El dirigente político Juan Barreto anunció que el partido Redes acudió este viernes al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) para solicitar la nulidad por razones de inconstitucionalidad de varios artículos de la Ley de Partidos Políticos, Reuniones Públicas y Manifestaciones.
La organización consignó el recurso ante la Sala Constitucional, según informó Barreto, quien precisó que «el escrito está suscrito por la nueva dirección política de Redes».
La acción judicial incluirá, además, una solicitud de amparo cautelar y, de manera subsidiaria, una medida cautelar innominada, con el propósito de obtener la restitución de los derechos políticos de la organización y de otras agrupaciones que, de acuerdo con sus denuncias, han sido apartadas de la participación electoral mediante intervenciones judiciales.
«Nosotros muy respetuosamente estamos pidiendo la nulidad por razones de inconstitucionalidad de varios artículos de la ley que regula los partidos políticos y la participación», afirmó Barreto durante la presentación de la nueva dirección de la organización.
El dirigente sostuvo que las disposiciones cuestionadas han sido utilizadas para restringir la participación de partidos no alineados con el Gobierno y facilitar la adjudicación de tarjetas electorales a otros factores políticos.
La solicitud, explicó, «pretende que se restituya de inmediato los derechos afectados».
«Nuestros derechos deben ser restituidos de inmediato y, junto con nuestros derechos, los derechos de más de 40 partidos que hoy se encuentran secuestrados, inhabilitados, con falsas direcciones políticas que han sido intervenidos», declaró.
El recurso se centra específicamente en los artículos 25 y 32 de la mencionada ley por ser «abiertamente contrarios al derecho a la igualdad» al favorecer «a los grandes partidos políticos tradicionales» en detrimento «de la representación de las minorías».
Denuncia de exclusión política
Barreto afirmó que la organización Redes ha sido «objeto de persecución y judicialización durante al menos una década» y denunció que la organización fue apartada de la competencia política mediante decisiones que calificó de arbitrarias».
«Redes ha sido judicializada y perseguida durante al menos dos quinquenios. Fuimos sacados a la fuerza de la participación política y nuestra tarjeta fue expropiada», señaló.
El dirigente mencionó también los casos del Partido Comunista de Venezuela (PCV), Tupamaro y Acción Democrática como ejemplos de organizaciones cuyos derechos de participación han sido afectados por intervenciones y disputas sobre su conducción política y sus tarjetas electorales.
En el caso de Redes, sostuvo que la organización fue desplazada pese a que «no existían problemas jurídicos ni divisiones internas que justificaran esa decisión».
A su juicio, las actuaciones respondieron a decisiones políticas destinadas a impedir que determinados sectores tuvieran representación.
Barreto vinculó la iniciativa con las denuncias sobre inhabilitaciones políticas y con las recientes declaraciones de la ex magistrada Bárbara César Siero, quien ha reconocido su participación en la firma de decisiones de ese tipo y mencionó explícitamente el caso del partido Redes.
El recurso, insistió Barreto, «no estará limitado a los intereses de su organización».
«No se trata entonces de defender los intereses de Redes o de un puñado de venezolanos por numerosos que seamos, sino defender los intereses concretos y difusos de carácter político y social de todos los venezolanos y de todas las organizaciones políticas», afirmó.
Buscan sumar a otros partidos
La organización anunció que el documento estará abierto a la adhesión de otras agrupaciones políticas y ciudadanos que respalden la iniciativa. Barreto invitó a los sectores que consideren afectados sus derechos de participación a suscribir el planteamiento.
«Este documento no pretende beneficiar a una organización política, sino democratizar a Venezuela, abrir un camino que restituya el orden constitucional», dijo.
El dirigente presentó la acción como una iniciativa para promover la reinstitucionalización del país y crear condiciones para una competencia política con garantías. También pidió al TSJ que examine el planteamiento y actúe para restablecer los derechos que Redes considera vulnerados.
«Este documento es un documento para la paz, es un documento para el entendimiento, es un documento para la estabilidad política y es un documento para que en Venezuela existan condiciones, garantías y transparencia», sostuvo para finalizar.
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