La División de Investigaciones Criminales del Departamento de Servicios Financieros de Florida desmanteló una red de fraude que operaba desde una oficina en Doral, en el condado de Miami-Dade, y arrestó a cinco personas, entre ellas cuatro venezolanos.
De acuerdo con la información difundida por medios locales, los funcionarios, con la ayuda de un «testigo colaborador», utilizaron mensajes de WhatsApp, transacciones en Zelle y otras pruebas para armar los cinco casos.
Según los informes de detención, el testigo «describió un método en el que el solicitante permanecía visible para el supervisor en línea mientras se mantenía fuera del campo de visión de la cámara y manejaba los controles del examen para seleccionar las respuestas».
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En ese sentido, los agentes estatales aprehendieron a Alejandro Mollinedo, Ángel Contreras, Adriana Gil, Yohana Fernández e Iyad Lamaa, siendo los cuatro últimos venezolanos, según testimonios, por su presunto papel en el plan en una oficina en 8300 NW 53 St. en Doral.
La información indica que Mollinedo, de 36 años, presuntamente completaba el trabajo previo a la obtención de la licencia de los solicitantes, les proporcionaba los certificados y canalizaba el pago a través de Contreras, de 44 años, y quien es su cuñado.
«Contreras estableció la tarifa habitual de 30 dólares por solicitante, recibió los pagos a través de Zelle y pagó a Mollinedo», escribió un agente en el informe de detención.
Asimismo, los investigadores identificaron a Fernández, de 28 años; Gil, de 44; y Lamaa, de 41, como participantes que habían reportado a Contreras.
Los implicados fueron detenidos durante la mañana del miércoles 21 de octubre.
Según los registros, Lamaa enfrenta cinco cargos por crimen organizado, conspiración para delinquir, plan organizado para defraudar, uso ilegal de un dispositivo de comunicaciones y ejercer como agente de seguros sin licencia.
Por su parte, Fernández también está siendo procesada por los cargos de crimen organizado, conspiración para delinquir, plan organizado para defraudar, uso ilegal de un dispositivo de comunicaciones y ejercer como agente de seguros sin licencia.
Gil se enfrenta a cinco cargos de crimen organizado, conspiración para delinquir, plan organizado para defraudar, uso ilegal de un dispositivo de comunicaciones y ejercer como agente de seguros sin licencia.
Mollinedo, identificado como un ciudadano cubano, se enfrentó a cuatro cargos por crimen organizado, conspiración para delinquir, plan organizado para defraudar y uso ilegal de un dispositivo de comunicaciones.
Contreras contempla seis cargos de fraude organizado, crimen organizado, conspiración para delinquir, uso ilegal de un dispositivo de comunicaciones, ejercer como agente de seguros sin licencia y fraude en las comunicaciones.
Tanto Contreras como Fernández estaban detenidos por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos.
Otras dos presuntas involucradas en este caso, señaladas como la prima de Gil, Lenys Gil, y Katherinne Zerpa, figuran como sospechosas y permanecen prófugas de la justicia.
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