Tres relatores especiales y dos grupos de trabajo de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) instaron formalmente a las autoridades interinas de Venezuela a reconsiderar su retiro de la Corte Penal Internacional (CPI), advirtiendo que esta medida pone en peligro el acceso de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación por delitos graves.
La comunicación oficial, enviada el 18 de agosto de 2026 y difundida al cumplirse el plazo de 60 días sin recibir contestación, señala que el retiro anunciado el pasado 24 de julio conlleva «riesgos inconmensurables» frente a crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra y genocidio.
Los expertos recordaron que, de acuerdo con el artículo 127 del Estatuto, la salida formal toma un año en concretarse y el Estado mantiene la obligación de cumplir plenamente con sus compromisos ante la Corte Penal Internacional (CPI) durante ese periodo y sobre los hechos investigados.
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Igualmente, los mandatos de la ONU destacaron que la CPI sigue siendo el único recurso judicial capaz de garantizar justicia para las víctimas, debido a que las deficiencias del sistema de justicia interno han impedido investigaciones independientes y eficaces en el país.
La ONU solicitó a las autoridades información detallada sobre la compatibilidad de esta decisión con los derechos de las víctimas, las medidas de reparación y los procesos internos para investigar y enjuiciar a los presuntos responsables de violaciones a los derechos humanos.
Con información de Provea
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