“Tenía solo 18 años cuando me secuestraron, me vendieron a Estados Unidos y me llevaron a uno de los agujeros negros de la CIA. Me torturaron durante meses. Luego me llevaron a Guantánamo, donde pasé cerca de quince años sin cargos ni juicio. Lo que se me hizo no fue una aberración. Eran órdenes”. Mansur Adayfi, antiguo prisionero en la cárcel de la base naval estadounidense en Guantánamo y activista de la organización CAGE International, se dirigía así en junio pasado a un panel de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE) en Viena.
Adayfi fue puesto en libertad sin ningún tipo de cargos tres lustros después de su captura. Otros 15 reos continúan aún en las celdas. La cárcel sinónimo del horror y de los abusos y tortura más siniestros de la guerra contra el terrorismo que Estados Unidos declaró tras los atentados del 11 de septiembre de 2001, hace 25 años, sigue abierta y sin visos de cierre, pese a numerosos intentos de ello en el pasado. El futuro de la quincena de presos que aún quedan es igual de incierto. Mientras tanto, la justicia para las víctimas del 11-S no llega: en agosto se fijó finalmente la fecha del 5 de junio de 2028 para juzgar al reo más célebre de la penitenciaría, Khalid Sheikh Mohamed, conocido como KSM, el presunto autor intelectual de aquellas matanzas y detenido allí desde 2006, pero aún no hay certeza de que ese plazo se vaya a cumplir.
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La cárcel de Guantánamo, y los abusos que se perpetraron en ella, nacieron de malos padres: la prisa, la ira y el miedo. Estados Unidos acababa de descubrir, con pánico, que podía ser víctima de masacres terroristas impensables, temía nuevos golpes inminentes tan graves o peores como los perpetrados en Nueva York, Washington y en un campo en Pensilvania, y se sentía ansioso de venganza. El entonces presidente George W. Bush ordenó crear una prisión para alojar a terroristas “combatientes enemigos”, sin la obligación de ofrecerles ni las garantías de las Convenciones de Ginebra para los soldados capturados ni aquellas a las que tendrían derecho como prisioneros en suelo estadounidense (una dudosa teoría legal que el Tribunal Supremo acabó echando por tierra años después). El peculiar estatus de la base naval, en suelo de soberanía cubana pero bajo control militar de Estados Unidos, un territorio extranjero y aislado pero lo suficientemente cercano como para permitir traslados rápidos desde EE UU, hizo que se decidiera establecer la penitenciaría allí.
Hasta 779 varones musulmanes de variopintas nacionalidades llegaron a ser capturados y trasladados en secreto, encapuchados y esposados, a esta cárcel. La inmensa mayoría de los internos allí llegados no tenía nada que ver con el 11-S, la red Al Qaeda o el terrorismo islámico. Muchos habían sido vendidos por un puñado de dólares a la CIA, que prometía en panfletos repartidos en la zona fronteriza entre Afganistán y Pakistán “riqueza y poder como nunca han soñado” para quienes entregaran a supuestos miembros de Al Qaeda o el movimiento talibán. Nadie se molestó en hacer muchas comprobaciones: había prisa por encontrar supuestos criminales y demostrar al público que se hacían progresos en la guerra contra el terrorismo.
“Serán tratados humanamente”, había prometido Bush. No fue así. Cada preso, según el informe de la relatoría especial de la ONU para los derechos humanos en 2023 sobre la prisión de Guantánamo —y como corroboraba Adayfi en la sesión de la OSCE— “vivió o vive sus propias experiencias indelebles de trauma psicológico y físico tras soportar profundos abusos de sus derechos humanos”.
Los primeros presos empezaron a llegar en 2002. Su primer alojamiento fue el campo Rayos X, levantado a toda prisa en una esquina de la base. Una sucesión de jaulas de dos por dos metros, a cielo abierto, con nada más que dos cubos —uno para el agua, otro para las necesidades— como mobiliario, que se utilizó durante cuatro meses hasta que las instalaciones carcelarias estuvieron listas. Al cargo de los detenidos quedaron interrogadores mal adiestrados para ese tipo de tareas, bajo enorme presión para descubrir y desarticular posibles tramas y furiosos por la muerte de sus conciudadanos.
El resultado fue un uso generalizado de la tortura. Simulación de ahogamientos, golpizas, privación extrema de sueño, violaciones anales. En el verano de 2002 se había generalizado una cultura del maltrato que incluía el uso de perros para intimidar, posiciones dolorosas forzadas, interrupción del sueño. Sin que, que se sepa, sirviera para nada.
En 2014, el senador y ex candidato presidencial republicano John McCain, él mismo prisionero de guerra torturado durante la guerra de Vietnam, declaraba sobre esos métodos: “Mancharon nuestro honor nacional, hicieron mucho daño y sirvieron para poco… sé por experiencia personal que el abuso de los prisioneros obtiene más mentiras que información fiable. Las víctimas de la tortura ofrecen información equívoca si piensan que sus captores se la van a creer. Dirán lo que creen que sus torturadores quieren oír si piensan que con eso dejarán de sufrir”.
Las denuncias sobre lo que ocurría en esas celdas precipitaron las promesas de cierre. El entonces candidato presidencial Barack Obama anunció en 2008 que clausurarla sería la primera medida de su mandato. No lo consiguió nunca. Tampoco el siguiente presidente demócrata, Joe Biden. La gran mayoría de los reos ha ido quedando en libertad después de años sin que se les presentaran cargos alguno en su contra en las comisiones militares, los tribunales castrenses creados específicamente para juzgar a los reos en Guantánamo.
En la actualidad, 800 soldados y personal civil trabajan en lo que se considera la cárcel más cara del mundo, con una proporción de 50 empleados por cada uno de los quince presos, entre los 46 y los 54 años, que aún quedan en diversas modalidades de limbo jurídico. Dos de los reos han sido condenados y cumplen su condena en la base. Tres están catalogados como “combatientes enemigos” y se les apoda “los prisioneros eternos”: no se les llevará a juicio ni Estados Unidos les quiere liberar, aunque su estatus está sometido a revisiones periódicas. Tres han recibido autorización para ser trasladados a un tercer país; la Administración de Trump, que ha firmado diversos acuerdos para deportar a lugares lejanos a inmigrantes irregulares, no ha demostrado demasiado interés en encontrar un gobierno dispuesto a acoger a los tres presos de Guantánamo.
Los siete restantes, en la antigua categoría de presos de alto valor y a los que se les achaca algunos de los peores atentados de la historia, están pendientes de unos juicios sobre sus causas ―el 11-S, la explosión de una bomba en el destructor Cole en 2000, el atentado contra una discoteca en Bali― que se han ido enredando en recurso tras recurso y que nunca terminan de llegar. Las consecuencias de la tortura son uno de los factores que enredan sus casos.
Uno de los cinco acusados de participar en los atentados del 11-S, Ramzi bin al Sibh, ha sido declarado demasiado afectado mentalmente por la tortura como para poder ser llevado a juicio. Sobre los otros cuatro -Khalid Shaikh Mohamed, Walid bin Atash, Mustafa al Hawsawi y Amar al Baluchi- los fiscales concluyeron que, debido a los abusos sufridos, sería imposible conseguir llevarlos a juicio con éxito y negociaron un acuerdo, anunciado en agosto de 2024, por el que retiraban la petición de pena de muerte para ellos a cambio de que se declararan culpables y ofrecieran explicaciones detalladas sobre su papel en los ataques y la vida en Guantánamo. El entonces secretario de Defensa, Lloyd Austin, anuló ese acuerdo: se volvía a la casilla de salida.
El mes pasado, apenas días antes del aniversario del 11-S, un juez fijó finalmente fecha para el juicio contra KSM: junio de 2028, a dos años vista. Pero no hay expectativas de que la audiencia vaya a celebrarse siquiera entonces. El juez ha decidido que no podrá utilizarse en el proceso una prueba clave, una confesión que Mohamed hizo a un equipo “limpio” (que no recurrió a la tortura) de agentes del FBI tras su llegada a Guantánamo. Aquella inculpación, según se ha decidido, estuvo influida por los efectos de la tortura que el sospechoso había sufrido en cárceles negras de la CIA antes de llegar a la base.
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