Las cifras de deportaciones han sido un pilar fundamental en la narrativa de la administración de Donald Trump en torno a su política migratoria. Sin embargo, un nuevo análisis destapa inconsistencias entre los números oficiales, las situaciones que involucran y los antecedentes de los deportados.
El estudio, realizado por Marc Rosenblum, exdirector de la oficina de estadísticas del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), para el Migration Policy Institute, arroja luz sobre el tema. Publicado por News From The States, el análisis contabiliza 980.000 deportaciones durante aproximadamente los primeros 18 meses del segundo mandato de Trump, hasta el 31 de julio de 2026. Este total, sin embargo, no se limita a un solo año, sino que abarca un periodo más amplio.
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Rosenblum explica que el recuento incluye expulsiones tras detenciones, acuerdos para salir voluntariamente del país y devoluciones en la frontera. Un dato relevante es que solo el 20% de las personas deportadas tenía antecedentes penales. Entre aquellos que llevaban al menos dos años en Estados Unidos, la proporción ascendía al 28%. “Estos datos no sugieren que la administración esté deportando a los peores criminales”, afirma el investigador.
Incluso entre los deportados con condenas, la mayoría de sus antecedentes se relacionan más con infracciones migratorias o de tránsito que con delitos violentos. En contraste, funcionarios del DHS insisten en que la permanencia irregular en el país justifica la deportación. Tom Homan, responsable de la política fronteriza del gobierno, defendió la intensificación de las operaciones en un encuentro con líderes hispanos en Miami el 1 de octubre, afirmando que “se están produciendo deportaciones masivas” y anticipando una expansión de las acciones para el próximo año.
Las «autodeportaciones» son una categoría más compleja de medir. El DHS reportó más de 2,2 millones de estas, basándose en la disminución de la población inmigrante en encuestas. Sin embargo, esta interpretación es cuestionada, ya que muchos creen que el descenso refleja el temor de los inmigrantes a interactuar con las autoridades. Rosenblum estima que entre 310.000 y 1,5 millones de inmigrantes que llevaban al menos un año en el país se marcharon por su propia iniciativa, sin contar acuerdos formales de salida voluntaria.
Rosenblum elaboró su estudio únicamente con registros públicos, tras haber trabajado en el DHS desde 2016 y dirigir su oficina de estadísticas hasta su renuncia en julio, en protesta por lo que describió como una “guerra contra los inmigrantes”. Un análisis previo de ABC News ya había revelado un cambio en el perfil de los arrestados por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). Desde el inicio del segundo mandato de Trump hasta el 4 de mayo de 2025, el 23% de los arrestados no tenía antecedentes penales, cifra que aumentó al 44% en un periodo posterior. En áreas como Los Ángeles y Nueva York, casi el 60% de los arrestados en los primeros diez días de junio de 2025 no contaba con condenas ni cargos pendientes.
Consultado por ABC News, el DHS defendió sus operaciones, afirmando que se sigue enfocando en personas consideradas peligrosas. La narrativa oficial de la administración, sin embargo, se tambalea ante un análisis que revela una realidad más compleja y menos criminal de lo que se ha presentado.
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