Human Rights Watch (HRW) pidió este viernes a los Gobiernos de Estados Unidos y Ecuador revelar la base legal de las operaciones en las que marines estadounidenses destruyeron ocho embarcaciones ecuatorianas en aguas del Pacífico, supuestamente vinculadas con el narcotráfico, e «investigar de inmediato los abusos» que denuncian los tripulantes.
Los ocho barcos fueron interceptados y bombardeados por fuerzas estadounidenses, en coordinación con Ecuador, entre el 28 de agosto y el 16 de septiembre, por supuestamente operar como estaciones flotantes de reabastecimiento de combustible para lanchas que llevan droga hacia Norteamérica.
Además, sus tripulantes fueron señalados de tener presuntos vínculos con Los Choneros, el grupo criminal más antiguo de Ecuador, asociado al mexicano Cartel de Sinaloa, y una de las cuatro bandas catalogadas como terroristas por el Gobierno estadounidense.
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Sin embargo, HRW señaló en un informe que «ni el Gobierno de Estados Unidos ni el de Ecuador han revelado evidencias sólidas que vinculen individualmente a los tripulantes con algún delito».
La organización entrevistó a 27 personas, entre capitanes, tripulantes, familiares y abogados de los detenidos, y también revisó fotografías y videos de las interceptaciones, además de informes judiciales y policiales.
Tras las reuniones, HRW señaló que «no pudo determinar si alguna de las embarcaciones operaba como estación ilícita de reabastecimiento de combustible».
Agregó que de los tripulantes detenidos, 90 enfrentan investigaciones penales en Ecuador por presunta asociación ilícita, aunque se defienden en libertad; 56 fueron liberados porque jueces ecuatorianos declararon que su detención fue ilegal, y otros 14 no fueron presentados ante un juez.
Los abogados de algunos de los procesados, que ya han enfrentado un primer juicio, dijeron a HRW que la Policía y la Armada ecuatorianas reconocieron ante la justicia que las fuerzas estadounidenses «no habían aportado evidencias de la comisión de un delito y que las autoridades ecuatorianas tampoco habían recabado tales evidencias».
Algunos de los tripulantes también han denunciado a la ONG que fueron «golpeados y amenazados para obligarlos a confesar que traficaban combustible», y que «los obligaron a firmar documentos que no entendían».
«La interceptación del tráfico de combustible en el mar puede ser un paso importante para detener a grupos criminales, pero eso no les da derecho a las fuerzas de seguridad a detener personas sin evidencias, destruir sus embarcaciones y cometer abusos», dijo Juanita Goebertus, directora de la División de las Américas de HRW.
Goebertus agregó que los gobiernos «deben revelar la base legal de estas operaciones, aclarar los criterios utilizados para interceptar y destruir embarcaciones, y establecer salvaguardias sólidas para prevenir nuevos abusos».
HRW señaló que en el derecho internacional de derechos humanos se prohíbe la detención arbitraria y los tratos crueles e inhumanos; la directora regional añadió que Ecuador y Estados Unidos «no van a desmantelar las redes de crimen organizado deteniendo a pescadores con evidencias cuestionables
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