El enorme pacto energético que el presidente Donald Trump ha presentado como “el mayor acuerdo petrolero de la historia” no surgió de una negociación formal entre gobiernos, sino de una llamada telefónica en marzo de 2026. Así lo reveló The Washington Post en un reportaje exclusivo publicado el 4 de septiembre.
Ese día, un emisario de la Casa Blanca —Mauricio Claver-Carone, entonces enviado especial para América Latina— contactó a Alejandro Betancourt López, petrolero venezolano de 46 años y uno de los operadores más influyentes del sector en su país.
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La pregunta fue directa: ¿aceptaría asociarse con el gobierno de Estados Unidos?
Según dos personas enteradas de la conversación que hablaron con The Post, Betancourt no dudó. Respondió: “Estoy dentro” (“I’m all in”).
A cambio, tendría que ceder parte de la propiedad de su empresa y permitir que Washington colocara representantes propios en el directorio.
Esa llamada se convirtió en el punto de partida de un arreglo inédito.
La compañía de Betancourt, North American Blue Energy Partners (NABEP), registrada en Barbados y segunda productora privada de petróleo de Venezuela, recibió concesiones de 100 años sobre 17 campos, con reservas estimadas en unos 65.000 millones de barriles.
El Pentágono, a través de su Oficina de Capital Estratégico, toma una participación del 35 % en NABEP.
Estados Unidos obtiene el derecho a comprar el 20 % del crudo a costo de producción, alrededor de 30 dólares por barril cuando el mercado cotizaba cerca de 90 dólares.
Venezuela se queda con entre el 16 % y el 40 % de la producción, según el campo, más impuestos.
Trump anunció el pacto a finales de agosto y lo presentó como una operación que más que duplicaría las reservas petroleras de Estados Unidos y ayudaría a bajar el precio de la gasolina.
Funcionarios de la Casa Blanca lo describieron como un paso para estabilizar la economía venezolana después de años de hiperinflación y falta de inversión.
El hombre en el centro del negocio
Betancourt no es un desconocido en Venezuela.
Hizo fortuna en el sector eléctrico y petrolero desde los años de Hugo Chávez, con contratos y negocios ligados a PDVSA. Ha enfrentado investigaciones por presunto lavado de dinero y fraude en Suiza, España y, previamente, en Estados Unidos.
The Washington Post y otros medios documentaron que la pesquisa federal en Miami se cerró en meses recientes por instrucción de altos cargos del Departamento de Justicia, en el contexto de este acuerdo.
Tras la captura de Nicolás Maduro el 3 de enero de 2026, Betancourt tuvo un papel de intermediario.
Habló con Delcy Rodríguez —entonces vicepresidenta y hoy presidenta interina—, la tranquilizó cuando ella creyó que Maduro había sido asesinado y la convenció de hablar con el secretario de Estado Marco Rubio.
Según The Post, funcionarios estadounidenses le dejaron claro a Rodríguez que, en adelante, cualquier asunto petrolero debía coordinarse a través de Betancourt.
Washington también intervino en sus problemas legales.
En mayo, Suiza retiró la solicitud de extradición que lo retenía en Reino Unido. En junio, el Consulado de EE.UU. en Londres le otorgó una visa de un año con entradas múltiples.
Un alto funcionario estadounidense dijo a The Post: “Solo queríamos tener acceso a él para poder cerrar este arreglo”.
Otro lo definió como “un operador probado”, aunque añadió: “No lo estoy nominando para santo. Lo que te digo es que en el pasado ha sido útil para el gobierno de Estados Unidos”.
Costos y beneficios
El reportaje de The Post destaca una tensión central: a Betancourt le advirtieron que asociarse con el gobierno estadounidense tendría un precio: menos control sobre su empresa, más escrutinio político y exposición mediática.
Pero el respaldo de Washington ya le está dando ventajas concretas: libertad de movimiento, protección implícita y un rol central en la reactivación de la industria petrolera venezolana.
NABEP produce hoy cerca de 180.000 a 200.000 barriles diarios, solo por detrás de Chevron en el sector privado.
El objetivo declarado es llevar la producción de los campos bajo su control a más de un millón de barriles diarios.
La administración espera que la empresa licencie o forme joint ventures con compañías estadounidenses en algunos de esos 17 campos, varios de los cuales habían estado en manos de empresas chinas o rusas.
Funcionarios de Trump defienden la apuesta.
Rubio ha dicho que Betancourt tiene un historial de producir petróleo. Un oficial resumió la lógica ante Axios: “Sin Betancourt, no hay acuerdo de seguridad energética. Y Maduro podría seguir en el poder si no hubiera sido por él”.
Críticos, entre ellos exfuncionarios y analistas energéticos, cuestionan tanto el perfil del socio como la viabilidad del pacto.
Señalan que las grandes petroleras estadounidenses se han mostrado reticentes a invertir miles de millones en un país con riesgo político e institucional alto, y que el acuerdo no bajará de inmediato los precios de la gasolina. Expertos consultados por The Washington Post también han advertido que cualquier aumento significativo de la producción podría tardar años.
The Washington Post presenta el episodio como un ejemplo del estilo de negociación de esta administración: pragmático, opaco y dispuesto a asociarse con figuras controvertidas si eso abre acceso a recursos estratégicos.
El resultado es un arreglo difícil de comparar con otros en la historia reciente de Estados Unidos: el gobierno federal como socio accionista de una empresa privada venezolana que controlará, durante un siglo, una parte sustancial de las reservas de uno de los países con más petróleo del mundo.
Lea el reportaje completo en The Washington Post
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