Un grupo de 24 sargentos de la Guardia Nacional Bolivariana, presos durante poco más de 7 años en la Cárcel Militar de Ramo Verde, en la ciudad de Los Teques, ha iniciado una huelga de hambre indefinida, en protesta por retardos procesales que han prolongado de manera ilegal su tiempo en prisión. Los militares alegan que ya han cumplido sus condenas y exigen ser liberados.
Una vez convocada la huelga el 9 de noviembre, otros seis militares, vinculados a otros casos penales (la Operación Aurora, 30 de abril o el caso Paramacay, entre otros), decidieron sumarse a la protesta.
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Luis Guillermo Martínez, hermano del sargento mayor Geomar Martínez, informó que se enteró de la huelga de hambre de su hermano a través de las redes sociales. “Ellos están secuestrados. Cumplieron la totalidad de la pena el 24 de octubre de 2026, tras siete años y nueve meses de prisión, y hasta ahora no han sido liberados”, expuso en su cuenta de X.
Dirigentes de la oposición como María Corina Machado, premio Nobel de la Paz, y Dinorah Figuera, jefa de la delegación que negocia con el chavismo la reinstitucionalización del país, se manifestaron para apoyar a los huelguistas. La ONG Foro Penal emitió un comunicado en el cual formula advertencias sobre la salud de estas personas y sus condiciones en prisión. Los voceros oficiales del gobierno de Delcy Rodríguez aún no se han pronunciado al respecto.
Estos suboficiales fueron arrestados a causa de la denominada “rebelión de Cotiza”, un fallido intento de insubordinación contra el régimen chavista a comienzos del año 2019. En el desarrollo de aquel motín, los militares hicieron desesperados llamados a sus compañeros de armas para restaurar el orden constitucional por las redes sociales.
En aquel entonces, la oposición había acusado al presidente Nicolás Maduro de organizar un fraude electoral en las elecciones de mayo anterior, y emergía la figura del opositor Juan Guaidó, entonces presidente del parlamento, proclamado presidente interino por el legislativo.
Esta es la segunda huelga de hambre que inician prisioneros políticos militares en el país en poco más de un mes. El 24 de octubre, otros 27 efectivos dejaron de comer en prisión para denunciar amenazas recibidas.
Luego de tener la mayor cantidad de presos políticos de todo el hemisferio, unas 1.000 personas han sido excarceladas a lo largo de 2026 en Venezuela, en el marco de la amnistía adelantada en el país por la presidenta encargada, Delcy Rodríguez. Este giro es, a su vez, consecuencia del ataque militar estadounidense del 3 de enero, en el cual fueron arrestados Maduro y su esposa, Cilia Flores.
Sin embargo, siguen tras las rejas más de 300 presos políticos. La mayoría de ellos son militares. La sedición militar toca una de las zonas más sensibles en la legalidad del chavismo, y las represalias habitualmente han sido muy duras. Habitualmente, los presos militares —que reciben mucho menos atención por parte de la opinión pública que los civiles— han recibido un trato mucho más violento y degradante en el contexto de la crisis política de todos estos años en Venezuela.
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