Zoraida Chirinos vive en Caucaguita, una barriada pobre en la periferia del valle de Caracas. El agua llega a su casa, afirma, “una vez al mes”. Cuando esto sucede, pueden tener el servicio por tres días. Luego se vuelve a ir y su familia se organiza para comprar, junto a otros vecinos, un camión cisterna que abastece a los hogares que se comprometieron a pagarla. Cancelar el precio de todo el camión puede costar entre 80 y 100 dólares. Chirinos la compra por recipientes medianos, unos cuatro, cada uno de ellos a seis mil bolívares (tres dólares). Con eso se apañan, hasta que vuelva a llegar el líquido, al mes siguiente. La mujer, de 43 años, trabaja como empleada doméstica en una urbanización de clase media. Vive con su hija, su madre y sus dos hermanas.
Jorge Padrón habita en La Lagunita, una urbanización de mansiones y chalets en el extremo sureste de la ciudad. Aquí hay casas que han pasado hasta dos meses sin recibir el servicio. El agua, comenta, puede llegar tres o cuatro veces a la semana. “Las casas tienen tanques grandes de reserva”, dice. “Los vecinos contratan un camión, lo llenan y se olvidan de eso. Con un tanque lleno se puede pasar dos semanas con agua”, afirma. Padrón es empresario. Tiene tres hijos que ya se marcharon de casa. Vive con su esposa. Gerencia dos negocios de su propiedad en Caracas.
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La mala calidad del servicio de agua, junto al de la luz, forman parte de la larga lista de calamidades cotidianas que tiene que afrontar el venezolano desde hace un par de lustros. Todo el mundo en algún momento queda tocado por sus consecuencias. El colapso de ambos servicios se fue gestando desde 2007 y se consolidó definitivamente en 2014. El pico de este colapso fue el mega-apagón nacional del 7 de marzo de 2019, de una semana de duración, que produjo un grave estremecimiento cotidiano en plena crisis económica y que el gobierno de Nicolás Maduro adjudicó a “un ataque” orquestado por la CIA. Aquel día colapsaron la luz y el agua. “En materia eléctrica estamos hoy mucho peor que en 2019”, dice Víctor Poleo, exviceministro de Energía.
La captura de Nicolás Maduro por tropas estadounidenses el 3 de enero no ha cambiado el panorama. Los apagones de varias horas y sin un cronograma oficial regresaron en febrero, tras una aparente estabilización durante 2025. Ese mismo mes, la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, y el secretario de Energía de EE UU, Chris Wright, anunciaron en Caracas una asociación energética a largo plazo, que incluía proyectos de petróleo, gas, minería y energía eléctrica. En septiembre, durante una segunda visita de Wright, se firmó una alianza estratégica para recuperar la infraestructura eléctrica de la industria petrolera y fortalecer el sistema eléctrico nacional.
Mientras tanto, las explicaciones oficiales han ido cambiando. En marzo, Rodríguez decretó una semana de asueto para escuelas y ministerios dentro de un plan de ahorro energético, y atribuyó el récord de demanda al crecimiento económico. El doble terremoto del 24 de junio dañó torres, líneas de transmisión y la planta termoeléctrica Termocarabobo, que generaba 600 megavatios. En agosto, la presidenta encargada pidió a la población ahorrar luz y agua ante el Superniño y prometió sumar 4.800 megavatios antes de fin de año. A finales de septiembre, el ministro de Energía Eléctrica, Rolando Alcalá, habló de incorporar 1.300 megavatios en el último trimestre.
Según el analista Efraín Rincón, de Consultores 21, los cortes diarios afectan al 99% de los hogares del Zulia, al 98% de los Andes y al 82% de Caracas. La demanda nacional ha superado los 15.700 megavatios, con una generación disponible de poco más de 13.000. Las protestas nocturnas con cacerolazos y quema de neumáticos se han multiplicado en el interior.
El abismo entre Caracas y el interior
Hoy en Caracas hay problemas, pero la situación sigue siendo relativamente manejable. En el interior del país el deterioro es mucho más mortificante y se ha agravado en los últimos meses. Aquí las fallas prolongadas y frecuentes en el servicio eléctrico suelen provocar averías en los motores del servicio de bombeo, con lo que, al irse la luz, se va también el agua.
En Maracaibo, la segunda ciudad del país, la situación del servicio eléctrico es dramática. La luz puede faltar hasta 8 horas al día y volver en la madrugada. La situación también se ha agravado recientemente en las ciudades de Maracay y Valencia, dos núcleos urbanos importantes —el primero militar; el segundo, industrial. Las insuficiencias eléctricas en las ciudades andinas de San Cristóbal, Mérida y Trujillo tienen 15 años de duración.
En Barquisimeto, la cuarta ciudad del país, hoy los cortes de luz son diarios y de seis horas. “Con un corte prolongado, el agua puede ausentarse un día entero”, cuenta Richard Gómez, licenciado en historia y gerente deportivo. “La mayoría de los edificios del centro se apoyan en camiones cisterna para el agua. Los cortes eléctricos afectan la vida cotidiana, los semáforos, los centros comerciales, las escuelas, la vida en la casa. Es bastante lamentable la situación”. En todas las ciudades grandes de Venezuela, con excepción de Caracas, está muy extendido el uso de plantas eléctricas privadas.
El colapso en la geografía nacional es de carácter alternativo. La Isla de Margarita, y la ciudad portuaria de Cumaná, al oriente de Venezuela, acaban de surcar un grave desierto de varios meses de escasez extrema de agua, a causa de una avería por el derrumbe del túnel de transvase del embalse de Turimiquire, que sirve a ambos lugares.
Caracas: tanques y camiones cisterna
La compra de agua a través de camiones cisterna se ha convertido en la principal opción de muchísimas personas en Venezuela para poder abastecerse del más elemental de todos los servicios públicos. Es un negocio floreciente, en negro, tolerado por las autoridades en vista de las complicaciones actuales para garantizar el abastecimiento. Los propietarios de los camiones consiguen el agua en varios de los pozos naturales y manantiales de la periferia de la ciudad (San Diego de los Altos, el Parque Nacional El Ávila, la zona rural de Macarao o las laderas que le siguen a Petare). En el Parque del Este, el más importante de la ciudad, hay una toma muy conocida de agua para camiones cisterna.
Es agua para el aseo, nunca para beber. Esta se compra en los automercados. Hay muchas compañías privadas que la venden de puerta en puerta, con camiones que recorren todas las zonas de la ciudad en visitas semanales. En los apartamentos de clase media y zonas pudientes son comunes los filtros de ozono. En las capas pobres de la población, el agua siempre se hierve antes de usarse en la cocina.
No hay un único patrón para medir la falta de agua en Caracas. Hay zonas planas de la ciudad en las que el servicio es casi permanente. En la Campiña, un reparto de clase media, el agua la cortan los fines de semana. En Santa Rosa de Lima, con lujosos apartamentos, el agua llega los jueves y se va los domingos. En los Cortijos de Lourdes, con edificios de oficinas, el agua llega cuatro veces a la semana. Muchos edificios en Caracas tienen dos y tres tanques y la gente no nota la ausencia del agua en las calles. La instalación de tanques dentro de los apartamentos —y también dentro de las chabolas— se ha hecho casi general.
“El agua llega el sábado en la noche y se va el domingo en la noche. Uno tiene que pasarse el domingo lavando y cocinando; es el día del agua”, cuenta Alex Mejía, mototaxista, padre de dos hijos. Vive en El Guarataro, una barriada de chabolas consolidadas del oeste de Caracas, una urbe de más de cinco millones de habitantes. “Uno almacena lo que puede, y ya hacia el miércoles, que empieza a necesitar más, cargamos pipotes a cinco dólares cada uno”, comenta. El agua la toman de un tanque, que los vecinos llaman El Manantial, cercano a una sub sede de Hidrocapital, la empresa estatal encargada de administrar y mantener los sistemas de distribución de agua potable, al norte de aquella colina.
15 años en crisis continua
Venezuela, uno de los primeros países de Latinoamérica en electrificar totalmente su territorio, tuvo en el pasado un servicio de luz bastante óptimo. El de agua, en cambio, siempre presentó deficiencias crónicas (aunque nunca como las actuales). Norberto Beausson, presidente de la Sociedad Venezolana de Ingeniería Hidráulica, afirma que el país necesita producir 150.000 litros de agua por segundo para tener un parámetro estable, pero que apenas logra generar 40%. Alejandro López González, ingeniero eléctrico de La Universidad del Zulia, dice por su parte que el país necesitaría 16.000 megavatios para tener un servicio eléctrico solvente, pero está produciendo apenas 12.000.
Las causas de este rezago, que ya pasa de los 15 años, encuentran sus raíces, de acuerdo a los expertos, en la falta de mantenimiento, la corrupción desbordada y un prolongado período de abandono e ineficiencia. Los voceros del chavismo suelen responsabilizar a las sanciones internacionales promovidas por Estados Unidos, que dificultan la compra de repuestos para iniciar las reparaciones.
Los expertos coinciden en ubicar el declive de los servicios del agua y la luz luego de la ola de estatizaciones que inició Hugo Chávez después de ser reelecto para su segundo mandato, en diciembre de 2006. A partir de entonces, la dirección de las empresas estatales acentuó su orientación ideológica. En particular, con la nacionalización de la Electricidad de Caracas, una de las empresas privadas más antiguas del país.
En 2007, Chávez decidió acabar con el esquema mixto del servicio eléctrico y centralizó las operaciones a nivel nacional, con la creación de la Corporación Eléctrica Nacional, Corpoelec. “Se fue profundizando un proceso muy grave de desprofesionalización del personal de ambos servicios. El Gobierno empezó a promover a cuadros ideológicamente comprometidos, se negó siempre a ajustar tarifas y despreciaba el conocimiento técnico”, afirma José María de Viana, gerente público e ingeniero civil de la Universidad Católica Andrés Bello. “Con el agua, Venezuela tiene un problema de transporte y bombeo y otro de tratamiento. No es un problema de falta de acueductos. Es falta de mantenimiento”, afirma.
“Lo que vino con la creación de Corpoelec fue una debacle de ingenieros”, recuerda González López, que también desempeñó cargos en la gerencia pública. “La gran mayoría emigraron. Luego de ver lo que pasó en PDVSA en 2002 [10 mil profesionales despedidos luego de haber convocado una huelga contra el Gobierno], nadie se quiso quedar en Corpoelec. Al tomar la empresa, el Gobierno acabó con las gerencias y creó los famosos comisariatos. Comenzó el discurso obrerista, voluntarista, antigerencial, colectivista, comprometido ideológicamente”, explica.
Poleo no se sorprende: “A mí no me extraña este deterioro. Las plantas termoeléctricas no están funcionando. Las reparaciones han fracasado. Hay mucha inexperiencia en el personal. La represa del Guri, que alimenta el 70% del sistema eléctrico, tiene 20 unidades generadoras de turbinas, y siete no funcionan”. Por lo menos siete proyectos de mejoras del sistema hidroeléctrico en los últimos años, afirma Poleo, se ejecutaron de forma fallida, con graves sobrefacturaciones. El servicio del agua, afirma De Viana, puede mejorar en un plazo no tan largo. El eléctrico se puede tomar mucho más tiempo, como lo reconocen incluso las autoridades actuales.
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