El pasado viernes se ejecutó una operación contra presuntos miembros de la guerrilla colombiana del Ejército de Liberación Nacional (ELN), en el estado venezolano de Apure, cerca de la frontera con Colombia. Sin confirmación oficial, fueron organizaciones defensoras de derechos humanos que trabajan en la zona, como Fundaredes, las que informaron de al menos una veintena de muertos. Este martes, The New York Times ha revelado que Estados Unidos participó en el ataque, llevado a cabo con drones, en una ofensiva directa contra los grupos irregulares colombianos que durante años han ido estableciendo operaciones en Venezuela ante la inacción de las autoridades.
Según cuatro funcionarios estadounidenses citados por el diario, la operación se llevó a cabo el viernes pasado con el apoyo de inteligencia y drones de Estados Unidos. Un alto mando militar venezolano también confirmó el ataque. Entre los vecinos de Puerto Páez, una zona controlada por el ELN, se hablaba de un bombardeo y en grupos de WhatsApp circularon fotografías de algunos de los fallecidos. Periodistas locales de la Alianza Rebelde Investiga lograron identificar a ocho de los muertos, entre ellos dos colombianos y cuatro mexicanos, con información recogida en la morgue, el hospital y el cementerio de San Fernando de Apure, a más de 400 kilómetros de Caracas. Fundaredes, la primera organización en alertar de lo ocurrido, contabilizó 23 muertos y un número indeterminado de heridos en los ataques contra una base del ELN utilizada como centro de distribución de cocaína, según los testimonios recogidos por el Times entre supervivientes y vecinos.
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Esta sería la segunda operación de este tipo, después de que en junio un ataque aéreo acabara con el cabecilla del Tren de Aragua, Héctor Guerrero Flores, alias Niño Guerrero, en las minas de oro del estado Bolívar, como aseguró entonces Donald Trump en sus redes sociales, al día siguiente de que vecinos de la zona informaran de operativos de seguridad. Esta operación conjunta pone en evidencia cómo la Administración de Trump despliega desde el año pasado su estrategia militarizada contra el narcotráfico en América Latina. De los ataques contra embarcaciones frente a las costas de Venezuela y Colombia se ha pasado a operaciones en tierra. El propio New York Times ha revelado que Washington y Caracas evaluaban la posibilidad de desplegar tropas estadounidenses en Venezuela, como parte del tutelaje que Estados Unidos ejerce desde el 3 de enero, cuando capturó a Nicolás Maduro y a su esposa, Cilia Flores.
Las autoridades venezolanas no han informado sobre lo ocurrido. Solo el ministro de Interior y Justicia, Diosdado Cabello, aseguró que ha desplegado a la policía científica en la zona para investigar unas “muertes extrañas”. También anunció el envío de fuerzas militares a la frontera de más de 2.000 kilómetros con Colombia, en respuesta a la militarización de Norte de Santander ordenada por el presidente colombiano, Abelardo de la Espriella. “No queremos conflictos internos en Venezuela, y menos que no sean nuestros”, dijo Cabello.
En los últimos años, el ELN se ha ido replegando hacia Venezuela. Según investigaciones periodísticas, tiene entre 900 y 2.000 combatientes en al menos 38 municipios fronterizos de los estados de Apure, Amazonas, Táchira y Zulia, donde controla pistas clandestinas para el narcotráfico y se dedica también al contrabando de combustible y minerales y a la extorsión. Durante años se señaló al chavismo de albergar en su territorio a guerrilleros del ELN y disidentes que se apartaron del acuerdo de paz firmado en 2016 con las FARC, aunque el Gobierno siempre lo ha negado.
Las disidencias de las FARC también han penetrado algunos territorios y en 2021 el Gobierno de Nicolás Maduro desplegó una operación contra este grupo que llevó al desplazamiento a más 5.000 personas hacia el Arauca colombiano. Las autoridades venezolanas combatieron entonces a grupos de las extintas FARC que estaban disputándose el territorio con el ELN, contra quienes, hasta ahora, habían evitado ejercer acciones. En medio de ese incidente, uno de los más graves en los últimos años, fue apresado por sus denuncias sobre la presencia de los irregulares el activista Javier Tarazona, de Fundaredes, liberado este año en medio de la apertura política forzada por Estados Unidos.
En la acusación penal que enfrenta ahora Maduro en un tribunal de Nueva York se le señala como aliado del ELN en el envío de cocaína a Estados Unidos. El ELN también ha sido señalado por controlar minas en el sur del país y por operar como un grupo armado aliado de las Fuerzas Armadas para enfrentarse a otras organizaciones criminales, según informes de International Crisis Group.
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