El canal VAN Venezuela difundió un compendio de breves informativos. En el primero, atribuido a Runrunes, se afirma que 42 periodistas han fallecido por hechos violentos en Venezuela en un contexto de impunidad. El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) sostiene que la falta de acción estatal envía una señal peligrosa a los agresores: atacar a quienes informan puede quedar sin consecuencias. El análisis de esos 42 casos, según el mensaje, identifica circunstancias recurrentes que el gremio considera clave para reabrir o profundizar investigaciones: disparos durante coberturas de protestas, amenazas previas no atendidas, ataques a viviendas e incursiones violentas en sedes de medios. La respuesta judicial habría sido desigual: hay casos con condenas parciales, otros sin responsables sancionados y expedientes opacos sin información pública sobre las diligencias. Esta versión, difundida por VAN Venezuela con base en Runrunes, no fue corroborada en el propio mensaje por otros medios independientes.
En otro apartado, citando a TalCual, el canal reportó que han transcurrido 23 días desde que el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) eliminó, mediante resolución, cuatro tribunales especiales de control con competencia en terrorismo. Los primeros afectados fueron los ocho acusados del caso «Azul Celeste», a quienes las autoridades señalan de entregar información a Estados Unidos que derivó en la captura de Nicolás Maduro. La audiencia preliminar estaba fijada inicialmente para marzo, pero se ha diferido en más de 19 oportunidades. El jueves 15 de octubre, los ocho imputados estaban conectados de forma telemática con el Tribunal Segundo de Control de Terrorismo, a cargo de Carlos Liendo, cuando el juez recibió una llamada del TSJ para informarle que su jurisdicción había sido eliminada. El mensaje no aporta confirmación de otras fuentes independientes sobre este relato.
El resumen también recoge, con base en EFE, una denuncia del Observatorio Venezolano de Violencias LGBTIQ+. Su coordinadora general, Glorielys Pérez, advirtió que este año persiste una «alta vulnerabilidad y violencia estructural» contra el colectivo en Venezuela. La ONG documentó 198 casos de violencia en nueve meses: 150 discursos discriminatorios, 24 delitos basados en prejuicio, 22 incidentes discriminatorios, una desaparición y un episodio de violencia intragénero. El mensaje menciona además restricciones como la prohibición a homosexuales de donar sangre, la obligación de personas trans de identificarse legalmente con un nombre que no las representa y la falta de derecho al matrimonio para parejas del mismo sexo.
Por último, según El Impulso citado por VAN Venezuela, la Policía Nacional de Paraguay informó que el expresidente Santiago Peña, destituido horas antes por el Senado en un juicio político, «ya se encuentra oficialmente detenido» en su domicilio, tras una orden de la Fiscalía, en medio de la crisis por el cierre de Ueno Bank. El nuevo mandatario, Pedro Alliana, quien era vicepresidente de Peña, anunció que los afectados por la intervención de la entidad financiera privada «serán compensados plenamente». El despacho no añade corroboración de otros medios independientes sobre estos hechos.
Con información del canal de Telegram VAN Venezuela. Ver publicación original.
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