La mesa de diálogo político en Venezuela acordó revisar el artículo 105 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, disposición que permite imponer inhabilitaciones para ejercer funciones públicas por un período de hasta 15 años.
La diputada Elimar Díaz, integrante de la delegación de la Asamblea Nacional de 2015 en las conversaciones, informó que el acuerdo fue alcanzado durante la tercera ronda de negociaciones.
Díaz señaló a través de su cuenta en X que el propósito de la revisión es modificar el mecanismo actualmente contemplado en la legislación para “que nunca más haya inhabilitaciones políticas en Venezuela”.
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El artículo 105 establece que el contralor puede imponer, de acuerdo con la gravedad de una irregularidad administrativa, la inhabilitación para el ejercicio de funciones públicas hasta por un máximo de 15 años.
La aplicación de esta disposición ha generado controversia durante años en Venezuela debido a su utilización para impedir que dirigentes políticos puedan ejercer cargos públicos o presentarse como candidatos en procesos electorales.
¿Uno de los avances en la mesa de diálogo? La revisión del artículo 105 de la Ley de Contraloría para que NUNCA MÁS hayan INHABILITACIONES políticas en Venezuela.
— Elimar Díaz G. (@ElimarDiazG) October 23, 2026
La discusión sobre este mecanismo también ha llegado a instancias internacionales. En 2011, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) determinó, en el caso de Leopoldo López, que la imposición de inhabilitaciones administrativas que restrinjan el derecho a ser elegido es incompatible con las garantías previstas en la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
El tribunal estableció que las restricciones de los derechos políticos deben derivarse de una condena dictada por un juez competente dentro de un proceso penal, y no únicamente de una decisión adoptada por un órgano administrativo.
La eventual modificación del artículo 105 se incorpora así a los asuntos abordados en la mesa de diálogo, que también ha discutido garantías políticas y electorales, reformas institucionales y la renovación del sistema de justicia venezolano.
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