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Relatora de la ONU advierte que las ONG en Venezuela enfrentan graves restricciones y exige la liberación de todos los presos políticos

La relatora especial de Naciones Unidas sobre los derechos a la libertad de reunión pacífica y de asociación, Gina Romero, advirtió este jueves 19 de noviembre que las organizaciones de la sociedad civil en Venezuela continúan enfrentando importantes obstáculos legales, institucionales y políticos que limitan el ejercicio de sus actividades y la defensa de los derechos humanos.

El pronunciamiento se produjo tras su primera visita a Caracas en calidad de relatora de la ONU, durante la cual sostuvo encuentros con representantes de organizaciones civiles, personas detenidas por motivos políticos y sus familiares, académicos, dirigentes sindicales y funcionarios de la Defensoría del Pueblo.

Romero aseguró que las ONG venezolanas «siguen viviendo muchos obstáculos para su labor», especialmente como consecuencia de un marco normativo que, según denunció, restringe la libertad de asociación y dificulta el funcionamiento de las organizaciones independientes.

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Restricciones legales y obstáculos para la sociedad civil

La representante de Naciones Unidas cuestionó particularmente la Ley de Fiscalización de las ONG, al considerar que ha provocado una situación de «parálisis» en los procesos de reconocimiento legal de las organizaciones.

Según explicó, esta legislación «eliminó de un tajo a miles de organizaciones» y ha desincentivado la participación ciudadana y la creación de nuevas asociaciones.

Asimismo, denunció que la estigmatización de los defensores de derechos humanos ha convertido en una actividad de riesgo el reconocimiento público de su trabajo, mientras que las dificultades para acceder a financiamiento y recursos han limitado considerablemente su capacidad operativa.

Romero también cuestionó la aplicación de instrumentos legales como la Ley contra el Odio y la Ley de Fiscalización de las ONG, que calificó de «mal intencionadas» por sus efectos sobre el ejercicio de las libertades fundamentales.

Advirtió que estas restricciones no afectan exclusivamente a las organizaciones de derechos humanos, sino también a asociaciones religiosas, comunitarias y sociales, con consecuencias particularmente graves para organizaciones pequeñas, comunidades indígenas y colectivos de personas con discapacidad.

En materia laboral, la relatora denunció que la actividad sindical en Venezuela «es gravemente obstruida», debido a presuntas injerencias estatales en las organizaciones de trabajadores y medidas de represalia, entre ellas la congelación de salarios y las jubilaciones anticipadas.

ONU exige la liberación de los presos políticos

Durante su balance, Romero reconoció como un avance las excarcelaciones de cientos de personas detenidas por razones políticas. Sin embargo, manifestó su preocupación por la persistencia de privaciones de libertad vinculadas al ejercicio de derechos fundamentales.

La relatora calificó de «alarmante» que todavía permanezcan «cientos de personas detenidas por el ejercicio de sus derechos y libertades», por lo que exigió que «deben ser liberados sin condiciones».

También alertó sobre los malos tratos que, según señaló, continúan padeciendo numerosos detenidos.

Respecto a las personas excarceladas, advirtió que muchas siguen sometidas a restricciones judiciales, como regímenes de presentación periódica y procesos penales abiertos, circunstancias que dificultan su reincorporación plena a la vida familiar, laboral y social.

Reforma judicial e instituciones electorales independientes

La representante de Naciones Unidas también se refirió al proceso de renovación del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y destacó la importancia de garantizar que su nueva composición responda a criterios de pluralidad e independencia institucional.

Romero señaló que los próximos días serán determinantes para evaluar si la designación de las nuevas autoridades judiciales representa un avance en esa dirección.

De igual manera, instó a acelerar la conformación de instituciones electorales independientes, como parte de las garantías necesarias para fortalecer el Estado de derecho y recuperar la confianza ciudadana.

La relatora subrayó que cualquier proceso de transición política en Venezuela debe garantizar la participación efectiva de organizaciones independientes, asociaciones civiles y políticas, así como de colectivos de víctimas.

Finalmente, observó que las manifestaciones ciudadanas han aumentado durante 2026, una tendencia que, a su juicio, evidencia que numerosas demandas sociales y económicas de la población continúan sin recibir respuestas satisfactorias por parte de las autoridades.

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Alberto News

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