Un grupo de expresos políticos entregó a Dinorah Figuera, presidenta de la Asamblea Nacional electa en 2015, un anteproyecto de Ley de Reparación de Daños a los Presos Políticos, una iniciativa que busca establecer mecanismos institucionales para documentar y atender las consecuencias de las detenciones y las presuntas violaciones de derechos humanos sufridas por las víctimas y sus familiares.
Ignacio Moreno y Daniel Romero participaron en el planteamiento de esta propuesta, que busca abrir una vía institucional para evaluar los daños económicos, patrimoniales, familiares y de salud que enfrentan quienes han sido excarcelados, así como establecer mecanismos de atención para los presos políticos que aún permanecen detenidos.
Moreno, quien estuvo recluido durante tres años en el Rodeo I, explicó que el anteproyecto contempla la creación de una mesa técnica encargada de revisar los casos, determinar las afectaciones y definir mecanismos de reparación.
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“Lo más interesante de esta propuesta es que es amigable, evita litigios contra la República”, señaló Moreno, al defender una alternativa que permita a las víctimas presentar sus reclamaciones por una vía institucional, sin tener que recurrir necesariamente a nuevos procesos judiciales.
El documento propone, según una nota de prensa, la participación de representantes gubernamentales, sectores vinculados a la transición política, especialistas en derechos humanos y miembros de la Iglesia católica. La finalidad es establecer un espacio de trabajo que permita evaluar cada situación y definir criterios para atender los daños denunciados.
Moreno advirtió que salir de prisión no significa recuperar automáticamente los derechos ni las condiciones de vida anteriores a la detención.
Explicó que algunos expresos políticos continúan enfrentando dificultades económicas, limitaciones para acceder a tratamientos médicos y obstáculos para recuperar sus bienes, mientras sus familiares también afrontan las consecuencias de la prisión.
“Si nosotros los presos no generamos nuestra propia respuesta, ¿quién lo va a hacer por nosotros?”, expresó el abogado.
Moreno sostuvo que la iniciativa busca facilitar una vía de entendimiento con el Estado para atender las reclamaciones y evitar que los conflictos se prolonguen mediante nuevos litigios.
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