Familiares de víctimas de la guerra contra las drogas del expresidente de Filipinas, Rodrigo Duterte, exigieron este jueves «un juicio justo», después de que el exmandatario compareciera la víspera en público por primera vez desde su arresto hace 18 meses ante la Corte Penal Internacional (CPI).
«Nos alegra que existan abundantes pruebas incriminatorias, y agradecemos que la jueza quiera ser clara y eficiente», dijo a EFE Rebecca Lawson, representante de Rise Up for Life and for Rights, asociación de familiares de víctimas de la campaña antinarcóticos.
Lawson afirmó que los familiares siguieron la vista con atención la víspera y aplauden que se haya elaborado un expediente contra el exmandatario, de 81 años e imputado por tres crímenes de lesa humanidad, con más de 62.000 documentos.
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La primera imagen del expresidente filipino, quien apareció vestido de camisa blanca y chaqueta oscura junto a su equipo de abogados, llegó durante una audiencia sobre el estado del proceso que llevará el próximo 30 de noviembre al inicio formal del juicio contra Duterte en La Haya, donde fue trasladado hace año y medio tras su arresto.
Para las familias que siguen las vistas desde Filipinas era la primera vez que podían ver físicamente al expresidente ante sus jueces, tras meses en los que solo había participado por videoconferencia.
«Todos pudimos ver, al igual que el resto de la humanidad, que Duterte se encuentra en buen estado bajo la custodia de la CPI. Su aspecto sugiere que el encarcelamiento le sienta bien», ironizó Donna Miranda, hermana de Emilian Gray, otra víctima de la guerra contra las drogas en un comunicado publicado por la red de activistas Duterte Panagutin.
La supuesta mala salud de Duterte para afrontar el proceso se ha convertido en una de las principales estrategias de la defensa para frenar el caso y lograr la liberación del exmandatario filipino, que el miércoles no pronunció palabra durante la sesión.
En un escrito presentado por su defensa el domingo se alegó que el expresidente sufría un «importante deterioro cognitivo» que le impide retener información y recordar, un argumento que las organizaciones de víctimas interpretan como una maniobra para dilatar el proceso.
«Está más que claro que Duterte está en condiciones de ser juzgado. Esta es una buena noticia para las víctimas de Duterte y para nuestra lucha constante por la justicia», afirmó Miranda.
A la espera de que se celebre el juicio, las familias de las victimas piden «un juicio justo, que termine en la condena de Duterte», concluyó la representante de Rise Up.
La CPI ordenó la detención del exmandatario filipino en marzo del año pasado tras su presunto papel en la guerra contra las drogas, que durante su mandato (2016-2022) dejó 6.000 muertos según la Policía filipina y unos 30.000 según varias oenegés.
Duterte está acusado ahora de asesinato y tentativa de asesinato como crímenes de lesa humanidad, presuntamente cometidos entre noviembre de 2011 y marzo de 2019, tanto durante su etapa como alcalde de Davao como durante su posterior presidencia de Filipinas.
EFE
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