Sin prever la llegada de un bluenami, como se ha bautizado la amplia victoria demócrata en las elecciones de medio mandato, el presidente Donald Trump pasó semanas atizando su retórica antiinmigrante en decenas de mítines para respaldar a los candidatos republicanos. “No habrá una amnistía para los ilegales”, repitió una y otra vez, mientras culpaba a los indocumentados de la inseguridad en las ciudades estadounidenses y de tantos otros problemas, afirmaciones que han sido desmentidas por múltiples estudios e informes.
Pero el discurso del inquilino de la Casa Blanca comenzó a moderarse mientras, como millones de estadounidenses, observaba por televisión cómo se configuraba un nuevo escenario político: los demócratas arrasaban en las urnas, se encaminaban a tomar el control del Congreso y conquistaban las gubernaturas de Estados clave, como Texas. Una de las primeras reacciones del mandatario fue darle un tono conciliador al tema que tanto había satanizado y dijo estar dispuesto a sentarse a negociar con los demócratas. “Podemos trabajar con ellos en inmigración, creo. La inmigración es un asunto importante”, expresó en una entrevista con FOX News al día siguiente de esos comicios adversos.
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Activistas que llevan décadas marchando y abogando por una reforma migratoria consideran que, ahora que los demócratas han ganado el control del Congreso, se presenta una oportunidad de oro para retomar ese debate. En reuniones y charlas tras los comicios del martes, han comenzado a plantear la necesidad de volver a las calles para exigir el fin de las redadas y la legalización de más de 10 millones de indocumentados que la Administración de Trump ha perseguido incansablemente desde mediados de 2025. Consideran que el presidente, golpeado por los resultados electorales y con menos respaldo en ambas cámaras, podría estar dispuesto a ceder.
“Ganó la ola azul, ¿qué sigue para los migrantes? Que los demócratas no nos dejen atrás y que no se repita lo que ocurrió con (el presidente) Barack Obama, cuando dijo que dejaría la reforma migratoria para su segundo mandato y no la aprobó”, dice Francisco Moreno, director ejecutivo del Consejo de Federaciones Mexicanas en Norteamérica (COFEM). “No veo a un Trump decidido a hacerlo, pero quizá se pueda lograr”, agrega el activista.
La ola azul de los demócratas ha sacudido al Gobierno de Trump cuando se acerca el 40 aniversario de un acontecimiento que marcó un antes y un después para la comunidad migrante de Estados Unidos: la amnistía concedida a millones de indocumentados en 1986 por el presidente republicano Ronald Reagan.
A lo largo de cuatro décadas, mucho ha cambiado en la forma de gobernar entre mandatarios del mismo partido y de reconocer las aportaciones de una población que contribuye con 1.600 millones de dólares al producto interno bruto (PIB) del país. De abrir la puerta a la regularización de casi tres millones de personas para que pudieran vivir y trabajar en paz, se pasó a una era oscura de redadas y deportaciones masivas, marcada incluso por la muerte de migrantes y ciudadanos estadounidenses durante violentos operativos federales.
Los beneficios de la Amnistía del 86
El 6 de noviembre de 1986, cuando soplaban otros vientos en la Casa Blanca, Reagan firmó la llamada Ley de Reforma y Control de la Inmigración (IRCA, por sus siglas en inglés), que otorgó estatus legal y abrió el camino hacia la residencia permanente —y posteriormente a la ciudadanía— a los indocumentados que habían vivido de manera continua en Estados Unidos desde antes del 1 de enero de 1982. Los migrantes de origen mexicano, que siguen siendo el grupo más grande, fueron los más beneficiados.
Durante un debate presidencial en 1984, Reagan ya había anticipado su postura y defendido la regularización de quienes vivían en las sombras. “Creo en la idea de conceder una amnistía a quienes han echado raíces y han vivido aquí, aunque hace algún tiempo hayan ingresado ilegalmente”, dijo entonces.
“Ronald Reagan hizo algo muy inteligente al apoyar la reforma migratoria”, asegura Raúl Hinojosa, profesor de estudios chicanos de la Universidad de California en Los Ángeles (UCLA, por sus siglas en inglés). “Porque él era de California y en ese momento entendía que su base política en California eran los granjeros, quienes necesitaban la mano de obra de los migrantes”, agrega.
Diversos estudios concluyen que los migrantes que se acogieron a la amnistía de Reagan mejoraron sus ingresos y elevaron su nivel educativo. Uno de esos análisis encontró que, para 1992, seis años después de la reforma migratoria, los ingresos de los trabajadores que habían obtenido la legalización habían aumentado en promedio un 15%. Las mujeres fueron las más beneficiadas, con un incremento del 21%. Además, cuatro de cada diez mexicanos que obtuvieron la residencia permanente o una green card consiguieron empleos mejor remunerados.
“Esa iniciativa ayudó a la economía de Estados Unidos más que cualquier otra decisión política en los últimos 40 años. Porque abrió la posibilidad de que millones de personas produjeran más, ganaran más, compraran casas, hicieran negocios, mandaran a sus hijos a la universidad. Fue una revolución en la vida de esas familias”, sostiene Hinojosa. “El problema es que, actualmente, Donald Trump decidió usar el tema antiinmigrante por su propio beneficio político. No porque fuera algo que beneficiara al país, ni porque ayudara a la gente que votó por él”, señala al comparar la actual Administración con la de Reagan.
Lo que comenzó con una frase de campaña en 2015, cuando Trump afirmó que México enviaba narcotraficantes, violadores y criminales a Estados Unidos, fue escalando hasta desembocar en un segundo mandato en el que no ha dado tregua en su empeño por hacerles la vida tan difícil a los migrantes que terminen deportándose por cuenta propia. En muchos casos, su estrategia ha surtido efecto mediante constantes y agresivos operativos migratorios. Solo durante el primer año del segundo mandato de Trump, casi 400.000 personas fueron detenidas por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés).
La persecución continúa pese a las afectaciones que ha provocado en sectores económicos que dependen en buena medida de esta mano de obra, como la agricultura, la construcción y la hostelería.
“Vienen del Congo, de Venezuela, de todas partes del mundo… Los sacan de sus prisiones y los envían a nuestro país. Los liberan de instituciones mentales”, dijo el presidente durante un mitin en Ohio la semana pasada, en otra de sus afirmaciones falsas, recibida con aplausos por sus simpatizantes.
En una muestra del voluble Gobierno de Trump, uno de sus funcionarios enviaba, un día después de las midterms, un mensaje en el que dejaba claro que seguiría la política de mano dura. “Las deportaciones continuarán”, advirtió Markwayne Mullin, secretario de Seguridad Nacional, encargado de aplicar la agenda migratoria, en su cuenta de X.
Juan José Gutiérrez, director de la Coalición Derechos Plenos para Inmigrantes, también lamenta el giro que ha dado la política migratoria al comparar las medidas adoptadas por los gobiernos de Reagan y Trump. “El contraste nos muestra que este país, que era admirado y servía de ejemplo de cómo funcionaba una democracia, ha retrocedido y ahora está cerrado a la migración”, afirma.
“Sí hay bases para otra amnistía”
Francisco Moreno, dirigente del COFEM, con sede en Los Ángeles, considera que el debate en favor de un alivio migratorio podría partir del proyecto legislativo H.R. 4393, conocido como Ley de Dignidad (Dignity Act), presentado en julio de 2025 por las congresistas María Elvira Salazar, republicana por Florida, y Verónica Escobar, demócrata por Texas. Esta última fue reelegida en los comicios del martes, mientras que Salazar sigue a la espera de los resultados de una cerrada contienda en Miami.
La iniciativa propone que los indocumentados que hayan permanecido en Estados Unidos desde antes del 31 de diciembre de 2020 puedan solicitar protección contra la deportación, un permiso de trabajo y autorización para viajar. El estatus tendría una vigencia de siete años y podría renovarse indefinidamente, pero tendría un costo de 7.000 dólares y no ofrecería una vía hacia la residencia permanente. También excluiría a quienes hayan cometido determinados delitos, incluidos algunos menores.
“Sí hay bases para otra amnistía”, sostiene Moreno. “Independientemente de lo voluble que sea el presidente, creo que este es el momento de empezar a actuar. Una cosa es que el país se haya pintado de azul y que, en teoría, los demócratas sean más progresistas en la manera de ver a los migrantes y sean nuestros aliados; pero podemos lograr que ese respaldo tenga repercusiones en el Congreso. El panorama ideal es ahora”, asegura este líder comunitario.
Moreno, de 66 años, es uno de los beneficiarios de la amnistía de Reagan. Nació en el estado mexicano de Michoacán y tenía 20 años cuando llegó de visita a Estados Unidos y decidió quedarse, en 1980. Dejó en suspenso su formación como abogado y comenzó a trabajar en una compañía de limpieza en Los Ángeles. Había llegado persiguiendo el sueño de convertirse en actor de Hollywood, pero terminó construyendo otra carrera: la del activismo.
En su oficina conserva una colección de recuerdos de las marchas en las que ha participado. Entre ellos destaca una pancarta de la histórica manifestación del 25 de marzo de 2006, en la que, según las estimaciones, participaron alrededor de un millón de personas para exigir en las calles del centro de Los Ángeles que se frenara una iniciativa legislativa que pretendía criminalizar a los indocumentados y a quienes los ayudaran. Se trataba de la polémica H.R. 4437, impulsada por el congresista republicano James Sensenbrenner, que desató una de las mayores olas de indignación y protestas sociales en la historia reciente del país. “¡Sí familias unidas! ¡No a la criminalización!”, se lee en la pancarta, ahora amarillenta por el paso del tiempo.
“Uno de mis pilares ha sido la lucha por una reforma migratoria, porque creo que, así como yo logré legalizar mi situación en este país, muchas otras personas deberían tener esa oportunidad y vivir tranquilas con sus familias”, dice Moreno. “Lo peor de todo es el miedo. ‘A ver cómo sale este presidente’, ‘a ver cómo sale este gobernador’, ‘a ver si no nos empieza a atacar’. Porque ha habido todo tipo de políticos en los últimos 40 años, pero no ha pasado nada”, lamenta.
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