La actuación del Ministerio Público en el estado Zulia es cuestionada tras un accidente de tránsito ocurrido el pasado 24 de mayo de 2026, en el sector Sur América del municipio San Francisco, donde falleció un bebé de apenas 11 meses y su padre resultó gravemente lesionado.
El hecho ocurrió en la intersección de la calle 148 con avenida 54A, cuando colisionaron un camión Ford F-700, conducido por Deivi José Parra Portillo, y una motocicleta manejada por Starly Jonathan Arroyo Serrano, quien viajaba junto a su hijo.
Durante la audiencia de presentación ante el Tribunal Cuarto de Control del Circuito Judicial Penal del estado Zulia, el fiscal auxiliar de Flagrancia, Eder Enrique Rodríguez Molero, solicitó libertad plena y sin restricciones para el conductor del camión. En contraste, el padre del menor fallecido terminó privado de libertad.
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Uno de los aspectos que genera cuestionamientos está relacionado con la preferencia de paso en la intersección. De acuerdo con los elementos señalados en el caso, el camión se aproximaba por la izquierda, mientras que la motocicleta circulaba por la derecha. Sin embargo, las actuaciones policiales no habrían considerado lo establecido en el artículo 263 del Reglamento de la Ley de Tránsito Terrestre, disposición que contempla criterios para determinar la preferencia de paso.
La actuación fiscal también es cuestionada debido a que, durante la audiencia, se habría limitado a dar lectura a las actas policiales sin advertir la presunta omisión de la normativa de tránsito y, con base en esas actuaciones, solicitó la libertad plena del conductor del camión.
Posteriormente, la Fiscalía 46.ª del Ministerio Público, bajo la causa MP-85544-2026, mantuvo al conductor del camión fuera de la imputación y sostuvo contra el padre del bebé la acusación por homicidio intencional a título de dolo eventual.
Ante esta situación, se prevé llevar el caso ante el Fiscal General de la República con el objetivo de solicitar una revisión de la actuación del fiscal de flagrancia, de las actas policiales incorporadas al expediente y de los fundamentos utilizados para solicitar la libertad del conductor del vehículo pesado.
El caso ha generado cuestionamientos sobre la valoración de los elementos de tránsito y la proporcionalidad de las decisiones adoptadas durante el proceso, particularmente por tratarse de un accidente en el que murió un menor de edad. La revisión solicitada buscará determinar si las actuaciones fiscales y policiales se ajustaron a la normativa vigente y si existieron elementos que debieron ser considerados antes de establecer las responsabilidades penales.
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