Una publicación en Instagram del periodista Alberto Rodríguez (AlbertoNews) reportó este viernes que la administración de Donald Trump anunció nuevas sanciones contra la Corte Penal Internacional (CPI), en lo que describe como parte de una estrategia para desmantelar el tribunal. La información, basada en declaraciones atribuidas al secretario de Estado Marco Rubio y al Departamento de Estado, no fue corroborada de inmediato por medios independientes.
De acuerdo con ese reporte, el anuncio se produjo horas después de conocerse que el Premio Nobel de la Paz recayó en Navi Pillay, exjueza sudafricana de la CPI. El texto señala que Washington ha sancionado a 17 personas hasta la fecha y que este viernes sumó medidas adicionales para defender la soberanía estadounidense y neutralizar la amenaza que, según Rubio, representa la corte.
En un video difundido por redes sociales, Rubio afirmó que Estados Unidos nunca se adhirió a la CPI: «No la necesitamos. Y no la queremos». Sostuvo que durante décadas republicanos y demócratas rechazaron que la corte pudiera enjuiciar a ciudadanos estadounidenses, militares en servicio activo o líderes políticos. También advirtió que prohibirán transacciones con el tribunal para cortar sus recursos y paralizar su capacidad de acción.
La publicación indica que el Departamento del Tesoro está emitiendo un conjunto de licencias generales para autorizar ciertas transacciones relacionadas con la CPI que protejan intereses de Estados Unidos. Rubio rechazó el enjuiciamiento de militares, agentes de la Patrulla Fronteriza y funcionarios electos, y aseguró que Trump no permitirá que la CPI procese a ciudadanos estadounidenses.
Pese a las sanciones, el secretario de Estado dijo confiar en una solución diplomática. Además, según el reporte, expresó la determinación de continuar una campaña para «desmantelar la CPI ladrillo a ladrillo, hasta que los estadounidenses dejen de sentirse amenazados». «Nuestro mensaje es claro: Estados Unidos y su pueblo no están sujetos a la jurisdicción de la CPI», agregó, antes de sentenciar: «o la CPI cesa sus amenazas, o nosotros acabaremos con la CPI».
Para Venezuela, la arremetida contra la CPI tiene relevancia directa: el país es Estado parte del Estatuto de Roma y la corte mantiene una investigación abierta por presuntos crímenes de lesa humanidad, un expediente que sigue bajo escrutinio internacional y que ha sido objeto de tensiones políticas.
Con información de www.instagram.com. Fuente original.
Deja una respuesta