Las elecciones presidenciales se han convertido en un tema recurrente en Venezuela y Washington. En septiembre, durante su intervención en la Asamblea General de la ONU, la presidenta interina Delcy Rodríguez prometió celebrar elecciones “en el momento oportuno”, y el presidente Donald Trump admitió que abordaron el tema durante su primer encuentro, celebrado al margen de dicha cumbre internacional.
Pero para la tan anhelada transición democrática falta un elemento clave: el compromiso del gobierno de Trump de establecer un calendario electoral.
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El plan de tres fases que el secretario de Estado Marco Rubio presentó en enero —estabilización, recuperación y transición— no incluyó fechas, aunque hace unos días habló de «idealmente» 2027.
La falta de una hoja de ruta clara y verificable para celebrar elecciones se está convirtiendo en una prueba que se reduce a una sola pregunta: ¿Está Washington dispuesto a establecer un calendario electoral cuando esto podría entrar en conflicto con sus intenciones económicas y estratégicas más inmediatas?
A la fecha, Estados Unidos continúa ejerciendo una influencia extraordinaria sobre Venezuela. Esta influencia está moldeando no solo las acciones del régimen, sino también las de la oposición. Sin embargo, incluso mientras Washington patrocina un diálogo político entre la oposición y el régimen —con una cuarta ronda de conversaciones que comenzó el viernes—, sin un calendario electoral, cualquier logro en las negociaciones en curso solo consolidará lo que ahora parece una estabilidad frágil y esquiva.
Progreso asimétrico
El plan estadounidense avanza, pero con un compromiso notablemente asimétrico. Las dos primeras fases se implementan mediante instrumentos verificables: licencias, contratos, fondos auditados por KPMG, un préstamo del BID en preparación, un controvertido proceso de reestructuración de deuda de entre 150.000 y 200.000 millones de dólares que aún no ha comenzado formalmente y, más recientemente, el “mayor acuerdo petrolero de la historia” que involucra a una poco conocida petrolera con sede en Barbados, North American Blue Energy Partners (NABEP), propiedad del controvertido empresario venezolano Alejandro Betancourt.
La tercera fase se implementa mediante declaraciones en lugar de compromisos firmes. Washington reconoce que no hay fecha límite para las elecciones, y el régimen ha llenado el vacío a su manera. Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional, anunció, con cierto cinismo, cuatro elecciones, con la presidencial al final de la lista.
Algunos tienen razón al temer que la intención del régimen —jugar y utilizar el “plazo establecido por la Constitución”— apunte al calendario electoral ordinario, bajo el cual un gobierno electo —que no es el caso aquí— bien podría extender su mandato hasta 2031.
En mi último libro, Conflicto y Negociación, sostengo que en los regímenes autoritarios, la negociación se convierte en un instrumento para ganar tiempo. Lo novedoso es que esta táctica también beneficia al actor que supervisa el proceso actual. La negociación absorbe la presión del Congreso, la diáspora y los aliados, mientras Washington avanza en sus objetivos.
La estrategia estadounidense de fortalecer la capacidad estatal como requisito previo para las elecciones implica varios riesgos. Mejorar la gobernanza, la sostenibilidad de la deuda, la capacidad estatal y, en última instancia, reconstruir un país tras dos devastadores terremotos puede llevar décadas. Vincular las elecciones a esto último significa posponerlas indefinidamente.
El regreso de Machado a Venezuela aumenta el temor del régimen así como el costo de tolerar una oposición liderada por una amplia mayoría del país. Esto amenaza la estabilización y la cooperación que Washington busca proteger. Para la estabilización, Machado podría representar un riesgo; para una transición democrática creíble, su participación es esencial.
Desbloquear el proceso
El régimen actual no se democratizará por sus propios intereses; solo lo hará cuando el costo de resistir supere el de ceder. Washington ya ha reducido el costo de tolerar al régimen sin aumentar el costo de resistir. Ha ofrecido la ‘zanahoria’ de la supervivencia sin el ‘palo’ de un calendario electoral.
Tres factores podrían cambiar ese cálculo: las exigencias de la agenda de deuda externa, que normalmente hacen de la restauración institucional una condición previa para la financiación; la presión del Congreso de Estados Unidos, y el regreso de Machado.
En septiembre, en la Asamblea General de la ONU, Delcy Rodríguez pidió al mundo que observara los cambios en Venezuela. Vale la pena hacerlo, sin olvidar que una promesa y una reunión en Nueva York no generan legitimidad; un calendario con fechas concretas daría credibilidad al plan de tres fases de Trump/Rubio. Mientras esto no exista, el país solo cuenta con una estabilidad frágil y prestada, y todo préstamo tiene una fecha de vencimiento.
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