Rocío San Miguel, presidenta de la ONG Control Ciudadano, apuesta por incluir el tema militar y policial en el debate de la transición que se está dando en Venezuela. Considera que estos sectores son de vital importancia para la estabilidad política y social del país.
Durante una entrevista para el circuito Éxitos, la activista resaltó la necesidad de reestructurar a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) y al sistema policial.
«Hay demandas fronterizas que les puede interesar en términos de recuperar la operatividad. Hay desafíos en doctrina militar, hay un relevo generacional que probablemente esté esperando insertarse en esa transición«, comentó.
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Para San Miguel, el tema militar es » tan decisivo que es capaz de obstaculizar una transición en Venezuela», si no se abordan propuestas concretas sobre la mesa, además, insistió en que hay una reserva moral dentro de las fuerzas castrenses con muy buena formación.
También recalcó que el proceso de transición exige superar años de desviaciones institucionales mediante reformas legales, incentivos políticos y la despolitización de la Fuerza Armada Nacional (FAN). Entre las acciones prioritarias destacan la depuración y restructuración de los cuerpos policiales, la renovación de las cúpulas militares, y la definición clara de las funciones castrenses dentro del orden constitucional.
Asimismo, la especialista enfatizó la urgencia de cerrar los centros de detención en los órganos de inteligencia militar y revisar las funciones administrativas y económicas otorgadas a los componentes castrenses, como es el caso de empresas estatales que han desdibujado su rol institucional. Por otro lado, destacó la importancia de ejercer plena soberanía en el territorio fronterizo y establecer un estricto control democrático sobre el presupuesto de la nación, los servicios de inteligencia y las fuerzas de seguridad.
Frente a los recientes acontecimientos fronterizos y la cooperación internacional en materia de seguridad, la experta insistió en que cualquier cambio institucional debe transitar por un camino de absoluta transparencia, rendición de cuentas y respeto a la cadena de mando, garantizando además mejoras salariales y seguridad social para recuperar la profesionalización y la confianza en los cuerpos de seguridad del Estado.
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