La ONG Comité por la Libertad de los Presos Políticos (CLIPP) informó este viernes que se reunió con la delegación opositora que dialoga con el chavismo y pidió su intervención para que se derogue la ley contra el odio y otras normas que considera «restringen el ejercicio de los derechos fundamentales» en Venezuela.
«Han sido utilizadas para perseguir la disidencia política, criminalizar la crítica, restringir la libertad de expresión y amenazar la autonomía y existencia de las organizaciones de la sociedad civil, en abierta contradicción con las garantías consagradas en la Constitución», afirmó el CLIPP en su cuenta de X.
ENCUENTRO | Ratificamos nuestras exigencias de libertad y derogación de las leyes contra las ONG y el odio ante la mesa que discute el futuro de Venezuela
Desde el Comité por la Libertad de los Presos Políticos (CLIPPVE) ratificamos nuestra exigencia de libertad plena para todas las personas detenidas por motivos políticos, así como el restablecimiento de las libertades democráticas, ante quienes participan en las mesas de trabajo donde se discute el futuro de Venezuela.
Durante un encuentro con la delegación de la Asamblea Nacional de 2015 y organizaciones de la sociedad civil, este jueves #15Oct, exigimos la derogación inmediata de las leyes e instrumentos jurídicos que restringen el ejercicio de los derechos fundamentales, especialmente la Ley de Fiscalización de las ONG y la Ley contra el Odio.
Estas normas han sido utilizadas para perseguir la disidencia política, criminalizar la crítica, restringir la libertad de expresión y amenazar la autonomía y existencia de las organizaciones de la sociedad civil, en abierta contradicción con las garantías consagradas en la Constitución.
No se trata de reformar instrumentos concebidos para restringir derechos, sino de derogarlos. Su permanencia constituye una amenaza para cualquier proceso de cambio político que aspire a restablecer la democracia, el Estado de derecho y las libertades fundamentales. No es posible construir un futuro democrático sobre las mismas normas creadas para perseguir a quienes piensan distinto.
Como víctimas y familiares, advertimos que los cambios de autoridades en instituciones como el Ministerio Público, la Defensoría del Pueblo y otros organismos del Estado no se han traducido en avances concretos en materia de justicia, libertad política ni lucha contra la impunidad. Las víctimas siguen enfrentando la descalificación de sus denuncias, la indiferencia institucional y prácticas de revictimización, mientras sus exigencias permanecen sin respuesta.
Valoramos el encuentro y la disposición de la delegación de la AN de 2015 (@AsambleaVE) a escuchar a las víctimas, familiares, organizaciones y defensores de derechos humanos. Al mismo tiempo, reiteramos que la confianza ciudadana no se recupera con anuncios, promesas o cambios de autoridades, sino con decisiones verificables, garantías efectivas y resultados concretos que respondan a las demandas de quienes han sufrido la persecución política.
Las víctimas no pueden quedar al margen de las decisiones sobre el futuro del país, ni sus derechos pueden estar sujetos a negociaciones políticas. Su participación debe ser reconocida y sus exigencias atendidas.
Venezuela no podrá avanzar hacia una verdadera reconstrucción democrática mientras existan presos políticos, permanezcan vigentes los instrumentos de persecución y se mantenga la impunidad.
¡Libertad plena para todos los presos políticos!
#QueSeanTodos
— Comité por la Libertad de los Presos Políticos (@clippve) October 16, 2026
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Asimismo, pidió en esta reunión -que fue el jueves- que se derogue la Ley de Fiscalización de las ONG -aprobada en 2024 y considerada por organizaciones como una norma que atenta contra la libre asociación-, y reiteró su solicitud para que se liberen a los presos políticos de Venezuela, que son 322 según Foro Penal.
El pronunciamiento del CLIPP se da cuando el Parlamento evalúa una reforma parcial de la ley contra el odio luego de que la mandataria encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, lo solicitara en septiembre y reconociera que las autoridades la aplicaron mal y la utilizaron de forma abusiva, como denunciaron por años varias ONG y la oposición.
Al menos 927 personas en Venezuela fueron acusadas de «incitación al odio» desde la aprobación de esta norma, en 2017, según datos difundidos este mes por Foro Penal, ONG dedicada a la defensa de los presos políticos.
La Ley Constitucional contra el Odio, por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia fue aprobada en noviembre de 2017 por la chavista Asamblea Nacional Constituyente, instalada ese año en paralelo al Parlamento mayoritariamente opositor, tras meses de crisis política y masivas protestas antigubernamentales en el país.
Su aprobación se hizo tras una solicitud expresa del entonces presidente Nicolás Maduro para acabar con los supuestos mensajes de «odio» que, según el oficialismo, desataron la ola de protestas que sacudieron el país entre abril y agosto de ese año.
Esta legislación establece penas de hasta 20 años de cárcel contra los llamados «delitos de odio» y ha sido criticada por defensores de derechos humanos y ONG, como Espacio Público, que en 2023 denunció que ha sido usada como un instrumento «para perseguir a personas por expresiones incómodas o críticas frente a ciertos sectores de poder».
La delegación opositora en el diálogo informó más temprano que ha sostenido reuniones con representantes de organizaciones no gubernamentales para revisar las garantías civiles y políticas de cara a la renovación de las instituciones en Venezuela.
EFE
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