Los máximos directivos del Grupo Editorial Matul, casa editora de los diarios La Voz y La Región, acudieron ante la representación de la Asamblea Nacional de 2015 para exigir la inclusión formal de su caso en las negociaciones de garantías políticas y civiles, que se discuten en la Mesa Nacional de Diálogo.
La comisión de la empresa estuvo encabeza por su fundador y editor, José Materán, junto a los directivos Emilio Materán y Tonny Materán, quienes hicieron entrega del expediente al diputado Ramón López, quien estuvo acompañado por el también diputado AN 2015, Ismael León.
El informe detalla el patrón de asfixia administrativa y jurídica aplicado contra el grupo desde el mes de octubre de 2024, cuando funcionarios del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (Seniat) ejecutaron un operativo relámpago que culminó con el sello y clausura de todas sus sedes operativas.
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La encrucijada tributaria: una trampa procesal
De acuerdo con la documentación presentada, el organismo tributario exigió la presentación de tres años de declaraciones de Impuesto Sobre la Renta (ISLR) e Impuesto al Valor Agregado (IVA) con sus respectivos soportes físicos. Sin embargo, al clausurar e inmovilizar las sedes con los archivos contables adentro, la propia autoridad fiscal privó al periódico de la capacidad material para demostrar su solvencia tributaria. De manera simultánea, el ente tributario acordó un paquete de medidas cautelares desproporcionadas contra la persona jurídica Grupo Editorial Matul 1999 C.A. y contra sus accionistas a título personal. Entre ellas se pueden mencionar: Prohibición de enajenar y gravar bienes muebles e inmuebles, embargo preventivo de bienes, bloqueo e inmovilización total de cuentas bancarias y tarjetas de crédito/débito, prohibición de salida del país y prohibición de zarpe.
A la fecha, el embargo operativo se mantiene intacto, las cuentas bancarias continúan bloqueadas y la directiva no ha podido ingresar a sus instalaciones para recabar la prueba documental de su cumplimiento fiscal.
Detrás del cierre de La Voz y La Región hay un impacto directo sobre el tejido social y la vida de sus trabajadores. Según el balance presentado por la directiva, la medida dejó en la calle a más de 50 trabajadores directos que perdieron de forma intempestiva su empleo y beneficios laborales, además de impactar negativamente a más de 300 familias de pregoneros y quiosqueros que dependían de la distribución del impreso.
El informe además consigna un hecho trágico, la muerte del prensista Fernando López, de 70 años de edad, quien falleció a causa de un infarto fulminante. Familiares y compañeros asociaron el deceso al cuadro severo de estrés generado por la pérdida abrupta de su fuente de ingresos y la imposibilidad de reinsertarse en el mercado laboral a su edad.
Petitorio constitucional
Frente a la delegación parlamentaria, la representación del Grupo Editorial Matul formalizó varias solicitudes concretas para restablecer el derecho a la defensa previsto en el artículo 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela: Incorporación del caso Diario La Voz y La Región, como punto expreso de la agenda de la mesa de libertades y garantías políticas, civiles y de libertad de expresión, el levantamiento de la clausura de las sedes del periódico, acceso inmediato de la empresa a sus archivos para recabar los soportes tributarios que el Seniat le exige, así como el levantamiento de las medidas cautelares que pesan sobre el Grupo Editorial Matul 1999 C.A. y sobre sus accionistas a título personal, incluidas la prohibición de salida del país y el bloqueo de cuentas bancarias y finalmente la reposición de la causa al estado que permita a la empresa ejercer su derecho a la defensa y promover las pruebas de su cumplimiento tributario.
El caso de La voz y La Región cae dentro de los cientos expuestos por el Colegio Nacional de Periodistas, así como por el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa, entes que documentaron más de 300 medios cerrados en Venezuela entre 2004 y 2023.
Nota de prensa
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