Una publicación difundida en Instagram, que atribuye su texto a Mary Elisa Palma y remite a una nota de El Impulso, sostiene que el Ejecutivo nacional comenzó a traspasar la gestión, operatividad y administración de varias empresas públicas al sector privado. El objetivo declarado en ese relato es reactivar la producción nacional y captar capitales. Hasta ahora, la información no ha sido corroborada por medios independientes ni acompañada de documentación oficial en la fuente consultada.
Según ese material, el mecanismo se apoya en la Ley Antibloqueo y contempla cláusulas de confidencialidad y reserva sobre los términos contractuales. A través de ese marco se habrían otorgado alianzas estratégicas, contratos de administración y esquemas de gestión en manufactura, comercio e industria.
El texto también recoge advertencias de economistas y sectores gremiales: el diseño normativo limitaría la auditoría pública y la contraloría social, porque mantiene bajo reserva la identidad de los inversionistas, los montos comprometidos y las condiciones para repartir dividendos con el Estado. Esa opacidad, añade, dificulta medir el alcance del plan.
De acuerdo con la publicación, algunas plantas ya habrían comenzado a operar líneas de producción bajo esta modalidad, pero la ausencia de datos oficiales consolidados impide precisar cuánto abarca el programa y cómo incide en el empleo y en la oferta de bienes. El propósito, según la misma versión, es revertir la parálisis e ineficiencia de decenas de activos expropiados en las últimas dos décadas, con corporaciones privadas a cargo de producción y comercialización a cambio de inversión en mantenimiento y recuperación.
El texto plantea que la entrada de capital privado en activos públicos implica una flexibilización del modelo económico centralizado. No obstante, economistas citados sostienen que una reactivación sostenible exige institucionalidad, seguridad jurídica plena y licitaciones transparentes que den confianza a los mercados internacionales. En el contexto venezolano, la discusión sobre la Ley Antibloqueo y la gestión de empresas estatales ocurre en medio de reclamos recurrentes por mayor transparencia en el manejo de recursos y contratos públicos.
Con información de www.instagram.com. Fuente original.
Deja una respuesta