El Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) denunció las condiciones de reclusión de las mujeres detenidas en el Centro de Formación para Procesadas Femeninas La Crisálida, ubicado en Los Teques, estado Miranda, donde se registran situaciones de hacinamiento, alimentación deficiente, falta de atención médica y presuntos hechos de corrupción.
Según la organización, el centro penitenciario alberga a casi 300 mujeres, de las cuales al menos 38 están detenidas por razones políticas. Algunas internas deben compartir celdas diseñadas para seis personas con hasta 16 o 18 reclusas, lo que obliga a varias de ellas a dormir en colchonetas en el suelo.
Una fuente interna, cuya identidad fue protegida por razones de seguridad, explicó al OVP que el espacio disponible es tan reducido que las mujeres deben esperar a que otras se desplacen para poder caminar dentro de las celdas.
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La organización también denunció la existencia de un grupo de reclusas que presuntamente recibe un trato privilegiado, con acceso a celdas menos congestionadas, actividades deportivas y culturales, así como a una cantina donde se comercializan alimentos distintos a los suministrados regularmente por el penal.
De acuerdo con el testimonio recogido, estos beneficios estarían vinculados con presuntos pagos a funcionarias del Ministerio de Servicio Penitenciario, una situación que el OVP considera indicativa de posibles hechos de corrupción.
Denuncian falta de atención médica y recuerdan dos fallecimientos
Otro de los principales señalamientos está relacionado con la ausencia de personal médico permanente, pese a que entre las detenidas hay adultas mayores y mujeres con enfermedades crónicas, como hipertensión, diabetes y patologías cardíacas.
El OVP aseguró que los familiares deben asumir los costos de los medicamentos y tratamientos, mientras que los traslados a centros asistenciales se realizan únicamente en situaciones consideradas de extrema gravedad.
La organización recordó que durante 2026 documentó la muerte de dos mujeres privadas de libertad en La Crisálida: Fabiana Desirée Páez Fernández, quien padecía insuficiencia respiratoria, y Eleiner Sánchez, cuyos familiares habían solicitado reiteradamente su traslado a un centro médico, sin obtener autorización, según la denuncia.
Tras el segundo fallecimiento, se produjo un cambio en la dirección del establecimiento, que actualmente está bajo la responsabilidad de Andrea Veracierto, procedente del anexo femenino del Centro Penitenciario David Viloria, conocido como Uribana, en el estado Lara.
Restricciones de visitas y problemas de alimentación
El informe también señala que las reclusas enfrentan restricciones para recibir visitas de familiares hombres, mientras que los encuentros con sus hijos menores de edad se autorizan principalmente en fechas especiales.
Asimismo, el OVP denunció que las mujeres detenidas por razones políticas están excluidas de las visitas conyugales, un beneficio al que sí pueden acceder otras internas cada quince días.
En materia de alimentación, las reclusas reciben principalmente granos, arroz, pasta, arepas, papas y mortadela, una dieta que la organización considera insuficiente y poco balanceada.
El suministro de agua por tuberías, por su parte, se produce entre tres y cuatro veces por semana, con restricciones para su almacenamiento. Las internas pueden recoger únicamente dos recipientes de agua y dependen de sus familiares para complementar el abastecimiento.
Ante estas condiciones, el Observatorio Venezolano de Prisiones anunció que llevará las denuncias ante instancias internacionales, al considerar que existen vulneraciones de los derechos fundamentales de las mujeres privadas de libertad.
La organización aseguró que continuará documentando las condiciones del establecimiento y denunciando las presuntas irregularidades, al tiempo que exigió garantías de atención médica, alimentación adecuada y trato digno para todas las detenidas.
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