El gobierno del presidente Donald Trump amplió las operaciones que empresas estadounidenses pueden realizar con la petrolera estatal venezolana PDVSA, pero mantuvo el control de buena parte del dinero que generan esas transacciones.
La nueva Licencia General 52C, expedida por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (Ofac) del Departamento del Tesoro, autoriza una amplia gama de negocios con PDVSA y con las empresas en las que la petrolera venezolana tenga, directa o indirectamente, una participación de al menos el 50 por ciento.
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La apertura incluye operaciones relacionadas con la compra, venta, transporte y comercialización de petróleo venezolano, el suministro de bienes y tecnología y nuevos contratos de inversión para actividades de exploración y producción.
Washington, sin embargo, mantuvo una estrecha supervisión de esas operaciones y, especialmente, del movimiento de los recursos que generan.
De acuerdo con la licencia, los pagos monetarios destinados a personas bloqueadas por las sanciones estadounidenses deberán depositarse en los llamados Foreign Government Deposit Funds o en otras cuentas que determine el Departamento del Tesoro. La norma establece algunas excepciones, entre ellas el pago de impuestos locales, permisos y tasas.
El mecanismo le otorga a Washington un papel central en la gestión de esos recursos. Quienes deban realizar depósitos en los fondos especiales deben entregar previamente información sobre las empresas y personas involucradas, el contrato que origina el pago, el monto, la moneda, la fecha de la operación y las facturas correspondientes.
Una vez recibida esa información, el gobierno estadounidense proporciona los datos de la cuenta en la que debe realizarse el depósito.
En otras palabras, EE. UU. está ampliando las posibilidades de hacer negocios con PDVSA sin permitir que todos los ingresos destinados a personas sancionadas queden automáticamente a su libre disposición. Y, precisamente, el manejo de ese dinero se ha convertido en uno de los aspectos más controvertidos del nuevo esquema petrolero.
El representante demócrata Joaquín Castro intentó obligar a la administración Trump a entregar documentos relacionados con sus acuerdos petroleros en Venezuela. El legislador sostiene que, nueve meses después del inicio de la nueva política, el Congreso todavía no cuenta con suficiente información sobre el origen y el destino de miles de millones de dólares que se han movido a través del sistema.
Castro, principal demócrata del Subcomité del Hemisferio Occidental de la Cámara de Representantes, presentó una moción para citar a agencias federales y compañías privadas y obtener documentos relacionados con el acuerdo alcanzado con North American Blue Energy Partners, NABEP.
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