Ante la escalada de violencia que azota las regiones limítrofes del país, FundaRedes alertó este domingo sobre la grave situación de zozobra e inseguridad que experimentan cotidianamente los habitantes de las zonas fronterizas. La organización documentó de forma sistemática nuevos enfrentamientos y presuntos bombardeos que confirman la profunda crisis de soberanía y protección que padece la frontera.
Javier Tarazona, director de FundaRedes, señaló que los hechos más recientes se concentran en el sector Buenavista del Meta (estado Apure), donde se habría originado un bombardeo contra campamentos de la guerrilla colombiana del ELN, así como diversos choques armados en el estado Bolívar, específicamente en Los Pijiguaos, El Paso del Burro y las periferias de los ríos Meta y Orinoco.
Para la organización, esta realidad corrobora los años de denuncias sobre la presencia de grupos armados irregulares de origen colombiano operando a sus anchas en territorio venezolano.
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Opacidad institucional y reclamo de transparencia
FundaRedes exigió al Estado que cese la opacidad informativa ante los hechos violentos recientes. Tarazona recalcó que la ciudadanía y los familiares de las víctimas tienen el derecho absoluto de conocer el número real de fallecidos y la magnitud de las operaciones castrenses desplegadas.
Hasta el momento, los activistas de la organización han podido corroborar el traslado de nueve cadáveres hacia San Fernando de Apure, a la espera de que se recuperen más cuerpos de las víctimas mortales que ha dejado este conflicto en territorio nacional.
Durante su pronunciamiento, el director de FundaRedes enfatizó que la frontera exige con urgencia una política pública fronteriza integral.
«Hoy en la frontera venezolana no tenemos presencia de una política en materia de educación, en materia de seguridad, en materia de salud; sencillamente impera el caos, es un territorio de nadie», aseveró Tarazona.
Frente a este escenario de abandono institucional prolongado por años, los hombres y mujeres de la frontera levantaron su voz para exigir ser tomados en cuenta de manera prioritaria en la agenda nacional y que se garanticen condiciones de vida dignas y seguras en la región.
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