«Vi niñas con hijos que evidentemente no habían procesado todo lo que les había pasado».
Esa imagen, de una menor de edad con un hijo, fue una de las más que le impactó a Mónica Maureira en su visita a la provincia de Condorcanqui, en el Amazonas peruano.
Por BBC Mundo
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Maureira viajó allí como parte de una delegación del Comité de Expertas del Mecanismo de Seguimiento de la Convención de Belém do Pará (Mesecvi) para evitar la violencia contra las mujeres en América Latina, adscrita a la Organización de los Estados Americanos (OEA).
En esa zona donde residen unos 70.000 miembros de las comunidades awajún y wampis, se registra un problema que ha disparado las alertas de expertos y activistas: desde 2014 se ha contabilizado cerca de 1.000 denuncias relacionadas a abusos sexuales de menores, tocamientos y casos de violencia de género que no han sido atendidos por la justicia peruana. (Algunas entidades señalan que podrían llegar a 1.400 casos).
Esto ha derivado en una epidemia de contagios de VIH entre menores de edad (incluso en niños y niñas de 3 y 4 años), decenas de casos de embarazo adolescente y una crisis de salud mental que se manifiesta en un aumento de los casos de intento de suicidio de adolescentes en estas comunidades.
«Cuando llegamos a la visita nos enteramos del caso de una joven que había intentado quitarse la vida bebiendo shampoo y cuando nos fuimos nos informaron de otro caso», le dice Maureira a BBC Mundo.
La principal denuncia fue formulada por la Defensoría del Pueblo en 2024, cuando reunió graves testimonios de lo que ocurría dentro de los centros educativos de la provincia, ubicada en el norte de Perú.
En dicho informe, la entidad señalaba que se habían registrado al menos 500 casos de acoso sexual en los colegios con mayoría awajún y wampi. La denuncia provenía de un clamor colectivo, en una campaña liderada por una persona: Rosemary Pioc, presidenta del Consejo de Mujeres Awajún y Wampis.
«Esas denuncias nos han costado mucho a las mujeres de esta comunidad, quienes somos las que hemos intentado cuidar a nuestras niñas», le explica Pioc a BBC Mundo desde el norte de Perú.
«Pero estamos solas: el sistema judicial peruano simplemente dice que no tiene presupuesto para atendernos. Para escuchar las denuncias y castigar a los responsables», agrega.
Las denuncias hechas por la Defensoría del Pueblo han llevado a que el Poder Judicial peruano convocara, a mediados de este año, al Mesecvi para revisar la situación.
«Lo primero que observé a nivel personal era lo solas que estaban las niñas en esta parte del país. Van al colegio solas. Están en casa solas», explica Maureira.
Y añade: «A nivel institucional lo primero que notamos es que era un problema que iba mucho más allá de los colegios. Era un asunto estructural que afectaba a todas las mujeres, especialmente a las niñas y adolescentes de la comunidad».
Visita y conclusiones
Tanto en el informe de la comisión del Mesecvi como en la defensoría del pueblo de Perú y el Consejo de Mujeres Awajún y Wampis hay varios puntos de coincidencia sobre la problemática del abuso sexual en la región.
El primero se refiere a la ausencia del aparato judicial en la zona para poder procesar los casos y que se establezcan sanciones para los crímenes cometidos.
«Que no se castigue a las personas que abusan de las niñas, que las tocan, hace que la situación se normalice y no se detenga», señala Pioc.
De acuerdo a Pioc, no hay presencia permanente de jueces y, en los casos en que un magistrado llega hasta el territorio que ellos habitan, no hay otros funcionarios que complementen el proceso o conozcan los temas indígenas para aplicar justicia de forma adecuada.
Y pone de ejemplo lo sucedido con los casos más conocidos: los de los colegios. De acuerdo al informe de la Defensoría del Pueblo, la mayoría de los casi 170 profesores acusados de abuso sexual a menores en esta región no han sido procesados; muchos de ellos fueron absueltos y a los restantes, las autoridades locales los trasladaron permitiéndoles evadir la justicia ordinaria.
De acuerdo con las leyes peruanas, los crímenes sexuales y abusos de menores contemplan penas de entre tres y cuatro años de prisión.
«Acá tenemos otro problema, que muchas comunidades se rigen por un sistema local: se apresa el agresor, se le castiga con un calabozo o latigazos y ya. Eso lo estamos intentando cambiar con los líderes», señala Pioc.
«Pero es necesario que el gobierno peruano destine los recursos necesarios para que funcione la justicia», añade.
Aunque BBC Mundo se contactó con representantes del estamento judicial de Perú sin recibir respuesta antes de la publicación de esta nota, lo cierto es que ha sido el propio poder el que ha aceptado que tiene recursos muy limitados para atender las necesidades de la región norte.
A finales del año pasado, cuando se discutió por última vez el tema de presupuesto, el gobierno afirmó ante el Congreso que solo tienen un 19% de lo que realmente necesitan para enfrentar los flagelos criminales en todo país.
«La inversión en justicia no es un gasto, es una garantía de estabilidad y predictibilidad para el país, y que los millones en el presupuesto deben ser atendidos a plenitud para poder cumplir con nuestra misión de impartir justicia», dijo Janet Tello, presidenta de la Corte Suprema de Justicia de Perú, para justificar la solicitud de incrementar el presupuesto ante el Congreso.
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