La mochila está preparada por si un día ella no puede volver a casa. No guarda ropa para un viaje. Contiene los documentos de su hijo y los papeles que considera indispensables. Una amiga, ciudadana estadounidense, tiene además un poder que le permitiría hacerse cargo del niño y viajar con él si ella fuera detenida.
Por Bloomberg Línea
La mujer, venezolana y residente en Nueva York, pidió no ser identificada por temor a las consecuencias de hablar públicamente sobre su situación migratoria. Llegó a Estados Unidos en 2017 con una visa de estudiante. Después de la pandemia, solicitó asilo por circunstancias que, según relata, vivió durante uno de sus viajes a Venezuela. Desde entonces, ha trabajado con autorización, obtenido un número de Seguro Social y pagado impuestos.
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Pero su rutina ha cambiado.
Antes utilizaba el autobús y el tren para desplazarse por la ciudad. Ahora toma más taxis. Sale menos con su hijo al parque, reduce las visitas al centro comercial y procura que su familia no salga junta a hacer mercado. Muchas veces va solo su esposo.
“Uno tiene que estar pendiente de no ver un carro extraño, de mirar bien a la gente”, cuenta en conversación con Bloomberg Línea.
El miedo ha modificado sus recorridos, sus horarios y hasta la manera de organizar las compras de la semana. También ha encarecido sus desplazamientos. Aunque no ha calculado cuánto dinero adicional gasta en transporte, el cambio forma parte de una factura que se extiende a otras áreas de su vida: menos actividades familiares, ansiedad y la posibilidad de tener que reorganizar el cuidado de su hijo si alguno de sus padres es detenido.
La mochila es la expresión más concreta de esa incertidumbre. La mujer ha preparado los documentos y autorizado a una persona de confianza para hacerse cargo del niño si ella no puede hacerlo.
“Mi principal miedo es que me lleven y que mi hijo esté presente”.
No es un temor que haya surgido únicamente de las noticias sobre los operativos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). En su familia ya hubo una detención.
Una detención que cambia las cuentas de la casa
El suegro de la entrevistada fue detenido después de presentarse a una cita ante un juez de inmigración, según su relato. La familia asegura que tenía permiso de trabajo y otros documentos vigentes y que esperaba salir de la audiencia sin problemas.
La mujer sostiene que el juez había emitido una orden que impedía su detención. Ese punto requiere corroboración documental para determinar qué resolución recibió y cuáles eran sus efectos jurídicos. Lo que la familia sí describe es el impacto posterior.
Mientras el hombre permanecía detenido, sus familiares tuvieron que pagar abogados, enviarle dinero para cubrir necesidades básicas y asumir las deudas que había dejado en casa. La detención también significó perder una fuente de ingresos en un hogar que ya tenía sus propios gastos y obligaciones.
“Nos hemos endeudado demasiado”, asegura.
El dinero destinado a resolver la situación del suegro se sumó a los desembolsos que la pareja había realizado durante años para gestionar sus propios trámites migratorios. La familia tuvo que hacer frente a los gastos legales del detenido mientras sostenía su vida cotidiana y cuidaba a un niño pequeño.
La consecuencia no fue solamente jurídica. La suegra quedó separada de su esposo y, según la entrevistada, cada vez se encuentra más decaída. Quiere regresar a Venezuela, pero también tiene hijos en Estados Unidos. La decisión de irse o quedarse implica escoger entre dos partes de una familia que ya no puede vivir bajo el mismo techo.
La historia de esta mujer coincide con otras denuncias surgidas en el sur de Florida, donde familias venezolanas han reportado detenciones de personas con solicitudes de asilo pendientes y permisos de trabajo vigentes.
En agosto, medios internacionales documentaron casos de venezolanos detenidos pese a no tener antecedentes penales y mientras esperaban una resolución migratoria. El medio también recogió las exigencias de organizaciones de la diáspora para que las autoridades revisen individualmente estos expedientes.
La situación de cada migrante depende de su expediente, sus antecedentes, las órdenes existentes y las protecciones a las que pueda acogerse. Tener autorización para trabajar no equivale necesariamente a contar con un estatus migratorio permanente ni garantiza que una persona no pueda ser detenida.
Esa distinción jurídica, sin embargo, tiene una traducción doméstica: una familia puede haber dedicado años y miles de dólares a cumplir con sus trámites y seguir sin saber qué ocurrirá con su futuro.
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