El mes pasado, después de 12 años esperando una audiencia de asilo que nunca llegó, Diego Vetencourt decidió salir de Estados Unidos antes de que el gobierno lo obligara a hacerlo. El venezolano pasó 12 años construyendo un negocio exitoso en Miami-Dade basándose en una solicitud de asilo, sin ser citado jamás a la corte.
Por El Nuevo Herald
Pero los cambios recientes para solicitantes de asilo introducidos durante la administración Trump llevaron al residente de Miami durante muchos años a abandonar su vida en EEUU y regresar a Venezuela para siempre.
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No obstante, Vetencourt se describe como uno de los solicitantes de asilo con suerte, que tiene los recursos y la estabilidad para vivir cómodamente en Venezuela. Miles de sus compatriotas ahora enfrentan el dilema de salir voluntariamente de EEUU o arriesgarse a la deportación y a una prohibición de reingreso de 10 años conocida como el “beso de la muerte” (“kiss of death”).
Vetencourt se autodeportó el 27 de octubre, volando desde Miami International Airport a Caracas con su esposa, que tiene cuatro meses de embarazo, utilizando un documento de viaje venezolano que le emitieron porque no tenía pasaporte. Había estado viviendo en Miami con un permiso de trabajo y un número de Seguro Social, y dice que nunca estuvo en estatus ilegal y que pagó más de $2 millones en impuestos como propietario de un negocio que vendía servicios de entrenamiento de inteligencia artificial y clonación digital.
“Mi asilo estuvo pendiente durante 12 años, nadie jamás me citó a la corte”, dijo. Pero un fallo de la corte de inmigración en septiembre sobrevoló el proceso de asilo para Vetencourt y miles de otros venezolanos: “De la noche a la mañana mi caso se volvió criminal”.
El 4 de septiembre, la Junta de Apelaciones de Inmigración (Board of Immigration Appeals) sostuvo que la remoción de Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses en enero, y la transferencia de autoridad que siguió, equivalieron a un cambio en las condiciones del país en Venezuela. Hasta entonces, un solicitante tenía que demostrar un temor fundado de persecución en la Venezuela de Maduro; ahora la pregunta es si ese temor subsiste en la nueva Venezuela, donde la represión política y la violencia estatal se han relajado considerablemente.
Las decisiones de la Junta vinculan a los jueces de inmigración, por lo que el fallo alcanza a todos los casos venezolanos pendientes. Esto llegó además de otros cambios.
El Estatus de Protección Temporal (TPS) para más de 650,000 venezolanos terminó el 7 de noviembre, y desde el 1 de enero una procalama presidential ha suspendido la entrada de venezolanos como inmigrantes y con visas de turista, negocios, estudiante e intercambio.
Los vuelos de deportación trasladaron a 530 venezolanos a su país en agosto, según Human Rights First’s ICE Flight Monitor.
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