El Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) señala que cuatro reclusos de 60 años o más fallecieron bajo custodia del Estado entre el 19 y 30 de septiembre.
“En apenas 12 días, entre el 19 y el 30 de septiembre, al menos cuatro personas de 60 años o más murieron bajo custodia, en un contexto en el que más de 60 personas privadas de libertad han fallecido desde abril”, denuncia el OVP en su más reciente informe.
La ONG destaca en particular el caso de Hermes Carrero, de 63 años, quien murió de un infarto en un celda del Internado Judicial del estado Barinas (Injuba), cinco días después de que se realizara en ese recinto una jornada de la Comisión Presidencial para la Consulta Nacional sobre la Reforma de la Justicia Penal.
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“La cercanía entre ambos hechos obliga a preguntarse qué se está verificando realmente durante estas visitas. ¿Se revisó la situación de salud de los presos? ¿Se identificó a las personas de edad avanzada o con enfermedades crónicas? ¿Se revisaron historias médicas? ¿Se preguntó quién necesitaba medicamentos, atención especializada o un traslado hospitalario? ¿Cuál era el estado de salud de Hermes cuando esa comisión estuvo en INJUBA?”, interpela el OVP.
Subrayan que “una verdadera supervisión penitenciaria no consiste en recorrer instalaciones frente a una cámara, tomarse fotografías y luego difundirlas como evidencia del funcionamiento del sistema. Implica entrar a las áreas de reclusión, escuchar a los presos, revisar sus condiciones de vida e identificar a quienes se encuentran en una situación de especial vulnerabilidad”.
Una investigación previa del OVP determinó que unas 7 mil 414 personas están presas en 157 dependencias del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas (CICPC), de las cuales 181 son mayores de 65 años. Acotan que estos ciudadanos están “sometidos incluso a permanencias prolongadas en espacios concebidos para detenciones preventivas y no para funcionar como cárceles”.
“Mantener a una persona de edad avanzada en prisión sin evaluar individualmente su estado de salud, sus necesidades médicas y su situación jurídica puede incrementar los riesgos que enfrenta durante la reclusión”, expone la ONG, tras recordar que la propia legislación venezolana así como la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, “reconoce el derecho de las personas mayores privadas de libertad a recibir un trato acorde con sus necesidades específicas y contempla la promoción de medidas alternativas a la privación de libertad cuando corresponda”.
El OVP enfatiza: “Sin médicos ni medicinas, el drama de los adultos mayores que mueren en el olvido carcelario expone una realidad que no puede seguir normalizándose. Cuando la edad, las enfermedades y la falta de atención médica se encuentran con un sistema penitenciario incapaz de garantizar una respuesta oportuna, la privación de libertad se convierte, en los hechos, en una pena de muerte”.
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