José Antonio Kast, presidente de Chile, ha decidido destituir al subsecretario de Justicia, Luis Silva, en medio de un escándalo político que sacude al país. La controversia se centra en las rebajas de condena otorgadas a más de medio centenar de abusadores sexuales, pederastas y condenados por crímenes de lesa humanidad, lo que ha desatado una ola de indignación pública.
En un comunicado oficial, la Presidencia chilena anunció la llegada de Josefina Soto como nueva subsecretaria, agradeciendo a Silva por su trabajo durante su gestión. La abogada, graduada de la Pontificia Universidad Católica de Chile, asume en un momento crítico para el gobierno, que enfrenta serias presiones por la gestión de la justicia penal.
La destitución de Silva, quien es militante del oficialista Partido Republicano, ocurrió tras la difusión de un video no autorizado en el que intentaba justificar las reducciones de penas aplicadas entre marzo y septiembre de 2026. La polémica se intensificó a pesar de que el presidente decidió mantener en su cargo al ministro de Justicia, Fernando Rabat, lo que ha generado críticas tanto de la oposición de izquierda como de sectores de la derecha oficialista.
ADVERTISEMENT
Las fuerzas opositoras han calificado la salida de Silva como un gesto insuficiente, anunciando que en los próximos días formalizarán la solicitud de un juicio político en el Congreso Nacional contra el ministro Rabat, buscando hacer efectiva su responsabilidad constitucional. La crisis institucional ha tenido un impacto negativo en la valoración pública del gobierno de Kast, que se ve salpicado por el otorgamiento de beneficios carcelarios que permitieron la excarcelación de 56 personas condenadas por delitos sexuales contra menores.
La presidenta del Frente Amplio, Gael Yeomans, criticó duramente la situación en la red social X, señalando que «Kast saca a Silva porque hizo un video sin avisar», sugiriendo que al mandatario le importa más la forma que el fondo, mientras que Rabat continúa en su puesto sin consecuencias.
La controversia persiste en el ámbito legislativo, donde se han señalado vacíos en la aplicación retroactiva de las normas aprobadas en 2022 que restringen los beneficios penitenciarios para los delitos de abuso a menores. Mientras el ministro Rabat defiende la legalidad de los decretos firmados, argumentando que obedecen a exigencias técnicas de informes de Gendarmería, algunos parlamentarios recuerdan que las administraciones anteriores rechazaban sistemáticamente tales rebajas de pena, lo que complica aún más la situación del gobierno.
Si quieres recibir en tu celular esta y otras informaciones descarga Telegram, ingresa al link https://t.me/albertorodnews y dale click a +Unirme.
Deja una respuesta