La mayor comunidad venezolano-estadounidense de Estados Unidos está experimentando un aumento en las redadas migratorias, coincidiendo con un repunte en las detenciones por parte del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas en el sur de Florida, según un concejal de Doral, un abogado de inmigración e informes en línea.
Por El Nuevo Herald
La inmigración está profundamente arraigada en la vida cotidiana de Doral. Aproximadamente el 70% de sus residentes nacieron fuera de Estados Unidos, y alrededor del 40% son de origen venezolano, según el Censo estadounidense. La ciudad también alberga grandes comunidades de Colombia, Cuba, Nicaragua y otros países latinoamericanos.
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Rafael Pineyro, el único miembro venezolano-estadounidense del Concejo Municipal de Doral, es republicano y ha apoyado al gobierno de Trump. Pineyro también se ha posicionado como candidato a la alcaldía en 2028, cuando finalice el mandato de Christi Fraga.
Sin embargo, a medida que se ha intensificado la aplicación de las leyes migratorias, el concejal ha adoptado una postura cada vez más firme respecto al trato que reciben los venezolanos y otras comunidades inmigrantes, y la forma en que se implementan las políticas migratorias federales. Desde que Trump regresó al poder el año pasado, Pineyro ha instado al presidente a “encontrar una solución para los venezolanos que cumplen la ley”, luego de que la administración revocara el Estatus de Protección Temporal otorgado a los venezolanos durante la administración Biden en medio de la crisis humanitaria en Venezuela.
La decisión de la administración Trump eliminó la protección legal temporal a más de 650 mil venezolanos en todo el país, junto con otras 700 mil personas de otros países, incluyendo El Salvador, Nicaragua, Honduras y Haití. Con tantos venezolanos en Doral, el tema es particularmente significativo para los electores de Pineyro.
El concejal ha intensificado su oposición a algunas de las acciones que se están llevando a cabo en esta ciudad del noroeste de Miami-Dade, describiendo la situación como un “momento trágico”.
Estos acontecimientos han colocado a Pineyro en una posición inusual: un republicano que ha apoyado a la administración Trump y que afirma seguir creyendo que los criminales deben ser deportados, pero que traza una línea roja cuando se trata de familias y personas con casos de inmigración pendientes.
“Nunca hemos experimentado la detención de familias en nuestra comunidad”, dijo Pineyro durante una conversación transmitida en vivo con el abogado de inmigración John De La Vega. “Debe haber una diferencia entre los delincuentes, que deben ser deportados, y las familias con procesos pendientes”.
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