La defensora del Pueblo, Eglée González, sostuvo un encuentro con integrantes del Comité Nacional de Familias de Venezuela «Allí Hay Libertad», quienes representaron a más de 1.300 personas que se encuentran detenidas por distintas causas.
La información fue dada a conocer por la Defensoría del Pueblo, que detalló que el grupo abogó por los privados de libertad en 13 estados del país, al exponer sus «preocupaciones sobre las condiciones de reclusión y posibles vulneraciones de los derechos de sus familiares».
En la jornada, los integrantes manifestaron su interés en participar en la Consulta Nacional sobre la Reforma de la Justicia Penal y solicitaron espacios de trabajo con las instituciones competentes para abordar el «cumplimiento del debido proceso y el seguimiento de los casos».
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Asimismo, pidieron la intervención de la institución para «promover condiciones adecuadas en los centros penitenciarios, atención médica oportuna y un trato respetuoso hacia los familiares durante las visitas y gestiones ante las autoridades».
Por su parte, González señaló que las peticiones serán evaluadas para «orientar las actuaciones defensoriales y la articulación con las autoridades competentes», con énfasis en la «protección de la salud, el debido proceso y el seguimiento de las situaciones planteadas».
La defensora también destacó la importancia de incorporar las experiencias de las familias a la consulta sobre la reforma de la justicia penal.
El encuentro forma parte de una agenda de trabajo, que incluye encuentros con diferentes sectores, que lleva a cabo la Defensoría del Pueblo para promover la consulta y reforma del sistema de justicia penal en Venezuela.
Esta reforma fue instruida por la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, quien encabezó la instalación de la Comisión Nacional que revisaría este tema con el objetivo de «evaluar y proponer cambios estructurales en el acceso a la justicia, su celeridad e imparcialidad».
En ese momento, Rodríguez explicó que la comisión tendrá como tarea central impulsar una consulta nacional sobre la reforma del sistema de justicia penal, con énfasis en garantizar un acceso “oportuno, imparcial y sin discriminación”, al considerar que persisten fallas estructurales en el sistema.
En este sentido, insistió en que la consulta no se limitará a expertos o instituciones, sino que incluirá a la población en general para conocer su percepción sobre el sistema de justicia.
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