La Administración Trump salió este martes en defensa de su polémico acuerdo petrolero con el chavismo y de Alejandro Betancourt, el empresario venezolano situado en el centro de la operación. Washington justificó su elección como una decisión pragmática dentro de una estrategia más amplia: desplazar a China y Rusia de una parte sustancial de las reservas venezolanas, asegurar para EE.UU. una fuente estable de petróleo en el continente americano y utilizar la recuperación económica como base de una futura transición democrática.
Por ABC
En España, la Audiencia Nacional considera que Betancourt habría pagado más de 40 millones en sobornos a tres funcionarios de PDVSA dentro de una trama que habría permitido desviar cerca de 5.000 millones de dólares y canalizar después parte de esos fondos mediante inversiones inmobiliarias de lujo y participaciones empresariales. Pese a ese historial de investigaciones en Europa y EE.UU., responsables estadounidenses defendieron durante una llamada con periodistas tanto la arquitectura del nuevo acuerdo petrolero, como el papel del empresario venezolano, que no ha sido acusado penalmente en EE.UU.
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«Esto es, ante todo, geopolítica», explicó uno de esos altos funcionarios. Washington considera que el acuerdo criticado por los opositores a la dictadura venezolana encaja directamente en su estrategia de seguridad nacional para lograr «un continente americano próspero, seguro y alineado con EE.UU.». La oportunidad, según esa defensa, consiste en tomar campos petroleros que habían estado principalmente bajo la influencia de compañías rusas y chinas y situarlos ahora en una estructura vinculada a EE.UU.
La operación se articula alrededor de North American Blue Energy Partners, NABEP, la compañía que es controlada por Betancourt. Los activos incluidos representan unos 65.000 millones de barriles de reservas probadas, según la Administración Trump, una cifra equivalente aproximadamente a una quinta parte de las reservas venezolanas.
Betancourt salió de Venezuela después del intento del 2019 de desplazar del poder a Nicolás Maduro y propiciar la llegada al poder de Juan Guaidó. Maduro ordenó su arresto, le confiscó propiedades y tomó el control de su operación petrolera. Betancourt había actuado como intermediario de la oposición y había ayudado a buscar apoyos internos e incluso rusos para una transición, lo que lo enfrentó directamente con el régimen.
Después desarrolló buena parte de su actividad empresarial en Europa, con España como uno de sus principales centros de operaciones. Invirtió en compañías españolas, entre ellas la de gafas Hawkers, y adquirió El Alamín, una finca con castillo incluido en Toledo. Allí recibió al abogado de Trump, Rudy Giuliani, durante el primer mandato de aquel.
Una «póliza de seguro a largo plazo»
Lo llamativo es que el Gobierno de EE.UU. obtendrá un 35% de participación en la expansión de la compañía de Betancourt sin aportar directamente capital público. A cambio de su respaldo, tendrá además derecho a adquirir al coste de producción el 20% del petróleo generado y derecho preferente de compra sobre el 80% restante. Un funcionario estadounidense describió ese mecanismo como una «póliza de seguro a largo plazo» para EE.UU. en caso de una futura crisis energética.
«¿Queremos que empresas rusas y chinas controlen la riqueza de un país de nuestro continente o queremos que EE.UU., en combinación y asociación con el pueblo venezolano, tenga influencia sobre esos recursos?», planteó esa misma persona en la llamada.
La Casa Blanca sostiene que el acuerdo debe juzgarse en términos de seguridad energética, pero también como una herramienta para reconstruir la economía venezolana antes de unas futuras elecciones. Ese segundo argumento ha adquirido importancia porque el pacto ha suscitado preguntas sobre si el flujo de inversión y de ingresos petroleros podría consolidar a las actuales autoridades interinas.
Sin calendario electoral
«Esto no impide de ninguna manera la transición democrática», sostuvo un funcionario. «Al contrario, sienta las bases para que ocurra». El planteamiento de Washington es que celebrar unas elecciones sin reconstruir antes las instituciones venezolanas podría producir una democracia frágil y fácilmente reversible. Según esos funcionarios, Venezuela necesita recuperar un sistema electoral creíble, partidos políticos capaces de reorganizarse, una prensa libre y un sistema judicial que no pueda utilizarse para excluir candidatos.
«Las elecciones por sí solas no solucionan tus problemas», explicó uno de ellos. «La democracia es más que elecciones». La Administración asegura haber diseñado el proceso en tres fases: estabilización, recuperación y transición. Las dos últimas deben avanzar en paralelo. Ya ha habido dos rondas de conversaciones políticas y está prevista una nueva fase de negociación en septiembre. En ellas participa la Asamblea Nacional elegida en 2015, según los funcionarios.
Washington no fija, sin embargo, un calendario electoral. «Me encantaría ver elecciones el mes que viene, pero no creo que sea realista», afirmó uno de los responsables estadounidenses que habló con la prensa. También descartó como aceptable una espera de cinco años o una década. El razonamiento es que un futuro Gobierno democrático no debe heredar un país en caída libre y con una industria petrolera incapaz de financiar los costes del Estado.
Pieza clave en la estrategia de Washington
Ese es precisamente el punto en el que Betancourt se ha convertido en una pieza clave de la estrategia de la Casa Blanca. Preguntados directamente por su historial, los funcionarios estadounidenses reconocieron que es una figura controvertida, pero defendieron su capacidad para operar en un sector petrolero venezolano deteriorado.
«No estoy nominando a nadie para santo», dijo uno de ellos. La misma fuente añadió que Betancourt «es un operador probado», que «sabe cómo alcanzar capacidad productiva» y que «sabe cómo dirigir este negocio».
La Administración Trump sostiene además que Betancourt ayudó en el pasado a los intereses estadounidenses y que estuvo alineado con Guaidó y la oposición durante el primer mandato de Trump. Esa relación, según la versión ofrecida en la llamada, provocó su ruptura con Nicolás Maduro y la pérdida temporal de propiedades y operaciones en Venezuela. Con el tiempo regresó al sector petrolero del país y acabó convertido en uno de sus principales operadores privados.
Betancourt, de 46 años, es uno de los empresarios venezolanos conocidos como «bolichicos», jóvenes que hicieron fortuna durante el chavismo mediante abultados contratos públicos. Su empresa Derwick Associates recibió contratos para operar plantas eléctricas durante el Gobierno de Hugo Chávez, pese a que Betancourt no tenía experiencia previa en ese sector. Transparencia Venezuela estimó en unos 2.900 millones de dólares los sobrecostes asociados a aquellos contratos. Posteriormente adquirió Petrozamora, dedicada a explotar campos petrolíferos en la zona de Maracaibo, germen de lo que acabaría siendo NABEP, la empresa con que ahora trata con EE.UU.
Aquellas operaciones provocaron investigaciones en EE.UU., Suiza, Andorra y España. Betancourt nunca ha sido acusado penalmente en EE.UU. La Administración Trump insiste precisamente en ese punto. «Lo revisamos a través de nuestro sistema», dijo un funcionario. «No afronta cargos en EE.UU. por violar ninguna de nuestras leyes».
Sus negocios y patrimonio en Europa acabaron situándolo bajo el escrutinio de distintas autoridades judiciales. La investigación suiza llevó en 2025 a solicitar su extradición desde Reino Unido y a restringir sus movimientos. Ese mismo año fue detenido en territorio británico en relación con una investigación española por presunto blanqueo de capitales. No ha sido imputado hasta ahora por esos hechos.
Según informaciones publicadas previamente por medios estadounidenses, la Administración Trump intervino ante las autoridades suizas para facilitar que Betancourt pudiera viajar y participar en las negociaciones sobre Venezuela. En la llamada de este martes, funcionarios estadounidenses reconocieron expresamente esa intervención.
«Queríamos tener acceso a él para poder finalizar este acuerdo», explicó uno de ellos.
Washington sostiene que revisó nuevamente su situación jurídica antes de contar con él. La defensa que hace la Administración es esencialmente pragmática. «La geopolítica no suele ser una elección entre lo ideal y lo imperfecto», dijo uno de los funcionarios. «Se trata de buscar el mejor resultado y trabajar con los factores que tienes delante».
Ese pragmatismo aparece también en la respuesta a otra de las polémicas de este caso: la ausencia de un concurso para seleccionar a NABEP. Preguntados por qué no hubo un procedimiento abierto, los funcionarios respondieron que NABEP es una compañía privada y, como tal, podía escoger a su socio.
«Las empresas privadas no tienen que pasar por un proceso competitivo para decidir con quién quieren asociarse», explicó uno de ellos. Para Washington, que esa empresa haya elegido como socio al Gobierno estadounidense en lugar de ExxonMobil, Chevron, ConocoPhillips o compañías chinas o rusas es precisamente una de las ventajas del acuerdo.
La participación pública se canalizará a través del Departamento de Defensa. Otro funcionario estadounidense aseguró que el Pentágono sí dispone de autoridad legal para mantener posiciones financieras en compañías privadas y recordó que esa facultad fue creada por ley durante la Administración Biden. La Casa Blanca calcula que su respaldo podría movilizar más de 100.000 millones de dólares de inversión privada en Venezuela.
Los funcionarios adelantaron además que el secretario norteamericano de Energía, Chris Wright, encabezará una delegación a Venezuela y que Chevron anunciará una ampliación de sus operaciones, con el objetivo de aumentar la capacidad productiva. Washington quiere que ese modelo se extienda.
El objetivo declarado es reconstruir una industria petrolera que, según la Administración, fue utilizada durante dos décadas como fuente de financiación política y como instrumento de influencia para Cuba, China y Rusia.
Los funcionarios afirmaron que durante la etapa de Maduro se entregaron a Cuba entre 40.000 y 64.000 millones de dólares en petróleo subvencionado o gratuito. También sostuvieron que China llegó a recibir descuentos de hasta 21 dólares por barril respecto al Brent y que Rusia recibió petróleo como pago de deuda.
El nuevo acuerdo contempla, siempre según la Administración estadounidense, regalías para Venezuela de hasta el 30% y un impuesto sobre hidrocarburos de hasta el 15%.
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