La abogada y directora de Control Ciudadano, Rocío San Miguel informó durante las últimas horas que el Tribunal 3.º de Primera Instancia en Funciones de Juicio con competencia en materia de terrorismo dictó una sentencia absolutoria sobre la causa que la mantuvo presa durante casi dos años en El Helicoide.
«Hoy culmina un duro capítulo en mi vida. El Tribunal 3.º de Primera Instancia en Funciones de Juicio con competencia en materia de terrorismo hace unos minutos ha dictado sentencia absolutoria, declarándome libre de responsabilidad penal respecto de los cargos formulados en mi contra. Esta decisión ratifica lo que sostuve desde el primer día de mi detención, el 9 de febrero de 2024: soy inocente», escribió en X, antes Twitter.
Manifestó su reconocimiento a su equipo de defensa técnica, integrado por los abogados Theresly Malavé, Juan Luis González Taguarico, Juan Carlos Gutiérrez y Héctor Faúndez, así como a las organizaciones internacionales Amnistía Internacional, Washington Office on Latin America (WOLA) y Human Rights Foundation (HRF), por el acompañamiento durante el proceso.
Al tiempo que se solidarizó con los ciudadanos, activistas y presos políticos que aún mantienen procesos judiciales pendientes en Venezuela.
«Mi solidaridad está con todos los ciudadanos, activistas y presos políticos que continúan enfrentando procesos penales y situaciones de vulnerabilidad. La justicia solo será plena cuando el debido proceso, la dignidad humana y los derechos fundamentales sean una garantía para todos los venezolanos».
Hizo un llamado a que las condenas impuestas a otros procesados en la misma causa sean anuladas por considerarlas injustas.
Finalmente, reafirmó su compromiso de continuar trabajando por la defensa de las garantías fundamentales, el debido proceso y la institucionalidad democrática en Venezuela.
MP sobre otras personas en el proceso
El fiscal general, Larry Devoe indicó que el Ministerio Público solicitó este jueves 1 de octubre, «sentencia absolutoria para la ciudadana Rocío San Miguel y otras tres personas que enfrentaban un proceso penal, tras haber sido acusadas de participar en la presunta comisión de diversos delitos en el caso conocido como Brazalete Blanco».
En X, explicó que la solicitud se realizó luego de un análisis objetivo de los hechos y las pruebas debatidas durante el juicio oral y público, de conformidad con lo establecido en el COPP.
«Como parte de buena fe, el Ministerio Público debe actuar siempre en búsqueda de la verdad y en consonancia con el principio de presunción de inocencia consagrado en la Constitución», justificó Devoe.
El Tribunal de la causa acordó la solicitud, y en consecuencia decretó la libertad plena y sin restricciones de los referidos ciudadanos.
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