La Administración de Donald Trump ha repetido con ucranios y sudaneses esta semana lo que ya había hecho el mes pasado con los salvadoreños: no ha cancelado el Estatus de Protección Temporal (TPS), pero tampoco lo ha renovado. El lunes vencía el programa que mantiene con un estatus migratorio legal a 101.000 ucranios y a 1.800 ciudadanos de Sudán, pero el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) ha evitado pronunciarse, lo que por ahora les deja protegidos frente a la deportación.
La no cancelación del TPS supone un giro de 180 grados en la política migratoria del Gobierno de Trump y se produce en medio de la campaña electoral para las midterms, que se celebran el 3 de noviembre y en las que el Partido Republicano se juega el control del Congreso. En un contexto que se prevé desfavorable para el partido conservador, algunos expertos especulan sobre la coincidencia del momento elegido para modificar lo que ha sido la tendencia en los últimos meses, cuando se puso fin a los TPS de 13 de los 17 países que se beneficiaban de él.
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“Creo que está relacionado”, declara José Palma, coordinador general de la Alianza Nacional del TPS. “Los estrategas del Partido Republicano están tratando de minimizar el impacto y confundir a las personas para que piensen que están cambiando de dirección y que en el futuro van a ser más suaves”, sostiene.
En unos comicios en los que se elige la totalidad de la Cámara de Representantes, un tercio del Senado y 36 gobernadores, la caída de la popularidad de Trump se ha convertido en un lastre para muchos candidatos republicanos. Solo el 37% de los votantes aprueba la gestión del presidente Trump, mientras que el 60% la desaprueba, según las últimas encuestas. Además del alto coste de la vida, a los votantes les preocupa la agresiva política migratoria de la Administración republicana. La mayoría de la población cree que el Gobierno ha ido demasiado lejos en temas de inmigración.
“Los estadounidenses están muy molestos por la violencia cometida por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) contra los ciudadanos estadounidenses, y por la violencia del ICE en general”, apunta Julia Gelatt, directora asociada del Programa de Política de Inmigración de MPI (Migration Policy Institute). Gelatt señala que no se puede saber con certeza si el cambio de política con respecto al programa TPS responde a la cercanía de las elecciones, pero admite que podría beneficiar al Partido Republicano.
De la misma opinión es Todd Schulte, presidente de FWD.us, una organización de defensa de los migrantes. “No puedo decir exactamente todas las razones por las que lo mantuvieron, pero sí podemos afirmar con seguridad que conservar el TPS es lo correcto y, además, una medida que cuenta con respaldo popular; por el contrario, haberle puesto fin habría sido sumamente impopular en lugares como Ohio, donde hemos visto al público sumamente consternado por la cancelación del TPS para los haitianos”.
El TPS es un programa por el que se permite la residencia temporal y trabajar en Estados Unidos a los ciudadanos de países que atraviesan momentos de crisis por conflictos bélicos o desastres naturales. En el caso de Ucrania, se concedió en abril de 2022, tras la invasión por parte de Rusia ocurrida dos meses antes. La Administración de Joe Biden lo prorrogó. La última vez se realizó en enero de 2025, cuando el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) autorizó 18 meses adicionales de protección, vigentes hasta octubre de 2026.
El lunes, cuando vencía el programa, el DHS se limitó a decir en un comunicado que “se realizará un anuncio sobre el TPS para Ucrania en el momento oportuno. Hasta que se produzca dicho anuncio, los ciudadanos ucranios que se encuentren en Estados Unidos bajo el TPS permanecen bajo protección”. Un mes antes, el 9 de septiembre, el DHS publicó un comunicado similar para los ciudadanos de El Salvador. Hasta entonces, el Gobierno había optado por terminar el programa para afganos, venezolanos, nicaragüenses, hondureños, haitianos y ocho nacionalidades más.
En el limbo
Ucranios y sudaneses se quedan ahora en el limbo, como los salvadoreños. La incertidumbre de qué va a pasar con ellos es total. En teoría, la no cancelación del programa prorroga por seis meses su permanencia, pero el Gobierno se ha reservado la opción de tomar una decisión cuando quiera. “En la vida real, muchas familias están sufriendo debido a esa falta de claridad en la protección. Lo que está sucediendo es solamente una extensión más de la tortura psicológica que está sufriendo la comunidad tepesiana”, critica Palma.
El activista sostiene que en la vida diaria, el hecho de que no se haya prorrogado el programa significa que, por ejemplo, quien tiene que sacar su licencia de conducir no puede hacerlo en los Estados donde se pide el estatus migratorio, como Texas. También les perjudica a la hora de buscar trabajo o de renovar un contrato o para cobrar la jubilación, porque las bases de datos federales no se actualizan con el anuncio del DHS y aparecen sin estatus migratorio. Palma asegura que para muchos es peor la ansiedad que crea la incertidumbre sobre la renovación que la certeza de que se acaba y critica que los “están utilizando en juegos políticos”.
Los beneficiarios del TPS renuevan sus permisos cada año y medio, cuando el Gobierno evalúa si el país continúa padeciendo las condiciones que llevaron a crear el programa. El último país cuyo TPS no se renovó fue Haití, dejando a 170.000 haitianos al borde de la deportación a pesar de que en el país caribeño continúa reinando la violencia de las bandas criminales que lo controlan.
“La Administración Trump ha planteado que las condiciones en el país de origen no son una prioridad fundamental. Consideran que el TPS no responde a los intereses nacionales de Estados Unidos”, dice Gelatt.
En el caso de Ucrania, no obstante, siempre se le ha dado un trato preferencial por la postura de EE UU en la guerra con Rusia y también se le permitió mantener un programa humanitario de permanencia temporal (parole) que se canceló a otros países. Ahora, el reciente acuerdo firmado con el presidente ruso, Vladímir Putin, para la exportación de diésel, da pie a especulaciones sobre la continuación del apoyo de Washington.
Carta de senadores
En septiembre, 31 senadores demócratas y republicanos enviaron una carta al secretario del DHS, Markwayne Mullin, y al secretario del Departamento de Estado, Marco Rubio, pidiendo la renovación del TPS de Ucrania, lo que calificaron como “un imperativo humanitario, pero también una decisión económica sensata”. “En Estados como Illinois, miles de ucranios beneficiarios del TPS fortalecen nuestras comunidades, no solo mediante sus valiosas aportaciones culturales, sino también a través de su participación en sectores fundamentales, como el transporte, la atención sanitaria y la construcción. Poner fin al TPS para este grupo podría desestabilizar dichos sectores y aumentar los costos para los consumidores estadounidenses, al obligar a miles de trabajadores experimentados a abandonar sus empleos”, decían en la misiva.
En cuanto a Sudán, el TPS se estableció en 1997 y, desde entonces, sucesivas Administraciones estadounidenses lo han prorrogado debido al conflicto armado y a la inestabilidad política que han azotado a la nación africana.
“La idea de devolver a personas a estos países, afirmando falsamente que es seguro hacerlo, es incorrecta; además, desde un punto de vista político, sería un enfoque totalmente erróneo en cualquier momento, y especialmente en el periodo previo a las elecciones”, agrega Schultte.
El próximo país con TPS al que le toca renovar es Líbano, cuyo programa vence el 27 de noviembre, ya después de las elecciones de medio mandato.
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