Una peligrosa medida fue tomada por las autoridades del Centro Nacional de Procesados Militares (Cenapromil), en Ramo Verde, al negarles el acceso a agua a los 36 militares privados de libertad por razones políticas que se declararon en huelga de hambre desde el lunes 9 de noviembre, dijeron familiares en conversación con Infobae.
Por Sebastiana Barráez | Infobae
Los 32 sargentos y cuatro tenientes que se encuentran en ayuno desde el lunes a las 6 de la mañana dejaron de tener acceso al consumo de agua, porque “el Mayor Ramón Navarro Jefe de Régimen los aisló en la cancha y no les permite acceso a los baños ni al agua, supuestamente porque esa fue la orden que recibió del director de la cárcel, Capitán de Navío Leover Alfonso Pachano Gómez”, dijeron familiares en conversación con Infobae.
ADVERTISEMENT
Mileidys Hernández, hermana del S2 José Daniel González Hospedales, manifestó a Infobae que todos los familiares están muy preocupados porque han pasado 48 horas desde que se inició la huelga y no hay respuesta alguna por parte de la administración de justicia. “Ellos no han sido evaluados ante el ayuno que mantienen y que se está agravando con la negativa de permitirles el acceso al agua”.
Los militares, que se mantienen en carpas, en la zona de la cancha, hicieron un pronunciamiento escrito denunciando violaciones del debido proceso y de sus garantías constitucionales. Afirman haber sufrido torturas, tratos crueles, inhumanos y degradantes, desaparición forzada temporal y traslados arbitrarios al margen de los procedimientos legales.
Reclaman la inclusión inmediata de representantes e interlocutores en la Mesa de Negociación, argumentando que los presos políticos militares han sido “sistemáticamente excluidos de las agendas de diálogo y acuerdos, dejándonos en indefensión absoluta, carentes de representación institucional y sin vías efectivas de resolución para nuestra privación de libertad”, dice el grupo de militares.
La protesta, que comenzó a las 6:00 de la mañana del lunes 9 de noviembre de 2026, tiene como principal exigencia la liberación de los detenidos. La medida, iniciada por integrantes del Caso Cotiza, recibió la adhesión de militares de otras causas. Los huelguistas se declaran en situación de “indefensión, incertidumbre e irregularidad jurídica” y sostienen que han agotado las vías ordinarias sin obtener respuestas institucionales. Los 33 militares privados de libertad por razones políticas, recluidos en el Centro Nacional de Procesados Militares (Cenapromil) en Ramo Verde, estado Miranda, se mantienen en huelga de hambre, al declararse en estado de “indefensión, incertidumbre e irregularidad jurídica”.
Advierten que el régimen venezolano incurre en “inobservancia y violación sistemática de nuestras garantías constitucionales, derechos humanos y del debido proceso consagrado en la legislación vigente y en el Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos”.
Denuncian condenas cumplidas
Lisnel Hernández de Martínez, esposa del SM3 Geomer Narciso Martínez Natera dice, en conversación con Infobae, que “la exigencia de los 21 sargentos del Caso Cotiza es la liberación inmediata, ya que el 24 de octubre de 2026 cumplieron la totalidad de la condena que les fue impuesta”.
“Tenemos el cómputo totalmente legal firmado por la jueza militar capitán Carmen Victoria Jaspe”, asegura. Según su versión, la falta de excarcelación se justifica en la apelación presentada por tres de los 24 sargentos del caso, un recurso en el que se pretende incluir a quienes ya cumplieron sus penas para reiniciar el juicio.
“Repudiamos esa decisión porque ellos tienen una sentencia firme y cumplida en su totalidad”, sostiene Hernández de Martínez.
Sostiene que militares de otras causas se sumaron a la protesta en solidaridad con los integrantes del Caso Cotiza. Señala que durante la noche del lunes se restringió el acceso desde la cancha donde pernoctaban y que el martes por la mañana recibieron información de que se había abierto la reja para permitirles asearse.
Hernández de Martínez asegura que ninguna autoridad se había presentado para responder a los huelguistas o a sus familias. “Ellos continúan con la huelga indefinida y totalmente pacífica”, afirma.
Así va la huelga
Sandra Hernández, esposa del Sargento Luis Alexander Bandres Figueroa, le dice a Infobae que los participantes permanecen en la cancha desde el inicio de la huelga. Allí pasaron la primera noche y se negaron a regresar a las celdas.
Según Hernández, el martes por la mañana los custodios cerraron el acceso a la cancha, lo que impedía a los manifestantes llegar a los baños, ubicados dentro de las torres. La familiar interpreta la restricción como una forma de evitar que otros detenidos se incorporen a la protesta y de impedir que los huelguistas entren a las torres.
Expresa preocupación por el acceso al agua y por la falta de atención del servicio médico penitenciario, que, de acuerdo con su testimonio, funciona las 24 horas. Asegura que sus funcionarios “no han ido a ver cuál es la condición de salud en la cual se encuentran los militares”.
Hernández describe la huelga como una “medida demasiado extrema” y advierte sobre la preocupación de las familias por sus posibles consecuencias para la salud. Sobre su esposo, señala que solo sabe que participa en la protesta.
Sandra Hernández informa que el lunes 9 de noviembre se consignó ante el tribunal la notificación formal de la huelga de hambre, junto con una solicitud de aplicación de la Ley de Amnistía.
Dijo que a los detenidos de la causa a la que se refiere les habían anulado la sentencia y que se pretendía someterlos a un nuevo juicio en abril por todos los delitos. Según su relato, el juez Carlos Liendo sobreseyó los delitos militares y mantuvo únicamente el de traición a la patria.
También denuncia que al sargento Jofre Castro, quien, según afirma, no enfrentaba ese cargo, se le atribuyó el delito de traición a la patria durante una audiencia preliminar de este año.
La exigencia, insiste, es agilizar la liberación de todos los presos políticos, en particular la de los militares, a quienes considera “los grandes olvidados”. “La exigencia es la liberación porque no hay justificación para que ellos sigan privados de libertad”, expresa.
Hernández cuestiona además a Delcy Rodríguez por celebrar fechas patrias de Estados Unidos mientras continúan encarcelados militares que no reconocieron al Gobierno venezolano y lo consideraron un régimen, le dice a Infobae.
Limbo jurídico
En el escrito que fundamenta la protesta, los militares denuncian que hay detenidos cuyo período de condena ya expiró sin que se haya emitido la boleta de excarcelación. Consideran que esa situación configura una “privación ilegítima de libertad y desacato judicial”.
También señalan la existencia de expedientes que no cuentan con tribunal de la causa ni destino asignado, lo que, según sostienen, los mantiene en indefensión y en un limbo jurídico.
Los manifestantes afirman que los recursos de apelación sufren una paralización injustificada y que se incumplen los plazos previstos en la legislación procesal penal y militar. Añaden que, cuando se resuelven, las decisiones se dictan sin valorar los argumentos de la defensa y terminan confirmando las condenas o decretando la reposición de las causas.
Los huelguistas denuncian una desprotección por parte de las instituciones del Estado y sostienen que distintos organismos han incurrido en violaciones graves y continuadas de sus derechos desde las detenciones. Recuerdan que el Estado tiene el deber de garantizar la vida, la integridad y la custodia de las personas bajo su responsabilidad.
Desde que fueron detenidos, aseguran, diversos órganos del Estado “han incurrido en violaciones graves y continuadas a los derechos fundamentales”.
Los militares anuncian que mantendrán la huelga hasta obtener respuestas concretas. Entre sus demandas figuran la excarcelación inmediata de quienes ya cumplieron sus penas, la asignación de tribunales competentes a las causas pendientes y el respeto a los plazos de apelación.
Asimismo, reclaman decisiones ajustadas a derecho y sin presión del Gobierno para la totalidad de los procesados, así como un canal directo de comunicación y verificación con la Mesa de Negociación, solicitaron la presencia, inspección y veeduría de la Defensoría del Pueblo y de los organismos internacionales de protección de derechos humanos.
Lea más en Infobae
Si quieres recibir en tu celular esta y otras informaciones descarga Telegram, ingresa al link https://t.me/albertorodnews y dale click a +Unirme.
Deja una respuesta