El gobernador de California, el demócrata Gavin Newsom, promulgó este martes un paquete de leyes dirigidas a contrarrestar la agenda de deportaciones del Gobierno del presidente Donald Trump, que, entre otras medidas, prohíbe a las fuerzas del orden utilizar guantes de descarga eléctrica e impone impuestos a los centros de detención de inmigrantes.
EFE
«Trump ha antepuesto sus intereses políticos a la salud, la seguridad y el sustento de las familias estadounidenses. California está tomando medidas para fortalecer la transparencia, la rendición de cuentas y la supervisión de las acciones de control migratorio en nuestro estado», dijo el gobernador a través de un comunicado.
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Los proyectos de ley firmados hoy establecen estándares más estrictos para las prácticas policiales, e incluye una prohibición de guantes de electrochoque, estableciendo límites al uso de estos dispositivos por parte de las fuerzas del orden.
El mes pasado el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) anunció un contrato de 20 millones de dólares para adquirir los guantes CTG-5, destinados para los agentes del El Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE)
Los guantes tienen electrodos conductores en la palma que al activarse y tocar directamente la piel de una persona, no funcionan a través de la ropa, emiten pulsos eléctricos para causar dolor.
California también estaría imponiendo restricciones al uso de granadas aturdidoras y cargas explosivas, incluso en actividades de aplicación de la ley de inmigración.
Además, prohíbe que los agentes del ICE que hayan cometido faltas graves en el ejercicio de sus funciones se conviertan en agentes del orden o empleados públicos en California.
Newsom también firmó medidas para fortalecer la supervisión y la rendición de cuentas en los centros de detención de ICE, entre las que se cuenta un nuevo impuesto del 25 % sobre estas cárceles privadas y cierra una laguna legal que permitía a algunas de estas instalaciones acogerse a la exención fiscal.
Otro proyecto de ley otorga a los californianos el derecho a demandar a funcionarios gubernamentales —incluidos los agentes federales de inmigración— si consideran que se han vulnerado sus derechos constitucionales.
El DHS criticó duramente las nuevas leyes, afirmando que «ningún impuesto impedirá que el ICE deporte a inmigrantes indocumentados con antecedentes penales para hacer de California un lugar más seguro», dijo un portavoz del DHS citado por Político.
Es probable que la Administración Trump demande ante los tribunales la legislación.
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