Los tribunales comienzan a cerrar definitivamente causas políticas, no solo a excarcelar detenidos
Un tribunal con competencia en terrorismo dictó sentencia absolutoria y libertad plena para Rocío San Miguel, directora de Control Ciudadano. San Miguel confirmó directamente la decisión judicial. AP y medios venezolanos la verificaron posteriormente.
La decisión no es una simple excarcelación. San Miguel había salido de prisión en enero, regresó posteriormente a Venezuela y solicitó el cierre de su expediente. Ahora el Tribunal 3.º de Primera Instancia en funciones de juicio con competencia en terrorismo la declaró libre de responsabilidad penal respecto de los cargos formulados en su contra.
La señal adquiere mayor diagnosticidad porque no es un caso aislado. El Comité de DD. HH. de Vente Venezuela confirmó también hoy que Luis Camacaro y Guillermo López, coordinadores regionales del partido de María Corina Machado, fueron absueltos y recibieron libertad plena. Ambos habían sido encarcelados desde enero de 2024 y permanecían posteriormente bajo régimen de presentación; los tribunales ordenaron ahora el cierre absoluto de sus causas.
Por qué esto sí cambia parcialmente la lectura
Hasta ahora, una debilidad fundamental del proceso de liberalización era que muchas “liberaciones” consistían únicamente en excarcelaciones condicionadas: el Estado mantenía abiertos los expedientes, restricciones de movimiento y capacidad de volver a encarcelar al opositor.
La secuencia observada ahora es diferente:
prisión política → excarcelación → regreso/actividad pública → absolución → extinción de la causa.
Esto supone un costo institucional mayor para el aparato represivo.
Además, San Miguel no es una figura cualquiera: su trabajo se concentra precisamente en FANB, seguridad y control civil del sector militar, y fue acusada en 2024 de terrorismo y conspiración vinculada a instalaciones militares. Su absolución por un tribunal que anteriormente sostuvo esa causa tiene más contenido informativo que una medida administrativa de gracia.
Qué todavía NO demuestra
No concluiría que existe independencia judicial ni que el sistema represivo esté siendo desmontado.
Foro Penal mantiene 324 presos políticos en su balance más reciente y continúan existiendo procesos penales contra numerosos dirigentes y activistas. La propia San Miguel subrayó al anunciar su absolución que otros ciudadanos, activistas y presos políticos siguen sometidos a procesos y situaciones de vulnerabilidad.
La hipótesis rival sigue siendo perfectamente plausible: el gobierno puede cerrar selectivamente expedientes emblemáticos para generar credibilidad interna e internacional mientras conserva intacta la capacidad estructural de criminalización.
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