El informe “Trata en la prostitución de mujeres y niñas en la frontera colombo-venezolana”, elaborado por la Corporación Mujer Denuncia y Muévete, documentó 630 casos de trata entre 2018 y 2026, de los cuales 78 % de las mujeres adultas y 99 % de las niñas registradas son de nacionalidad venezolana.
Paula Andrea Jiménez, codirectora de Laboratorio Migrante, explicó en el programa Háblame Bajito de Radio Fe y Alegría Noticias que la migración forzada, la pobreza extrema, la violencia intrafamiliar y el control de grupos armados son algunos de los factores que aumentan la vulnerabilidad de mujeres y niñas frente a las redes de trata.
La periodista informó que la mayoría de las víctimas son jóvenes de entre 16 y 29 años y que el Norte de Santander concentra la mayor cantidad de registros de trata con fines de explotación sexual.
ADVERTISEMENT
Además, advirtió que la problemática afecta a niñas, adolescentes y mujeres en las zonas fronterizas de Táchira y Zulia, así como a víctimas trasladadas desde otras regiones de Venezuela. En el Catatumbo, agregó, existe una presencia importante de connacionales.
Detalló que las estructuras de trata aprovechan situaciones de vulnerabilidad para captar a sus víctimas. En algunos casos, vecinas, amigas y hasta familiares, que ya forman parte de estas redes, son bligadas a captar a otras jóvenes.
Según la investigación, el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y las disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) aparecen entre los principales grupos vinculados.
Explotación detrás de negocios y plataformas digitales
Jiménez señaló que la explotación sexual puede ocultarse detrás de establecimientos que aparentan desarrollar actividades legales, como hoteles, bares, spas y viviendas de alquiler temporal.
A esta modalidad se suma el crecimiento de las plataformas de contenido webcam, que dificultan la detección institucional de situaciones de explotación sexual en entornos digitales.
Igualmente, alertó sobre la existencia de contenidos pornográficos producidos sin consentimiento, incluidas grabaciones de agresiones sexuales, como otra manifestación de violencia vinculada a estas dinámicas.
Según relató, las redes someten a algunas víctimas al consumo de drogas, alcohol y otras sustancias, las amenazan con armas, les quitan sus documentos o las presionan a través de sus propias parejas para que generen ingresos.
“Siempre hay una amiga, una vecina, familia de su propia sangre que ya fue captada”, declaró.
Violencia previa y emergencias humanitarias
La codirectora de Laboratorio Migrante explicó que muchas mujeres que llegan a contextos de prostitución ya habían sufrido violencia en sus hogares.
Precisó que algunas recurren a uniones tempranas como una vía de salida de esos entornos y posteriormente sus parejas pueden convertirse en sus proxenetas. Otras abandonan sus hogares para escapar de la violencia, pero terminan siendo capturadas por redes de explotación.
Sostuvo que las emergencias humanitarias incrementan los factores de riesgo. En ese sentido, mencionó situaciones ocurridas en albergues de zonas afectadas por el terremoto en Colombia, donde organizaciones que colaboraban en el terreno denunciaron que hombres ingresaban para intentar llevarse a mujeres por la fuerza.
Asimismo, resaltó que la explotación puede derivar en consecuencias de largo plazo para las víctimas, entre ellas estrés postraumático y bebés producto de violencia sexual y reproductiva, que llegan al mundo en condiciones muy delicadas.
Sin demanda no existiría el comercio sexual
Jiménez planteó que la trata y la explotación sexual deben analizarse considerando la demanda de este comercio. Describió la situación como un triángulo compuesto por quienes demandan los servicios sexuales, las redes o proxenetas que obtienen beneficios económicos y las mujeres y niñas sometidas a explotación.
“Sin la demanda de ese comercio sexual no existiría la trata y tampoco la explotación sexual de niñas, adolescentes y mujeres”, sentenció.
A su juicio, los Estados y la sociedad civil deben trabajar para reducir la demanda y generar alternativas de vida para las víctimas. “¿Por qué seguimos llamando trabajo sexual a quienes están sometidas?”, objetó.
Finalmente, recalcó que las autoridades deben adoptar medidas para desincentivar la explotación sexual y evitar que las estructuras delictivas aprovechen las condiciones de precariedad.
Deja una respuesta