Flor Pérez, madre de Wilber Rafael Garces Pérez, un venezolano de 28 años que resultó herido por un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Austin, Texas, pidió que su hijo reciba atención hospitalaria mientras permanece detenido.
Pérez, de 51 años y residente en Barquisimeto, relató a Reuters que habló con su hijo por videollamada minutos después del incidente. Según contó, Garces Pérez le dijo: “Se estrellaron contra mi coche y me dispararon”.
Durante la llamada, la mujer aseguró que observó cómo un agente sacaba a su hijo del vehículo sujetándolo por un brazo. Cuatro días después del hecho, Garces Pérez continúa bajo custodia y, según su madre, tiene una bala alojada en la espalda. Pérez afirmó que desde entonces no ha podido volver a comunicarse con él.
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Versiones diferentes sobre el tiroteo
Garces Pérez sostiene que trabajaba como repartidor de comida cuando agentes de ICE chocaron contra su automóvil. Según su relato, los funcionarios no se identificaron ni utilizaron las luces de emergencia hasta después de la colisión.
La secuencia completa del incidente aún no ha sido esclarecida públicamente.
ICE no ha presentado hasta ahora una explicación pública detallada sobre el disparo. El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) describió el procedimiento como una “detención vehicular selectiva” y afirmó que resistirse a los agentes o intentar evadir un arresto puede representar un riesgo.
Los videos difundidos hasta el momento no muestran el momento exacto en que se produjo el disparo.
Reuters informó, citando a una fuente conocedora del caso, que el agente que efectuó el disparo no llevaba cámara corporal. Su identidad no ha sido divulgada. Según la misma información, el funcionario fue contratado por ICE el año pasado y anteriormente trabajó para la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP).
El incidente ocurre después de que, tras dos tiroteos mortales durante controles de tráfico registrados en julio, se anunciara que los agentes de ICE deberían utilizar cámaras corporales.
La familia pide atención médica
Pérez aseguró que su hijo presenta un “dolor intenso” y manifestó su preocupación por la permanencia de la bala en su espalda.
El congresista demócrata Greg Casar, quien visitó a Garces Pérez en un centro de detención de ICE, afirmó que la herida continúa siendo cubierta con una gasa que se llena de sangre y debe ser cambiada entre dos y tres veces al día.
Por su parte, el DHS sostiene que el detenido recibe atención médica las 24 horas.
Un video difundido por la policía de Austin muestra a Garces Pérez dentro de su automóvil junto a dos agentes de ICE. En las imágenes, el venezolano señala que siente dolor en el hombro. Posteriormente, los agentes lo sacan del vehículo y lo esposan. Un policía corta parte de su camisa y deja visible una herida de bala en la zona superior de la espalda.
Su situación migratoria
Garces Pérez ingresó a Estados Unidos desde México en diciembre de 2023 mediante CBP One, una aplicación utilizada durante la administración de Joe Biden para gestionar citas de ingreso al país.
De acuerdo con el DHS, su autorización de trabajo expiró en 2025 y actualmente está sujeto a un proceso de deportación.
El venezolano buscaba obtener ingresos para mantener a su hijo de siete años, quien nació con parálisis cerebral y requiere un tratamiento de alto costo en Venezuela.
La familia todavía no le ha explicado al menor lo ocurrido. “Vamos a tener que explicárselo al niño poco a poco”, dijo Pérez, quien relató que su nieto pregunta diariamente por su padre.
Los abogados de Garces Pérez han solicitado su liberación para que pueda colaborar con la investigación sobre el tiroteo y avanzar en la resolución de su situación migratoria.
Su primera audiencia ante un juez federal de inmigración en Texas está prevista para el próximo miércoles.
Reuters señaló además que, desde el regreso de Donald Trump a la presidencia, al menos 20 personas han resultado heridas por disparos efectuados por agentes federales de inmigración, siete de ellas de manera mortal. Estos incidentes han provocado protestas y cuestionamientos sobre las actuaciones de los agentes, en un contexto de aplicación de políticas migratorias más estrictas.
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