Entre el 1.° de enero y el 31 de octubre de 2026, el Colegio Nacional de Periodistas (CNP), Seccional Distrito Capital, registró 155 incidentes y agresiones contra periodistas, reporteros gráficos, corresponsales extranjeros y medios de comunicación en Venezuela. Según el balance presentado por la organización gremial, las cifras de su Observatorio de Seguimiento reflejan un contexto de hostigamiento sistemático y constantes obstáculos al flujo informativo.
El desglose de los 155 casos documentados durante estos diez meses es el siguiente:
- Intimidación: 37
- Impedimento de cobertura: 26
- Detenciones arbitrarias: 23
- Hostigamiento: 16
- Deportación de corresponsales extranjeros: 15
- Ataques directos: 13
- Borrado forzado de material audiovisual: 12
- Amenazas directas: 7
- Cierre de emisoras de radio: 4
- Intento de robo de equipos: 1
- Decomiso de credenciales de prensa: 1
Edgar Cárdenas, secretario general del CNP Caracas, advirtió sobre la gravedad de la situación. “El ejercicio periodístico en Venezuela está bajo constante amenaza. Se insiste en normas y medidas coercitivas forzadas, buscando amedrentar, incitar a la autocensura y limitar la labor de quienes reportan la realidad”, dijo.
Patrones de censura en regiones y sedes oficiales
El informe señala que las restricciones y los amedrentamientos se aplican de manera diferenciada en Caracas y en el resto del país. Entre los responsables y mecanismos señalados figuran organismos de seguridad, grupos irregulares y bloqueos informativos en instituciones públicas.
- Caso Yaracuy: El periodista Ricardo Tarazona, corresponsal de El Carabobeño y Qué Pasa en Venezuela, fue intimidado en el municipio Urachiche mientras recababa denuncias sobre la falta de ambulancias en la comunidad de El Picure. Un sujeto identificado como comunero, respaldado por civiles armados, interrumpió su trabajo y acusó al equipo de realizar una “actividad política”. Tarazona pudo abandonar la zona de forma segura gracias al apoyo de los residentes.
- Caso Lara: El 27 de octubre, durante una manifestación convocada por la Alianza de Familiares de Víctimas de Venezuela frente al Ministerio Público y en Santa Rosa, funcionarios de la Policía regional y agentes no identificados vigilaron, fotografiaron y persiguieron a reporteros y manifestantes.
- Restricciones en la Asamblea Nacional: El 22 de octubre, durante la juramentación del Comité de Postulaciones Judiciales, el cuerpo de seguridad del Palacio Federal Legislativo impidió que los equipos de Televen y Venevisión transmitieran en vivo o grabaran imágenes desde el balcón de prensa, alegando razones discrecionales de “seguridad y privacidad”.
Frente a esta situación, el CNP Caracas exigió a los poderes públicos que pongan fin a los procedimientos coercitivos, garanticen el libre ejercicio del periodismo y aseguren la protección integral de todos los trabajadores de los medios de comunicación en el país.
Al menos 42 periodistas han muerto de forma violenta en Venezuela en los últimos 35 años
Al menos 42 periodistas y trabajadores de la prensa han muerto de forma violenta en Venezuela en los últimos 35 años, según reportó el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP).
La falta de respuesta judicial frente a estos hechos mantiene “deudas de verdad, justicia y reparación con sus familias” y “debilita las garantías para ejercer el periodismo”, señala un comunicado del gremio.
El Sindicato denunció que la impunidad favorece la repetición de la violencia y transmite a los agresores el mensaje de que atacar a quienes informan puede quedar sin consecuencias. Para el gremio, esa desprotección alimenta el miedo y la autocensura, desalienta la investigación de asuntos de interés público y restringe el derecho de la sociedad a recibir información.
Las consecuencias también recaen sobre las familias. A la pérdida de sus seres queridos se suman años de gestiones, desgaste emocional, gastos y dificultades para acceder a los expedientes. La falta de respuestas prolonga el daño y obliga a los familiares a mantener una búsqueda de justicia que corresponde garantizar al Estado.
Violencia durante coberturas y antecedentes que deben investigarse
Los casos presentan circunstancias recurrentes, como disparos durante la cobertura de manifestaciones, amenazas y denuncias previas, ataques en viviendas e incursiones violentas en instalaciones de medios. En algunos hay señalamientos contra agentes estatales; en otros, todavía está pendiente establecer el móvil y determinar quiénes participaron en el crimen o lo ordenaron.
“Virgilio Fernández murió en noviembre de 1992 cuando dispararon contra el vehículo identificado de El Universal en el que circulaba durante el intento de golpe de Estado. María Verónica Tessari falleció en enero de 1993 por las lesiones sufridas al ser alcanzada por una bomba lacrimógena mientras cubría una manifestación. Jorge Ibraín Tortoza Cruz fue asesinado el 11 de abril de 2002 mientras fotografiaba los enfrentamientos en el centro de Caracas. En estos casos, la muerte estuvo directamente vinculada con el ejercicio de la reportería”, se lee en el texto.
Las denuncias que realizaban otras víctimas también constituyen antecedentes fundamentales para esclarecer los crímenes. Mauro Marcano y Orel Sambrano difundían información sobre narcotráfico y corrupción. Por su parte, Mijail Martínez trabajaba en un documental sobre víctimas de abusos policiales en Lara cuando fue asesinado frente a su vivienda, en noviembre de 2009. La FIDH y la Organización Mundial Contra la Tortura advirtieron sobre una posible relación entre el crimen y la actividad que él y su padre desarrollaban en defensa de los derechos humanos.
Manuel Alejandro Parejo fue asesinado en la sede de Telesol, en Cumaná, en agosto de 2018. En agosto de 2020, Andrés Eloy Nieves Zacarías y Víctor Torres murieron durante un operativo de las FAES en Guacamaya TV, en Cabimas. La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH condenó ambos asesinatos y pidió investigar la posible participación de agentes estatales y la conexión de los crímenes con la actividad periodística.
Investigar hasta establecer las responsabilidades
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La respuesta judicial ha sido desigual. Algunos casos han terminado en condenas, mientras que en otros no se ha sancionado a ningún responsable. También hay expedientes sobre los que no existe información pública suficiente para conocer las diligencias realizadas o sus resultados. Las detenciones y los anuncios policiales no sustituyen una investigación completa. Tampoco la condena de un ejecutor material permite dar por esclarecido un crimen si todavía quedan pendientes determinar el móvil y establecer otras responsabilidades.
El SNTP exige que se investiguen las amenazas previas, los intereses afectados por las denuncias y la posible participación de funcionarios o grupos armados. Las hipótesis deben contrastarse con pruebas y las investigaciones deben llegar hasta quienes tuvieron responsabilidad material, intelectual o de mando en los crímenes.
En las muertes de Edwin Santos y Yolimar Hidalgo persisten dudas sobre las causas y circunstancias. En el caso de Santos, la Misión de Determinación de los Hechos de la ONU documentó elementos que cuestionan la versión oficial del accidente, aunque no estableció una causa distinta. En el de Hidalgo, quien fue hallada con una herida de bala, las publicaciones consultadas mantenían abiertas las hipótesis de homicidio y suicidio. Su inclusión en este recuento exige esclarecer ambas muertes y no implica anticipar una conclusión forense o judicial.
Para las familias y garantías para el gremio
A propósito del Día Internacional para Poner Fin a la Impunidad de los Crímenes contra Periodistas, conmemorado el 2 de noviembre, el SNTP exige al Ministerio Público y a los tribunales que rindan cuentas sobre estos expedientes, informen sobre las actuaciones pendientes e impulsen investigaciones que permitan esclarecer los hechos y sancionar a todos los responsables.
Las familias necesitan acceso efectivo a los expedientes, información comprensible y periódica sobre los avances, asistencia jurídica, atención psicosocial y protección frente a amenazas. El Estado debe garantizar su participación en los procesos y adoptar medidas de reparación que reconozcan el daño sufrido.
Para el gremio, la respuesta también debe incluir mecanismos eficaces de protección y atención ante las amenazas, protocolos de seguridad durante las coberturas y garantías de que ninguna investigación descarte, sin pruebas, una posible relación entre los crímenes y el trabajo informativo.
“El SNTP reclama que la justicia deje de depender de la persistencia y los recursos de cada familia. Esclarecer estos hechos y evitar su repetición es una obligación del Estado y una condición para ejercer el periodismo con libertad y seguridad”, agregó.
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