La caída de las universidades autónomas venezolanas en las clasificaciones internacionales no es un fenómeno reciente. Es el resultado de un deterioro progresivo que se ha profundizado durante más de una década y que compromete la capacidad de las instituciones para investigar, formar profesionales y generar conocimiento. Así lo advirtió Tulio Ramírez, director del Doctorado en Educación de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB) y profesor de la Universidad Central de Venezuela (UCV), quien identifica la insuficiencia presupuestaria, la pérdida de investigadores, los bajos salarios y el debilitamiento de la autonomía universitaria entre los principales factores de la crisis.
Los resultados de los rankings internacionales reflejan esa pérdida de capacidades. Aunque instituciones como la UCV, la Universidad Simón Bolívar (USB), la Universidad de Los Andes (ULA) y la UCAB conservan reconocimiento académico en América Latina, sus posiciones muestran retrocesos en distintas mediciones.
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Ramírez indicó que el deterioro universitario comenzó a hacerse visible alrededor de 2010, cuando Venezuela empezó a perder posiciones en indicadores de producción científica. Explicó que la crisis presupuestaria fue debilitando primero la investigación y después las condiciones para sostener una docencia universitaria de calidad.
La consecuencia de esta situación, alertó, es una cadena que alcanza desde la formación de los maestros y profesores de educación media hasta las posibilidades de desarrollo científico, profesional y económico del país.
Una década de retroceso
La pérdida de posiciones de las universidades venezolanas tiene antecedentes que se remontan a varios años antes de que las últimas publicaciones de QS y Times Higher Education (THE) encendieran las alarmas. Un análisis de Elsi Jiménez, profesora de la UCV, publicado en mayo de 2017 bajo el título «Los rankings universitarios: Venezuela sigue en caída», ya advertía sobre el deterioro de la presencia de las instituciones nacionales en las clasificaciones internacionales.
El estudio examinó los resultados de Webometrics entre 2014 y 2017 y encontró retrocesos importantes en las principales universidades del país. La UCV, que había ocupado el primer lugar nacional en 2015 y 2016, perdió 46 posiciones en América Latina en 2017 y pasó al segundo puesto venezolano, al 64 regional y al 1.460 mundial.
La Universidad Simón Bolívar también experimentó una caída considerable. En 2017 descendió 44 posiciones respecto al año anterior, hasta ubicarse en el puesto 78 de América Latina y el 1.538 mundial. La UCAB perdió 285 posiciones en la clasificación mundial y quedó en el lugar 2.829, mientras que la Universidad Metropolitana retrocedió 287 puestos y terminó en la posición 4.291.
La ULA representó entonces una excepción, pues en 2017 ascendió ocho posiciones regionales respecto al año anterior y se convirtió en la institución mejor ubicada de Venezuela, con el puesto 60 latinoamericano y el 1.425 mundial. Sin embargo, Jiménez también advirtió en ese entonces que su repositorio institucional Saber ULA había perdido 22 posiciones mundiales en un año, después de pasar del puesto 38 al 60.
Casi una década después, buena parte de esos problemas continúa presente. La diferencia es que sus consecuencias se han acumulado y ahora se expresan en una menor capacidad para competir por investigadores, sostener proyectos científicos, publicar en revistas especializadas y establecer alianzas internacionales.
Investigación, la primera víctima de la crisis presupuestaria
Ramírez señaló que uno de los indicadores que mejor permite entender la magnitud del deterioro es la producción científica venezolana. El académico recordó que, alrededor de 2010, Venezuela ocupaba el quinto lugar en América Latina como productora de artículos científicos. La posición se sustentaba en una comunidad investigadora que disponía de mecanismos de financiamiento y estímulos para desarrollar sus proyectos.
Entre esos instrumentos estaba el Programa de Promoción del Investigador (PPI), mediante el cual los científicos recibían incentivos económicos por sus publicaciones. También funcionaban los consejos de desarrollo científico y humanístico (CDCH) de las universidades autónomas venezolanas, que financiaban proyectos y permitían a los profesores dedicarse a la investigación.
Esas condiciones comenzaron a desaparecer. «Los consejos de desarrollo científico y humanístico de las universidades autónomas, que eran los que financiaban la investigación de los profesores, hoy en día son cascarones vacíos porque el presupuesto asignado a las universidades no deja absolutamente nada para investigación», afirmó Ramírez a El Nacional.
El profesor considera que la primera consecuencia de la crisis presupuestaria fue precisamente la paralización progresiva de la actividad científica. Sin recursos para adquirir equipos, reactivos, materiales, contratar asistentes, realizar trabajo de campo o participar en congresos, los investigadores perdieron las condiciones necesarias para mantener una producción sostenida.
Ramírez indicó que el país pasó de aportar 4,96% de la producción científica latinoamericana en 1996 a menos de 0,3% en 2026, lo que llevó a Venezuela a desaparecer de la lista de los 10 principales países productores de artículos científicos de América Latina.
El académico relaciona esa contracción con la pérdida de capacidad de las universidades, responsables de aproximadamente 80% de la investigación que se realiza en Venezuela.
La cifra es particularmente significativa porque la investigación constituye uno de los componentes fundamentales de los rankings internacionales. Las publicaciones científicas, su impacto, las citas que reciben y la capacidad de generar conocimiento nuevo permiten medir la contribución de una institución al desarrollo académico.
Cuando una universidad deja de producir investigaciones, no solo pierde visibilidad, también disminuye su capacidad para atraer investigadores, establecer colaboraciones, obtener financiamiento y participar en redes científicas internacionales.
El problema, insistió Ramírez, no es que los investigadores venezolanos hayan perdido sus capacidades o abandonado necesariamente su vocación científica. Muchos continúan trabajando, pero lo hacen desde universidades de otros países.
«Muchos talentos que eran los autores, los investigadores, aceptaron ofertas de universidades en la región; siguen escribiendo, siguen investigando, pero ahora su producción se escribe en estas universidades receptoras», explicó.
Esto significa que parte del capital intelectual formado en Venezuela termina contribuyendo al posicionamiento internacional de instituciones extranjeras. Países como Ecuador, Perú y Colombia han incorporado a investigadores venezolanos que desarrollan sus actividades en sus respectivos sistemas universitarios.
Éxodo de profesores y la pérdida de generaciones académicas
La fuga de talento también compromete la continuidad de los programas de formación, la calidad de la docencia y la posibilidad de preparar nuevos investigadores.
Ramírez explicó que formar un profesor universitario requiere años de preparación, experiencia docente, estudios de posgrado y participación en actividades de investigación. Por eso, sustituir a un académico que abandona la institución no consiste simplemente en contratar a alguien que tenga un título profesional.
«Sustituir un profesor universitario no es un ‘vente tú’. No es pasar frente a la universidad, preguntarle a alguien si tiene un título de médico y decirle que venga a dar clases en Medicina. Eso no es formar un profesor universitario», señaló.
La pérdida de personal calificado en las universidades venezolanas deja vacíos difíciles de cubrir, especialmente en carreras que requieren especialistas, investigadores con experiencia y docentes dedicados a tiempo completo.
A esto se suma que los profesores que permanecen en las instituciones deben buscar otras fuentes de ingreso para sobrevivir. La dedicación exclusiva, que anteriormente permitía combinar docencia, investigación y formación de estudiantes, se ha vuelto cada vez más difícil de sostener.
El Observatorio de Universidades (OBU) indicó que en marzo de 2025 un profesor titular a dedicación exclusiva recibía apenas 8 dólares mensuales, mientras que para octubre de 2026 la cifra disminuyó a menos de 2 dólares producto de la creciente inflación.
Aunque con las diferentes bonificaciones que ha implementado el Estado algunos docentes pueden llegar a recibir más de 240 dólares de ingreso integral, representantes del gremio advierten que la mayoría de estos bonos van aproximadamente de 100 a 170 dólares para profesores de tiempo completo o dedicación exclusiva.
El presidente de la Asociación de Profesores Universitarios de la UCV, José Gregorio Afonso, también ha alertado en reiteradas oportunidades que este llamado salario integral no tiene incidencia en bonificaciones especiales como vacaciones o aguinaldos, tampoco en jubilaciones o prestaciones.
En junio de 2026, el OBU informó que había contabilizado 59 protestas y 57 denuncias relacionadas con reivindicaciones económicas y derechos laborales durante los primeros cinco meses del año. El observatorio identificó las exigencias de salarios dignos como el principal motor de la conflictividad universitaria.
La remuneración tiene consecuencias directas sobre la capacidad de las universidades venezolanas para conservar a sus trabajadores y atraer nuevos profesionales. Una carrera académica que no garantiza condiciones mínimas de vida deja de ser una opción atractiva para los jóvenes con mejores expedientes.
«Tú puedes hacer una política de formación, puedes hacer una política de estímulo espiritual, tú puedes hacer lo que quieras, pero si no les tienes un buen sueldo, los docentes no van a escoger esa carrera», advirtió Ramírez, y señaló que si no se recupera la carrera docente, las universidades tampoco podrán reconstruir el capital humano que necesitan para recuperar su excelencia académica.
Para leer más visite, El Nacional
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