarse para honrar los compromisos de la deuda externa.
con información de Descifrado y Finanzas Digital
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