El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) rechazó este martes 3 de noviembre el proyecto de reforma parcial de la Ley contra el Odio, aprobado en primera discusión por la Asamblea Nacional (AN), al considerar que la propuesta mantiene mecanismos que podrían utilizarse para restringir la libertad de expresión y sancionar a periodistas, medios de comunicación y ciudadanos.
A través de un comunicado, la organización sindical reiteró su exigencia de derogar completamente la legislación promulgada en 2017, al señalar que las modificaciones planteadas no garantizan el pleno ejercicio de los derechos fundamentales ni ofrecen mecanismos de reparación para quienes han sido procesados bajo esta normativa.
Aunque el proyecto contempla la eliminación de las penas de prisión de entre 10 y 20 años, el SNTP advirtió que estas serían sustituidas por sanciones económicas y administrativas que también podrían tener efectos restrictivos sobre el ejercicio periodístico.
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Según el sindicato, la reforma establece multas equivalentes a entre 500 y 10.000 veces el tipo de cambio oficial de la moneda de mayor valor publicado por el Banco Central de Venezuela (BCV), además de sanciones de entre 200 y 600 horas de trabajo comunitario o programas educativos.
La organización considera que estas medidas podrían comprometer económicamente a periodistas independientes, medios pequeños y ciudadanos, además de incentivar la autocensura ante el riesgo de enfrentar procedimientos sancionatorios.
“La eliminación de la cárcel no elimina el carácter intimidatorio de una legislación que permite imponer consecuencias económicas y administrativas desproporcionadas por expresiones cuya delimitación continúa siendo imprecisa”, sostuvo el SNTP.
#AHORA | El SNTP exige la derogación de la Ley contra el Odio. La reforma plateada mantiene la capacidad del Estado de castigar expresiones protegidas, entrega nuevas facultades sancionadoras al Ejecutivo y no resuelve las consecuencias de la persecuciónhttps://t.co/2renwmXj23
— SNTP (@sntpvenezuela) November 3, 2026
Otro de los cuestionamientos está relacionado con las facultades que el proyecto atribuye al Ministerio de Interior y Justicia, actualmente encabezado por Diosdado Cabello, para investigar y decidir procedimientos administrativos vinculados con la difusión de mensajes y opiniones.
El sindicato expresó preocupación por la posibilidad de que una autoridad del Ejecutivo tenga competencias para sancionar expresiones públicas, al considerar que esta atribución plantea interrogantes sobre las garantías de imparcialidad, defensa y debido proceso.
Asimismo, cuestionó que la propuesta mantenga definiciones ambiguas sobre discurso de odio, hostigamiento y mensajes discriminatorios, que, a su juicio, podrían utilizarse para penalizar investigaciones periodísticas, denuncias de corrupción o críticas contra funcionarios e instituciones públicas.
El SNTP también alertó sobre la permanencia de obligaciones relacionadas con el retiro inmediato de contenidos, sin que el proyecto establezca expresamente la necesidad de una orden judicial previa, así como disposiciones que podrían interferir con la independencia editorial de los medios.
En su pronunciamiento, la organización recordó que desde 2020 ha documentado la judicialización de al menos 27 trabajadores de la prensa mediante el artículo 20 de la Ley contra el Odio, por lo que insistió en que cualquier modificación debe contemplar las consecuencias de su aplicación durante los últimos nueve años.
En ese sentido, cuestionó que el proyecto no incluya mecanismos específicos para revisar condenas, cerrar procesos judiciales, levantar medidas restrictivas, eliminar antecedentes o reparar a las personas afectadas.
“La reforma deja sin respuesta a las víctimas de la persecución”, señaló el sindicato, que también solicitó garantías para el retorno seguro de periodistas y trabajadores de la prensa que permanecen en el exilio.
La Asamblea Nacional aprobó este martes la reforma en primera discusión por mayoría calificada, aunque la bancada opositora negó su respaldo. Tras la votación, el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, instruyó a la comisión encabezada por el primer vicepresidente, Pedro Infante, a realizar una consulta amplia que incluya a víctimas, sectores sociales y ciudadanos interesados en la propuesta.
Finalmente, el SNTP insistió en la derogación total de la Ley contra el Odio, la revisión de otras disposiciones utilizadas para sancionar expresiones públicas, el cierre de los procesos judiciales relacionados con opiniones protegidas y la adopción de medidas de reparación y garantías de no repetición.
La organización pidió que el debate legislativo incorpore la participación efectiva de periodistas, sindicatos, medios de comunicación, organizaciones de derechos humanos, especialistas independientes y personas afectadas por la aplicación de la normativa.
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