La abogada, Naremi Silva, explicó que luego de cumplirse dos meses del doble terremoto del pasado 24 de junio, han realizado diversas asesorías jurídicas a las familias afectadas en La Guaira, con el fin de orientarlas sobre los parámetros que realiza el Estado ante las demoliciones.
«Hemos estado desde julio a lo largo y ancho de La Guaira. Comenzamos en Playa Grande y hemos estado hasta en Tanaguarenas, dándole asesoría jurídica a todas las víctimas que más lo han necesitado. Hemos visto demasiadas inquietudes, como el tema del derecho a la propiedad, casos de Lopna, niños en situación de vulnerabilidad hasta derechos laborales; porque hay personas que están siendo despedidas despúes del terremoto e inclusive, han sido obligadas a renunciar», detalló.
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Asimismo, la jurista señaló que no se pueden realizar demoliciones hasta que no se cumplan las fases técnicas que diagnostiquen un proceso como este en las estructuras.
«Nadie los puede obligar a irse, legalmente no, porque iría contra los derechos fundamentales de los ciudadanos. Lo que debería hacer (Estado) es ayudar a cada ciudadano para poder reconstruir su vida en La Guaira», dijo.
En entrevista concedida a Vanessa Davies para el programa La Frecuencia de Hoy de Unión Radio, Silva resaltó que hasta los momentos el gobierno ha otorgado ciertos créditos a las personas afectadas, pero aún no se concreta el tema de otorgar indemnizaciones.
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