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Un disparo del ICE por la espalda y un presunto encubrimiento del FBI: la demanda de un hispano al Gobierno de Trump

Carlos Jiménez, ciudadano estadounidense, relata en una demanda lo que considera un caso de brutalidad policial durante un operativo migratorio en California. Según su versión, se acercó “de manera tranquila y lenta” a un grupo de agentes federales para advertirles que se encontraban cerca de una parada de autobús en Ontario y que estaban a punto de llegar varios niños. El incidente terminó con una bala disparada por un oficial del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por su sigla en inglés) que le impactó en la espalda. Después, fue recluido en una cárcel local, donde —según denuncia— no recibió atención médica adecuada.

El País

La querella, presentada recientemente ante un tribunal federal de Los Ángeles, sostiene que un oficial del Buró Federal de Investigaciones (FBI, por su sigla en inglés) encubrió al agente del ICE que detonó su arma mediante un informe que incluía testimonios falsos y que sirvieron de base para acusar a Jiménez de atacar a un oficial del orden.

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El caso dio un giro hace unos días, cuando los fiscales del Distrito Central de California decidieron retirar los cargos en su contra. Este padre de tres hijos y quien ha trabajado durante varios años en un banco de alimentos local, no se ha quedado de brazos cruzados y, a través de la demanda, exige ahora una indemnización de 25 millones de dólares.

“Carlos recibió un disparo por la espalda, lo cual respalda su versión de los hechos. La bala atravesó la ventanilla trasera del lado del pasajero, lo que significa que el acusado (Eusebio) Ortiz le disparó desde atrás. Esto corrobora la versión de Carlos de que él ya estaba avanzando con el vehículo. Es decir, él estaba siguiendo las instrucciones del agente de marcharse”, explica Greg Jackson, abogado de Jiménez, en una entrevista telefónica con EL PAÍS.

Los hechos ocurrieron pasadas las 6.15 de la mañana del 30 de octubre de 2025, en la avenida Vineyard de Ontario, un suburbio de mayoría hispana situado a 60 kilómetros al este de Los Ángeles. Jiménez conducía por la zona cuando vio que agentes federales realizaban una redada migratoria. Los oficiales llevaban chalecos antibalas con las insignias del ICE y la CBP (Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza). En algunos de ellos solo se leía la palabra “Police”.

Cuando se acercó para advertirles de la llegada de los niños a una parada de autobús cercana, el agente del ICE desenfundó su pistola y lo amenazó con “dispararle si no se marchaba”, según la demanda. La querella sostiene que el intercambio verbal quedó grabado en un dispositivo que llevaba el oficial.

“El agente Ortiz comenzó de inmediato a mostrarse agresivo, a decirle que se fuera a la mierda y a apuntarle con el arma directamente a la cara. El señor Jiménez, naturalmente aterrorizado, le preguntó: ‘Oiga, ¿de verdad me está apuntando con un arma a la cara ahora mismo?’. Creo que ese detalle fue también un factor clave para el sobreseimiento del caso”, dice Jackson.

Después de guardar su arma, Ortiz sacó de manera intimidante un aerosol de pimienta. Jiménez acató la orden de retirarse, pero cuando intentó abandonar el lugar en su vehículo, tuvo que realizar una maniobra de giro en tres tiempos porque los autos de los agentes le bloqueaban el paso. Fue entonces cuando comenzó el tiroteo.

“Ortiz, sin previo aviso, efectuó varios disparos contra el vehículo de Carlos a través de la ventanilla trasera del lado del pasajero. Una bala alcanzó a Carlos en la espalda y en la parte superior del hombro derecho, tras lo cual comenzó a sangrar dentro de su vehículo”, describe la demanda, de 54 páginas.

“No existía sospecha razonable ni causa probable para detener, retener, amenazar o disparar contra Carlos —un ciudadano estadounidense ajeno a los hechos—, y la denuncia penal presentada posteriormente contra Carlos omite cualquier mención de que Ortiz temiera por su vida”, agrega la querella.

La versión del Gobierno

Ciaran McEvoy, portavoz de la Fiscalía federal del Distrito Central de California, explicó en un comunicado enviado a este periódico que un acuerdo entre la defensa de Jiménez y el Departamento de Justicia puso fin al caso. “Un gran jurado determinó que existía causa probable para imputar a Carlos Jiménez por agredir a un funcionario federal utilizando su vehículo”, declaró el vocero. “Él no tiene antecedentes penales, y este tipo de acuerdo permite evitar una condena penal, la cual conlleva a consecuencias graves y permanentes”, agregó.

McEvoy no hizo comentarios sobre la demanda, una postura habitual cuando hay un litigio en curso. El ICE, por su parte, declinó responder a una solicitud de comentarios de EL PAÍS.

La versión del Gobierno es que Jiménez “mantuvo una discusión verbal con los agentes”, que el oficial del ICE efectuó un solo disparo y que el vehículo del sospechoso retrocedió en dirección a una agente de la CBP, identificada como N. Jiménez, lo que “provocó que esta temiera ser atropellada”.

Una declaración jurada del agente del FBI Estevan Banuelos recoge los testimonios de dos personas que pasaron por el lugar, Manuel Villarreal y Beatrice Morales. Ambos habrían declarado que el vehículo del acusado se encontraba a unos dos metros de los autos de los agentes y que “disponía de espacio más que suficiente para avanzar sin necesidad de retroceder”.

Pero un investigador privado contratado por los abogados de Jiménez obtuvo una versión distinta de esos mismos testigos. Villarreal y Morales negaron saber que alguno de los vehículos estacionados en el lugar perteneciera a las fuerzas del orden. También dijeron que no recordaban el color ni el modelo del coche de Jiménez y que ningún agente estaba fuera de sus vehículos cuando pasaron por el sitio.

Los dos aseguraron que nunca proporcionaron al funcionario que los entrevistó una distancia aproximada entre el auto de Jiménez y los de los oficiales. Agregaron que no escucharon disparos en el lugar y que se enteraron del tiroteo hasta que un noticiero informó sobre el incidente.

“No vieron nada. Es decir, los testigos en los que el Gobierno pensaba apoyarse resultaron no haberle dicho realmente al Gobierno lo que este afirmaba que habían dicho. Por lo tanto, su caso se vino abajo”, dijo Jackson.

Las secuelas del tiroteo

Herido de bala, Jiménez condujo hasta su casa y llamó al 911 para informar de lo sucedido. Su pareja, Marina Gutiérrez, lo trasladó a un hospital local, desde donde más tarde fue llevado en ambulancia a otro centro médico para recibir atención. Sus abogados aseguran que todavía tiene fragmentos de bala alojados en el torso, incluso cerca del pulmón derecho, lo cual representa un riesgo de realizarle una cirugía para extraerlos.

Agentes del FBI llegaron más tarde al hospital y, según la demanda, interfirieron en su atención médica. Lo esposaron y, sin esperar a que recibiera el alta, lo trasladaron de vuelta al lugar de la balacera para interrogarlo. “Durante el traslado en la furgoneta de los agentes, Carlos permaneció sangrando y vomitando; los agentes le advirtieron que no fuera a ‘estropearles el vehículo’”, alega la querella.

En lugar de llevarlo otra vez al hospital, los agentes federales lo entregaron esa misma tarde al Centro de Detención de West Valley, gestionado por la Oficina del Alguacil del condado de San Bernardino. Allí, tras las rejas, le dijeron que “no podían hacer nada”, según el expediente. “Casi veinte horas después de haber recibido un disparo y de que se le negara atención médica, Carlos fue finalmente procesado y se le tomaron las huellas dactilares”, agrega el documento.

Lo que siguió fue una batalla judicial en un tribunal federal de Los Ángeles. El abogado de Jiménez solicitó reiteradamente los registros relacionados con el tiroteo, incluidos los mensajes de texto del agente del ICE que disparó su arma. La jueza federal Kenly Kiya Kato ordenó a los fiscales que entregaran esos registros o presentaran una declaración jurada del agente en la que afirmara que no existían. Eso no pasó y el 2 de noviembre, el Gobierno decidió retirar su acusación.

“Existe, sin lugar a dudas, un patrón en el que agentes del ICE y de la CBP presentan informes falsos para encubrir sus propias acciones indebidas”, afirma Jackson.

La pesadilla de Jiménez no terminó allí, subraya la demanda, que asegura que “sigue requiriendo atención médica exhaustiva. Asimismo, ha sufrido graves daños emocionales y psicológicos —incluidos trastorno de estrés postraumático, ansiedad y depresión—derivados tanto del tiroteo como de la denegación de atención médica mientras se encontraba bajo custodia del condado”.

A la pérdida de su auto y los salarios que ha dejado de percibir debido a las heridas de bala, Jiménez suma más de 178.000 dólares en gastos médicos que siguen acumulándose. También reclama una indemnización por la “humillación pública y los daños a su reputación derivados de las mentiras difundidas” por el Gobierno federal.

Su abogado sostiene que las secuelas emocionales del incidente siguen afectando a su cliente. “Él no tenía ninguna intención de obstruir su labor ni de interferir en lo que estaban haciendo. Por eso resulta indignante que, de inmediato, afirmaron que intentaba atacarlos”, señala Jackson. “Todo esto ha tenido un profundo impacto emocional y psicológico en él, además de socavar su confianza en el sistema de justicia”.

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Alberto News

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